Diputados: proponen crear una Comisión de Ética tras los escándalos en el recinto
Andrés Montero


La Cámara de Diputados atraviesa una etapa de creciente conflictividad interna. En los últimos meses, los debates encendidos dieron paso a enfrentamientos personales, empujones, insultos, amenazas y hasta episodios de violencia física. Esta escalada, que tuvo su punto más alto durante la última sesión, derivó en un nuevo proyecto para crear una Comisión de Ética y Disciplina, con el objetivo de intervenir ante faltas de conducta o acciones que afecten la institucionalidad del cuerpo legislativo.
El proyecto impulsado por Carla Carrizo
La diputada Carla Carrizo, del bloque Democracia para Siempre, fue la encargada de presentar la iniciativa. Su propuesta contempla la conformación de un órgano permanente que funcione dentro de la Comisión de Asuntos Constitucionales y que pueda actuar en situaciones vinculadas a la conducta de los legisladores.
La propuesta cuenta con el acompañamiento de Manuel Aguirre, Danya Tavela, Marcela Antola, Mariela Coletta, Marcela Coli y Fernando Carbajal, todos firmantes del proyecto de resolución. El objetivo es claro: establecer un espacio institucional que actúe ante actos de violencia, agresiones verbales, amenazas y demás desórdenes que alteran el normal funcionamiento de la Cámara.
De las palabras a los hechos: el escándalo que detonó la discusión
La iniciativa surgió tras los hechos ocurridos durante la última sesión, en la que un grupo de diputadas de Unión por la Patria cruzó el recinto para enfrentar cara a cara a su par libertario José Luis Espert. El episodio incluyó gritos, empujones e insultos, y terminó con la caída del quórum y el levantamiento de la sesión.
Pero no fue un hecho aislado. En el último tiempo se han visto megáfonos dentro del recinto, peleas a golpes entre legisladores del mismo bloque, acusaciones de amenazas, insultos cruzados, negaciones de la palabra en comisiones, y un uso cada vez más hostil de las redes sociales por parte de los propios diputados. Todo esto generó una tensión constante que exige respuestas institucionales.
Cómo funcionaría la nueva comisión
El proyecto establece que la Comisión de Ética y Disciplina se integre al esquema actual bajo el paraguas de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Según el artículo 6, deberá tratar los casos que se le giren en un plazo máximo de 30 días, prorrogables por otros 30 días si existe una justificación fundada.
La comisión no impondrá sanciones directamente, sino que elevará un dictamen en forma de Resolución a las autoridades de la Cámara, donde propondrá las eventuales sanciones disciplinarias o la desestimación del caso.
Asimismo, la iniciativa contempla una reforma al artículo 188 del Reglamento de la Cámara, que regula los procedimientos para investigar actos de indisciplina. La nueva redacción propone que, si el pleno aprueba el inicio de una investigación, el caso se derive automáticamente a la Comisión de Ética y Disciplina.
Un paso hacia la institucionalización del control interno
En los fundamentos del proyecto, la diputada Carrizo recordó que la Cámara de Diputados ejerció su rol disciplinario en 26 oportunidades desde 1983, con 15 exclusiones, 8 suspensiones, 2 llamados al orden y 1 apercibimiento. Sin embargo, advirtió que no existe hoy un mecanismo institucional para analizar conductas fuera de las sesiones.
“Hemos sido testigos de múltiples agresiones e insultos entre colegas o de un diputado/a a algún trabajador/a durante reuniones de comisión, en otros ámbitos de trabajo o incluso en reuniones institucionales en otros espacios”, señala el texto. Por eso, sostiene que es necesario contar con un órgano permanente donde se puedan denunciar, analizar y sugerir medidas disciplinarias ante este tipo de hechos.
Una herramienta para recuperar la convivencia democrática
La propuesta aparece como una respuesta concreta frente a una crisis de convivencia que atraviesa a distintos bloques por igual. Más allá de las diferencias ideológicas, la creciente tensión entre los legisladores amenaza con erosionar el funcionamiento del Congreso y generar un clima irrespirable para el debate democrático.
Con esta comisión, sus impulsores buscan no solo ordenar el funcionamiento parlamentario, sino también recuperar el respeto institucional y la convivencia política que, aseguran, hoy se encuentra en peligro.

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