Frigerio y Torres firmaron el “plan colchón” y se suman al blanqueo impulsado por Caputo

Frigerio y Torres firmaron el “plan colchón” en Casa Rosada. El Gobierno busca blanquear dólares y sumar apoyos para la reforma fiscal. Todos los detalles.
Política03 de junio de 2025Juan Manuel VillarrealJuan Manuel Villarreal
Caputo-Francos-Frigerio-Torres
Frigerio y Torres se suman al plan para blanquear dólares

Con el objetivo de ensanchar el caudal de dólares en circulación y darle respaldo político a la reforma de la Ley Penal Tributaria y la Ley de Procedimiento Fiscal, el Gobierno nacional recibió este lunes a los gobernadores de Entre Ríos y Chubut. Rogelio Frigerio e Ignacio Torres estamparon su firma en el convenio de adhesión al nuevo Régimen Simplificado de Ganancias, también conocido como el “plan colchón”.

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El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue el encargado de liderar las reuniones en Casa Rosada junto al ministro de Economía, Luis Caputo, el titular de ARCA, Juan Pazo, y el vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán. Desde Nación destacan que esta herramienta busca que los ciudadanos puedan blanquear sus ahorros sin enfrentar nuevos controles ni cargas administrativas excesivas.

Qué propone el régimen impulsado por Caputo

El nuevo sistema se encuadra dentro del llamado “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”, y se orienta a personas físicas y sucesiones indivisas con residencia fiscal en el país. El foco estará puesto en la facturación y ya no en los consumos o el incremento patrimonial, según aclararon fuentes oficiales.

La promesa del Gobierno es no imponer nuevos regímenes de información que perjudiquen la privacidad, y al mismo tiempo facilitar el proceso de formalización con menos burocracia. “Queremos devolverle a los ciudadanos la libertad de usar su dinero como lo deseen”, señalaron desde ARCA.

Edificio AFIP

Provincias a favor y en contra

Frigerio y Torres se suman a la lista de gobernadores que ya firmaron el acuerdo, como Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), quienes manifestaron un respaldo total a la administración de Javier Milei. En el oficialismo dan por hecho que estos mandatarios también acompañarán en el Congreso la aprobación de la reforma penal tributaria.

Sin embargo, no todos están convencidos. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, expresó su preocupación por los posibles beneficios colaterales para el narcotráfico. También rechazaron la propuesta gobernadores peronistas como Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Desde el Ejecutivo bonaerense argumentaron que el plan, tal como está planteado, “no brinda seguridad jurídica” y pidieron garantías concretas mediante una ley que modifique los regímenes penal tributario, penal cambiario y de procedimiento tributario. “No vamos a perseguir a nadie que tenga dólares bajo el colchón, pero exigimos certezas jurídicas”, dijeron desde calle 6.

CABA también espera precisiones

Una postura similar adoptó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien no rechazaron la iniciativa, desde Uspallata aclararon que necesitan debatirla en la Legislatura porteña. El ministro de Economía local, Gustavo Arengo, y el titular de AGIP, Germán Krivocapich, participaron de una reunión técnica con ARCA, donde solicitaron más detalles antes de avanzar.

Lo que viene: más firmas y pulseada en el Congreso

Este martes continuarán las reuniones en Casa Rosada con más gobernadores. Alberto Weretilneck (Río Negro), Marcelo Orrego (San Juan) y Carlos Sadir (Jujuy) serán recibidos por Francos tras el habitual encuentro de gabinete.

Antes de acudir al Ejecutivo, los mandatarios participarán de una cumbre en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) bajo el título “Nuevas fuentes de financiamiento para el desarrollo de una infraestructura federal”, en medio de las tensiones por la paralización de la obra pública nacional.

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Mientras tanto, el Gobierno sigue ajustando el proyecto de ley que presentará en el Congreso para formalizar el nuevo régimen. La iniciativa contempla elevar de $1,5 millones a $100 millones el umbral para considerar evasión como delito, y reducir de cinco a tres años el plazo de prescripción penal para infracciones tributarias. El “plan colchón” avanza, pero no sin resistencias.

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