De la caída de ventas al bloqueo de cuentas: el frente fiscal que las pymes llevan a la Legislatura

La situación financiera de las pequeñas y medianas empresas abrió un nuevo frente en la Legislatura bonaerense. Esta vez, la discusión no pasa solamente por cuánto venden, producen o pagan de impuestos, sino por lo que ocurre cuando una deuda fiscal avanza hasta una ejecución y alcanza las cuentas utilizadas para sostener la actividad cotidiana.

Un proyecto de declaración ingresado en la Cámara de Diputados provincial pide que el gobierno de Axel Kicillof intervenga ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Ejecutivo nacional para conseguir una suspensión durante 180 días de los bloqueos de cuentas y ejecuciones fiscales contra las mipymes bonaerenses. La iniciativa también solicita planes de pago y que la Provincia analice medidas de alivio sobre sus propios tributos.

La autora es la diputada radical Priscila Minnaard, quien planteó que existe una situación de “asfixia financiera” entre firmas que acumulan obligaciones mientras intentan sostener salarios, proveedores y costos operativos. 

El planteo legislativo retoma un reclamo que las entidades empresarias vienen formulando desde hace meses y que ahora volvió a tomar fuerza. El punto de conflicto es qué ocurre cuando una empresa con problemas de caja deja de cumplir una obligación tributaria y esa deuda termina alcanzando los fondos con los que funciona diariamente.

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“Te desayunás cuando entrás al banco”

Mauro González, presidente de la Confederación Federal PyME Argentina, describió esta semana el impacto que pueden tener las medidas sobre las cuentas bancarias. “Vos te desayunás cuando entrás al banco”, afirmó a Infocielo al explicar que algunos titulares advierten la existencia de fondos afectados cuando intentan operar normalmente. González pidió una pausa general para las pequeñas empresas: “Pedimos la suspensión de las ejecuciones de embargos por 180 días”.

El dirigente vinculó esos casos con una secuencia financiera que comienza antes de la actuación del organismo recaudador. Según su descripción, cuando disminuye el flujo de fondos algunas firmas empiezan retrasando impuestos, luego acumulan obligaciones con proveedores y posteriormente aparecen dificultades para afrontar salarios.

Las cámaras empresarias advierten que la inmovilización de dinero en ese punto puede alcanzar directamente el capital utilizado para pagar nóminas, comprar insumos o cancelar cheques. El reclamo no desconoce la existencia de las deudas: la discusión que proponen se concentra en los plazos y las herramientas disponibles para regularizarlas sin interrumpir la operatoria.

La descripción de los denominados “embargos exprés”, sin embargo, corresponde al planteo realizado por las entidades empresarias y no es la forma en que ARCA describe oficialmente su procedimiento.

El organismo explica que antes del inicio de un juicio de ejecución fiscal debe intimar al contribuyente para que presente lo requerido o cancele la deuda. Si el incumplimiento continúa, el representante fiscal genera la boleta de deuda y puede avanzar con la ejecución. ARCA señala además que el primer contacto del representante del Fisco se realiza mediante el Domicilio Fiscal Electrónico.

El reclamo ya había llegado a Caputo

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM en junio, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) ya había solicitado al ministro de Economía, Luis Caputo, que ARCA suspendiera las ejecuciones fiscales y los embargos aplicables a las pymes, además de modificar el esquema de multas.

La entidad proponía entonces un régimen de hasta 48 cuotas, una condonación del 50% de los intereses devengados y una tasa de financiación equivalente a la mitad de la tasa pasiva del Banco Nación. También reclamaba que las deudas vencidas hasta el 31 de mayo pudieran ingresar al esquema.

ARCA tomó posteriormente una medida de regularización, aunque con condiciones distintas de las reclamadas por CAME. En julio, mediante la Resolución General 5875/2026, creó un régimen especial de facilidades de pago para micro, pequeñas y medianas empresas, pequeños contribuyentes y entidades sin fines de lucro. Permite incorporar obligaciones impositivas, aduaneras y de la seguridad social vencidas hasta el 30 de junio de 2026.

Para micro y pequeñas empresas, el esquema contempla hasta 18 cuotas para determinadas obligaciones generales y 9 para retenciones y percepciones, con un pago inicial del 5%. Para las medianas de los tramos 1 y 2, los máximos son 15 y 7 cuotas, respectivamente, con un anticipo del 10%. La resolución aclara que la adhesión no implica una reducción de los intereses ni la liberación de las sanciones correspondientes. 

