Tras el escándalo del Criptogate, proponen reformar la Oficina Anticorrupción

El senador radical por Tierra del Fuego, Pablo Blanco, presentó un proyecto para convertir a la Oficina Anticorrupción (OA) en "un organismo verdaderamente independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera". La iniciativa surge pocos días después de que la OA eximiera a Javier Milei en el escándalo vinculado a la criptomoneda $LIBRA.

El proyecto presentado por el legislador modifica por completo el esquema actual. Propone que el titular del organismo ya no sea un cargo a dedo del Presidente, sino una figura con rango ministerial que acceda por concurso público, y cuyo mandato dure cinco años. Además, enfatiza que quien ocupe ese rol “gozará de independencia técnica” y no podrá recibir instrucciones del jefe de Estado ni de ninguna autoridad del Ejecutivo.

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La nueva OA tendría competencia sobre toda la Administración Pública Nacional (centralizada y descentralizada), así como sobre empresas, sociedades y entes públicos o privados que manejen recursos estatales.

“Muchas acciones de la OA han sido limitadas o dejadas de lado por no tener independencia real”, cuestionó Blanco en los fundamentos del proyecto. Y fue más allá: “El hecho de que todo dependa de un simple decreto muestra la vulnerabilidad del organismo frente a quienes debe investigar”.

Pablo Blanco, senador de la UCR.

La polémica por el Criptogate y el rol de Milei

El planteo del senador radical se da apenas días después de que la OA, actualmente bajo la órbita del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, resolviera que el presidente Milei no incurrió en ninguna falta ética por haber difundido el proyecto de memecoin “Viva la Libertad Proyect” desde su cuenta personal en la red social X (@JMilei) el pasado 14 de febrero.

La resolución, firmada el 5 de junio, sostiene que Milei actuó como “ciudadano” y no como mandatario, y que se trató de una simple “difusión” y no una “promoción” oficial. Una lectura que generó un fuerte revuelo dentro y fuera del Congreso, y que para muchos expuso la falta de dientes de la actual OA.

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Además de la creación de una nueva OA, el proyecto de Blanco también plantea modificar la Ley 25.188 de Ética Pública. En concreto, busca establecer que los funcionarios públicos se abstengan de usar sus redes sociales personales para avalar, difundir o promocionar productos, servicios o empresas mientras estén en funciones.

El objetivo es evitar confusiones sobre qué constituye una expresión personal y qué puede ser entendido como un acto oficial. “Se debe presumir que toda manifestación hecha en ejercicio de la función pública forma parte de la acción del Estado”, subraya la iniciativa.