Investigan al Servicio Penitenciario Bonaerense por presuntas irregularidades

La Justicia de La Plata avanza en la investigación sobre funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) tras la denuncia presentada por el juez de Garantías Guillermo Atencio. El magistrado ordenó analizar posibles incumplimientos y desobediencia en la Dirección de Monitoreo del organismo, encargada de gestionar los arrestos domiciliarios con tobilleras electrónicas.

La pesquisa quedó a cargo del fiscal Martín Almirón, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 8, quien también investiga denuncias previas realizadas por otro juez de Garantías y jueces de Ejecución Penal. La intervención del fiscal busca determinar si los funcionarios incumplieron sus deberes y obstruyeron procedimientos judiciales. El foco de la investigación está puesto en la falta de informes técnicos y de respuestas sobre la disponibilidad de tobilleras electrónicas, lo que generó demoras en la implementación de arrestos domiciliarios.

En particular, el caso que desató la denuncia está vinculado a Miguel Ángel Lucich, acusado de narcotráfico. Su defensa, a cargo del letrado Axel Hurtado, había presentado un hábeas corpus argumentando que la demora en la instalación de la tobillera le generaba un "agravamiento de sus condiciones de detención".

El juez Atencio constató que la Dirección de Monitoreo no cumplió con la realización del informe técnico del domicilio de Lucich ni informó si existía disponibilidad de tobilleras electrónicas. A pesar del rechazo del hábeas corpus, el magistrado ordenó que el SPB completara el informe en un plazo de 48 horas y dio intervención a la Justicia para investigar el accionar de los funcionarios responsables.

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Una realidad que se repite en el SPB

El magistrado también resaltó que las demoras no son un caso aislado, sino parte de un problema estructural en la gestión del SPB. Según la resolución judicial, desde el 13 de febrero la Dirección de Monitoreo había sido requerida para realizar el informe del domicilio de Lucich, sin respuestas concretas.

El 14 de marzo, el juzgado intimó nuevamente a esa repartición a informar sobre la disponibilidad de tobilleras, pero la respuesta fue que el oficio sería derivado a otra área. En contraste, el juez Atencio mencionó otros expedientes en los que el SPB respondió con mayor celeridad. Uno de los ejemplos citados fue la causa de Julio Rigau, en la que el arresto domiciliario se dispuso en apenas 24 horas.

La gravedad de los incumplimientos detectados llevó al juez Atencio a remitir lo actuado a la Mesa General de Entradas para que se investigue la posible comisión de delitos de desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público, tipificados en los artículos 239 y 248 del Código Penal. Además, se libró un oficio al Jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense exigiendo que en 48 horas se lleve a cabo el relevamiento técnico del domicilio donde Lucich cumpliría su detención domiciliaria.

La asignación del fiscal Almirón al caso marca un avance clave en la investigación y pone bajo la lupa el accionar de la Dirección de Monitoreo del SPB. La falta de respuestas y el manejo discrecional de los tiempos en la implementación de arrestos domiciliarios podría derivar en sanciones y reestructuraciones dentro del organismo penitenciario.