La Libertad Avanza presiona al gobierno de Kicillof por la crisis de seguridad

El bloque de senadores bonaerenses de La Libertad Avanza (LLA) presentó un pedido de informes ante el Poder Ejecutivo para conocer en detalle el funcionamiento y los resultados de la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia. La iniciativa apunta a esclarecer la transparencia y efectividad del organismo encargado de supervisar la conducta de la Policía Bonaerense.

El reclamo de información llega en un contexto de creciente preocupación social por el avance del delito, especialmente tras el brutal asesinato de Kim Gómez, la niña de siete años que fue arrastrada y asesinada en La Plata por delincuentes con antecedentes penales. Este crimen desató fuertes críticas contra la gestión de Axel Kicillof, evidenciando la falta de respuestas concretas en materia de seguridad.

Pedido de informes: ¿qué exige conocer LLA?

Desde el bloque de senadores libertario, liderado por Carlos Curestis, denunciaron que la falta de acceso a datos públicos sobre las investigaciones sumariales administrativas (ISA) y auditorías de Asuntos Internos genera un manto de opacidad sobre el control de la fuerza policial.

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Entre los puntos clave del pedido, los legisladores solicitaron:

• Datos sobre la cantidad de investigaciones sumariales iniciadas entre 2020 y 2024, detallando tipos de faltas disciplinarias y sus resoluciones.
• Información sobre agentes desafectados del servicio y auditorías preventivas realizadas.
• Registros de denuncias por violencia de género dentro de la fuerza policial y casos de corrupción patrimonial.
• Cantidad de denuncias recibidas en la Central de Atención Telefónica de Emergencias (CATE) y el 911 relacionadas con connivencia policial en la venta de estupefacientes y su resolución.

Además, la solicitud abarca información sobre el escalafón de los efectivos investigados, si recibieron asistencia letrada privada o de la Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad, y si existe un plan de gestión específico para prevenir hechos de corrupción y abusos dentro de la Policía Bonaerense.

“Es fundamental conocer si hay una estrategia real para combatir la corrupción dentro de la fuerza, o si simplemente se deja correr el problema”, expresaron desde La Libertad Avanza.

El sistema de menores bajo la lupa

Paralelamente, la senadora de LLA Betina Riva presentó otro pedido de informes, esta vez sobre la situación de los institutos de menores en la provincia. La iniciativa apunta a conocer la capacidad real de los centros de detención juvenil y los planes de ampliación ante el incremento de menores involucrados en delitos graves.

“Es necesario terminar con la excusa de algunos funcionarios judiciales de que no pueden encerrar menores delincuentes violentos porque ‘no hay dónde’”, afirmó Riva en sus redes sociales al difundir el proyecto.

El pedido exige información sobre:

• La cantidad total de institutos de menores en Buenos Aires, su capacidad y ocupación actual.
• Planes, si los hay, para aumentar la cantidad de plazas en estos centros.
• La cantidad de personal especializado en el tratamiento de menores infractores.
• Tipos de tratamientos y terapias aplicadas para evitar la reincidencia.
• Seguimiento de familias de menores liberados por inimputabilidad.
• Asistencia a víctimas de delitos cometidos por menores.

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Desde LLA sostienen que el crimen de Kim Gómez volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre la inimputabilidad y la efectividad del sistema de responsabilidad penal juvenil. “No podemos seguir mirando para otro lado mientras el delito se multiplica y las víctimas quedan sin respuestas”, afirmaron.

Seguridad y transparencia: un reclamo creciente

Los pedidos de informes impulsados por los legisladores de LLA reflejan el creciente descontento social ante la crisis de inseguridad en la provincia. La falta de datos claros sobre el accionar de Asuntos Internos y la gestión de menores infractores refuerza las críticas hacia la administración de Kicillof.

Con la presión de la oposición y el reclamo constante de los bonaerenses, la gestión provincial deberá responder si realmente tiene un plan para combatir la inseguridad o si la situación continuará agravándose sin control.