Comisión $Libra: reactivación sin autoridades y fuertes cruces en Diputados

Sin alcanzar un acuerdo para designar autoridades, la Cámara de Diputados reactivó la comisión investigadora del caso $Libra, que busca indagar la conducta del presidente Javier Milei y otros funcionarios en torno a la difusión de la criptomoneda. La jornada, sin embargo, estuvo atravesada por notorias ausencias de los principales implicados y una fuerte tensión política.

Coordinación informal y presión opositora

La reunión comenzó pasadas las 16 horas y fue la tercera desde la creación del organismo, el 8 de abril, cuando la Cámara Baja aprobó su conformación. En esta oportunidad, la comisión volvió a reunirse pese a no haber logrado aún la designación formal de sus autoridades, una traba que impone el oficialismo. Frente a esta situación, la coordinación recayó de manera informal en el secretario parlamentario, Adrián Pagán.

La reactivación se dio tras la presión de bloques opositores, que vienen exigiendo explicaciones por el escándalo en torno a la criptomoneda $Libra, impulsada desde sectores vinculados al oficialismo. Entre los involucrados, aparecen empresarios, funcionarios, abogados, periodistas y los propios Javier y Karina Milei.

Expositores ausentes y cuestionamientos de la oposición

Como se preveía, los hermanos Milei no asistieron al encuentro. Ante esto, la diputada Sabrina Selva (Unión por la Patria) solicitó que se informe de manera oficial quiénes, en caso de ser citados, se niegan a testimoniar.

El Congreso había citado a los organizadores del Tech Forum, Mauricio Novelli y Manuel Torres Godoy, quienes tampoco se presentaron. Además, estaban convocados los periodistas Irina Hauser y Alejandro Bercovich, junto a otros especialistas.

Asueto eliminado: tensión entre el Gobierno y ATE

La jornada estuvo marcada por las críticas. La Coalición Cívica decidió retirarse de la reunión ante la falta de designación formal de autoridades y expresó su descontento por la falta de citaciones con apercibimiento. “Desde la Coalición Cívica propusimos citar a declarar a algunos de los principales responsables del lanzamiento de la criptomoneda: Mauricio Novelli, Sergio Morales y Manuel Terrones Godoy. Ninguno de ellos asistió”, expresó el diputado Maximiliano Ferraro en redes sociales.

En la misma línea, advirtió: “Pese a eso, se ‘acordó’ continuar la reunión como si se tratara de una comisión ordinaria, escuchando a periodistas y especialistas, vaciando de contenido y desnaturalizando la función investigadora con la que fue creada".

Una comisión con plazo y atribuciones claves

La comisión está compuesta por 28 diputados de distintos bloques, con la misión de reunir documentación, solicitar informes, tomar declaraciones y redactar un dictamen. Según el reglamento, tiene un plazo de 90 días para llevar adelante la investigación, y 30 días más para presentar su informe final. Si no se cumplen esos tiempos, la comisión quedaría disuelta.

Fuentes opositoras sostienen que el objetivo del oficialismo es impedir el funcionamiento de la comisión. “Hubo ofrecimientos muy razonables para resolver el funcionamiento y se niegan, porque el objetivo es impedir que la comisión funcione”, expresó el diputado Fernando Carbajal, anticipando la estrategia del bloque oficialista.

Carbajal también adelantó la posibilidad de avanzar con un juicio político: “Frente a esto nosotros vamos a promover e impulsar el juicio político porque evidentemente es el único ámbito constitucional donde vamos a poder lograr el objetivo de investigar y que los corruptos no queden impunes, que es lo que quieren el bloque oficialista y sus aliados”.

El conflicto interno en La Libertad Avanza

El estancamiento en la comisión también se explica por una interna dentro de La Libertad Avanza. En abril, el diputado Oscar Zago (MID) propuso a Marcela Pagano como presidenta del organismo. Sin embargo, la conducción de la Cámara, encabezada por Martín Menem, no la reconoció, lo que derivó en un limbo reglamentario que aún no se resolvió.

El conflicto se agrava por la ruptura entre Menem y Pagano, quien también preside la Comisión de Juicio Político. La falta de diálogo formal impide avanzar con la institucionalización del cuerpo.

Unión por la Patria, por su parte, mantiene desde febrero un pedido en la Comisión de Juicio Político que podría ser utilizado como base para impulsar las investigaciones. El próximo 2 de julio, durante una sesión prevista, se votaría un emplazamiento a la comisión, siempre y cuando se logre sumar el respaldo del bloque Encuentro Federal.