Otro dato permite dimensionar qué está pidiendo ahora el proyecto que llegó a la Legislatura bonaerense. El Ministerio de Economía y ARCA resolvieron mantener hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal y de medidas cautelares para dos grupos concretos: entidades sin fines de lucro y contribuyentes del sector de la salud.

La protección, por lo tanto, no constituye una suspensión general para las mipymes de todos los sectores. Eso es precisamente lo que pretende ampliar el reclamo que ahora llegó a Diputados: extender una tregua de seis meses a pequeñas y medianas empresas bonaerenses alcanzadas por bloqueos de cuentas y ejecuciones.

La diputada Minnaard sostuvo en los fundamentos que, según relevamientos de entidades empresarias citados por su proyecto, entre el 75% y el 92% de determinadas medidas cautelares recaería sobre micro y pequeñas empresas. 

Embargos y clientes obligados a retener pagos

El conflicto con ARCA ya había tenido otro capítulo durante el primer semestre. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) envió una presentación al titular del organismo, Andrés Vázquez, y a Caputo por medidas aplicadas sobre empresas con deudas tributarias.

La entidad describió casos en los que clientes de una compañía endeudada eran notificados para retener pagos que debían realizarle y depositarlos hasta cubrir los montos reclamados por el Fisco. La CAC reconoció que se trata de instrumentos legales destinados a asegurar el crédito fiscal, pero cuestionó su utilización en el contexto económico actual.

“Cortar el flujo comercial puede significar el agravamiento de esas dificultades hasta un punto irreversible”, había advertido la cámara.

Otro planteo provino de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA). En mayo, la organización aseguró que cerca del 40% de las pymes mantenía deudas impositivas y estimó el pasivo acumulado del sector en unos $5 billones. Esas cifras corresponden a la entidad empresaria y no a un relevamiento oficial de ARCA.

Su presidente, Marcelo Fernández, explicó entonces que numerosas firmas habían priorizado salarios y servicios frente a los vencimientos fiscales y alertó sobre la aparición de ejecuciones y eventuales consecuencias en materia tributaria.

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Producción pyme: caída del 6,1% en agosto

El reclamo fiscal aparece mientras los últimos indicadores del sector volvieron a mostrar retrocesos. Según CAME, la producción industrial pyme cayó 6,1% interanual en agosto y acumuló una contracción del 8,5% durante los primeros ocho meses de 2026. Frente a julio hubo una mejora desestacionalizada de apenas 0,3%.

La utilización promedio de la capacidad instalada entre las firmas relevadas fue de 55,3%. Cinco de las seis ramas medidas terminaron agosto en terreno negativo. Químicos y plásticos encabezó la baja, con 14,9%; alimentos y bebidas retrocedió 10,3%; papel e impresiones, 4,3%; textiles e indumentaria, 3,8%; y metal, maquinaria, equipos y material de transporte, 2,2%. Madera y muebles fue la única excepción, con un crecimiento interanual del 1,1%.

El comercio tampoco mostró una recuperación sostenida. Las ventas minoristas pyme disminuyeron 0,2% interanual en agosto y 2,7% frente a julio, mientras que el acumulado de 2026 quedó con una retracción del 2,4%.

Son mediciones nacionales, pero el cuadro bonaerense agrega indicadores propios sobre financiamiento, cierres y actividad industrial. Hace pocos días, Silvio Zurzolo, presidente de la Asociación de Industriales bonaerense (ADIBA) describió un cambio en la utilización del financiamiento. “Hoy la pyme industrial está buscando financiamiento para pagar los sueldos”, afirmó.

Según explicó, el crédito que en otras condiciones podría destinarse a inversiones o ampliaciones empezó a utilizarse también para capital de trabajo, reposición de materias primas y gastos corrientes.

El titular de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), Camilo Alberto Kahale, incorporó a ese diagnóstico la situación tributaria y reclamó esquemas de refinanciación capaces de adecuarse a la capacidad de pago de cada firma. “La PyME no pide que le resuelvan el negocio”, sintetizó.

Las entidades mencionaron entre sus reclamos la simplificación impositiva, modificaciones en Ingresos Brutos y tasas municipales, cambios sobre el impuesto al cheque y herramientas para impedir que una deuda fiscal termine interrumpiendo el funcionamiento de una empresa que todavía permanece activa.

Zurzolo estimó además que durante los últimos tres años cerraron alrededor de 1.300 establecimientos industriales bonaerenses y se perdieron cerca de 42.000 empleos.