Diputada busca blindar los juicios orales con un cuarto juez
Mariana Portilla


La diputada de la Coalición Cívica, Romina Braga, presentó en la Cámara de Diputados bonaerense un proyecto que apunta a incorporar un cuarto juez suplente en tribunales colegiados que aborden causas de alta complejidad o fuerte impacto social.
El texto legislativo propone modificar tres normas clave: la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 5827), la Ley 13.837 y el Código Procesal Penal (Ley 11.922). El objetivo central es que, en ciertos casos, un juez suplente forme parte del tribunal desde el inicio del juicio.
Este magistrado no dictará sentencia a menos que deba reemplazar a uno de los jueces titulares por recusación, excusación o inhabilitación. Sin embargo, sí asistirá a todas las audiencias y participará de las deliberaciones, lo que le permitiría estar en condiciones de intervenir de inmediato si fuera necesario.
Casos como el de Maradona, en la mira
“Esto, en casos como el juicio de Diego Armando Maradona, sería muy útil para evitar la nulidad de los mismos frente a la falta de un cuarto juez”, señaló Braga. La mención no es menor: procesos judiciales con fuerte resonancia pública y gran complejidad técnica pueden verse paralizados o directamente invalidados si uno de los jueces debe apartarse.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires tendría la responsabilidad de designar al juez suplente al inicio del juicio, previa solicitud del tribunal interviniente. El cuarto magistrado actuaría como “reserva técnica”, sin alterar la legalidad del proceso ni vulnerar los derechos de las partes involucradas. El proyecto, explicó Braga, refuerza la legitimidad institucional de los fallos y apunta a mejorar la eficiencia del sistema judicial.
Romina Braga, diputada de la Coalición Cívica.
Qué busca la iniciativa
Braga dejó en claro que su propuesta busca “dotar al sistema judicial de herramientas concretas para fortalecer su eficiencia, previsibilidad y legitimidad institucional”.
El planteo se inscribe en un contexto en el que la sociedad demanda respuestas rápidas, claras y firmes de la Justicia, sobre todo en casos que generan gran repercusión. Evitar la nulidad de un juicio oral por causas técnicas es, en ese sentido, un paso hacia una Justicia más sólida y menos vulnerable.

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