Fallo por YPF: pulseada en EE.UU. y ofensiva en el Congreso

El Gobierno argentino activó esta semana su estrategia para impedir que la Justicia de Estados Unidos lo obligue a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Capital, tras la sentencia de la jueza Loretta Preska por la expropiación de la petrolera en 2012. Al pedido de suspensión del fallo en Nueva York, que el Ejecutivo calificó de “jurídicamente inaplicable”, se suma una reacción legislativa para blindar la propiedad estatal de la compañía.

Suspensión pedida y apelación en marcha

El lunes pasado, Preska ordenó al Estado argentino transferir sus acciones clase D —el 51% del paquete de YPF— a una cuenta en el Bank of New York Mellon, en un plazo de 14 días. La medida forma parte de una indemnización por más de US$ 16.100 millones, tras considerar que el país violó los derechos de los accionistas al estatizar sin respetar el estatuto de la compañía.

En respuesta, el vocero presidencial Manuel Ardoni informó que el Gobierno solicitó suspender el fallo y ya trabaja en la apelación. Argumentó que “las acciones no están en poder del Estado ni son legalmente transferibles” y que cualquier cesión requiere la aprobación del Congreso por mayoría agravada, como exige el artículo 10 de la Ley 26.741.

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Dos frentes judiciales abiertos

El conflicto se libra por dos caminos:

• Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York: tanto la Argentina como los fondos demandantes apelaron la sentencia. Mientras Burford y Eton quieren que YPF sea declarada culpable, el Estado exige que se revise el fallo original.
• Medida cautelar ante Preska: el Gobierno pidió frenar la ejecución inmediata, alegando un posible “daño irreparable”. La jueza podría exigir una garantía de pago si decide conceder la suspensión.

Nuevos fondos quieren su parte del paquete

Cinco fondos con fallos previos por deuda en default —Attestor, Trinity, Bybrook, White Hawthorne y Bison Bee— solicitaron a Preska sumarse a la ejecución del fallo. Alegan que sus sentencias son anteriores a las del caso YPF, y que por eso merecen prioridad de cobro. Pidieron aplicar la figura “me too” para acceder a las mismas condiciones que Petersen/Eton y Bainbridge.

Ofensiva parlamentaria por la soberanía

En paralelo, los principales bloques opositores presentaron proyectos para frenar cualquier entrega unilateral de acciones. En el Senado, Maximiliano Abad y Pablo Blanco (UCR) advirtieron que cumplir con la orden judicial “constituiría un grave avasallamiento a la soberanía nacional”.

Maximiliano Abad, senador nacional (UCR)

En Diputados, Miguel Ángel Pichetto y Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), junto a Lisandro Nieri (UCR), plantearon que toda transferencia de acciones debe contar con el voto de dos tercios de ambas cámaras, y que cualquier cesión sin ese aval será “nula de nulidad absoluta”.

Las iniciativas cuentan con el respaldo de Unión por la Patria y legisladores provinciales. El PRO y La Libertad Avanza no definieron aún postura, aunque el diputado libertario Santiago Pauli agitó la polémica al afirmar que “la estatización de YPF fue un robo del kirchnerismo”.

Voces claves del conflicto

El senador Abad sostuvo que “la sentencia de Preska constituye un grave intento de vulnerar nuestra soberanía jurídica, económica y política” y que “YPF, con control mayoritario del Estado, es una plataforma estratégica para la transición energética”.

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Por su parte, Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, dijo que “la jueza falló a favor de YPF y en contra de la República”, y aclaró que la empresa “seguirá operando con normalidad” más allá del fallo judicial.

Estrategia legal y pulseada en el Congreso

La defensa jurídica está a cargo de los estudios Sullivan & Cromwell y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, bajo la coordinación de la Procuración del Tesoro, que lidera Santiago Castro Videla.

Mientras tanto, el oficialismo y la oposición buscan que el Congreso ratifique la defensa del control estatal. Con el receso invernal cerca, se negocia una sesión extraordinaria para votar los proyectos antes de fin de mes y evitar un nuevo golpe al patrimonio público en los tribunales de Nueva York.