Apuestas online en Buenos Aires: del aporte del 2% a la mega ley que busca rediseñar el sistema

La discusión bonaerense por las apuestas online entró en una nueva etapa. Ya no se trata solamente de sumar campañas contra la ludopatía o de impedir que los menores accedan a las plataformas: la Legislatura comenzó a discutir hasta dónde debe llegar la regulación de un mercado que la Provincia habilitó en 2018, que actualmente cuenta con siete plataformas autorizadas y que convive con un circuito clandestino sobre el que el Estado viene desplegando denuncias y bloqueos.

La última pieza de ese debate es un proyecto de 64 artículos presentado por diputados de Unión por la Patria. El expediente aparece cuando la Cámara de Diputados intenta acercar posiciones entre más de veinte iniciativas y pocas semanas después de que el gobierno de Axel Kicillof pusiera en funcionamiento un aporte del 2% sobre determinados premios de las apuestas online.

Así, el debate empezó a reunir discusiones que hasta ahora corrían por carriles paralelos: cuánto controlar a las empresas legales, cómo enfrentar a los sitios clandestinos, qué hacer con la publicidad, cómo financiar la prevención y el tratamiento de la ludopatía y qué parte de los recursos generados por la actividad debe regresar a municipios, clubes y políticas públicas.

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De los proyectos dispersos a una regulación integral

La Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía, presidida por Micaela Olivetto, se convirtió este año en el punto de concentración de la discusión. En una de sus reuniones informativas, la propia Cámara informó que el cuerpo tenía bajo análisis 22 proyectos de ley, con propuestas provenientes de distintos espacios políticos y un objetivo común: avanzar sobre la prevención y el abordaje de la ludopatía, especialmente entre adolescentes.

Aunque las respuestas propuestas no son idénticas, varios ejes se repiten: validación biométrica para impedir el uso de identidades de adultos por parte de menores, límites de depósitos, sistemas de autoexclusión, advertencias por permanencia prolongada, restricciones publicitarias, controles sobre promociones y mayores herramientas sanitarias.

El expediente de Facundo Tignanelli y Olivetto intenta reunir buena parte de esos elementos dentro de un régimen único y agrega otros. Propone reconocimiento biométrico facial al abrir la cuenta, en cada inicio de sesión, al depositar o retirar fondos y ante apuestas superiores a un monto que deberá fijar la reglamentación.

También modifica la relación de los usuarios con el tiempo de permanencia. Las plataformas tendrían que cerrar automáticamente la sesión después de 60 minutos continuos, impedir el reingreso durante la hora siguiente y aplicar un bloqueo de 24 horas luego del tercer inicio de sesión registrado dentro de un período de un día.

Mientras la cuenta permanezca activa, además, deberá aparecer de manera visible cuánto tiempo lleva conectada la persona y cuánto dinero apostó. Al superar los 30 minutos se emitirá una advertencia y los operadores deberán ofrecer herramientas para fijar límites de depósito.

Otro cambio importante aparece en la autoexclusión. Actualmente, una de las dificultades del sistema es que el apartamiento voluntario puede resultar limitado frente a la existencia de distintas plataformas. El proyecto establece que la inscripción en el Registro de Autoexclusión produzca efectos sobre todos los operadores autorizados en la Provincia, con bloqueo de cuentas y devolución del saldo disponible.

Incluso incorpora una restricción que lleva el debate fuera de la problemática estrictamente sanitaria: las personas incluidas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos no podrían registrarse para realizar apuestas online.

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El aporte del 2% y el debate sobre el mercado regulado

La nueva propuesta legislativa aparece después de otra decisión que volvió a poner al negocio digital bajo la lupa. En septiembre, el Instituto Provincial de Lotería y Casinos activó mediante la Resolución 1149/2026 un aporte del 2% sobre los premios derivados de apuestas sucesivas en juegos de resolución inmediata, principalmente tragamonedas o slots digitales.

La posibilidad estaba contemplada en la Ley 15.079, sancionada en 2018, que fijó una banda de entre 1% y 3% para ese tipo de premios. La administración bonaerense definió ahora la alícuota en 2% y puso en marcha el mecanismo.

La estimación difundida por el Gobierno provincial ubicó la potencial recaudación mensual entre $35.000 millones y $40.000 millones, con recursos destinados al Fondo de Progreso e Inclusión Social para financiar políticas de salud, educación y desarrollo social.

El gobierno bonaerense activó un aporte del 2% sobre determinados premios de las apuestas online legales.

La implementación abrió, sin embargo, otra discusión dentro de la misma trama. Desde sectores opositores se reclamaron precisiones sobre la recaudación y el destino concreto de los fondos, mientras que también aparecieron advertencias sobre el equilibrio entre endurecer las condiciones del mercado legal y evitar que los usuarios migren hacia páginas clandestinas, donde no existen las mismas exigencias de identificación ni los controles establecidos por el Estado.

Ese problema ya tiene dimensión propia. La Provincia informó más de 800 denuncias contra operadores ilegales, mientras que una intervención judicial derivó en el bloqueo de 537 sitios clandestinos. También fueron denunciados más de cien influencers por promocionar páginas no autorizadas.

El nuevo proyecto no propone terminar con el esquema legal de apuestas online. Mantiene el sistema de licencias, pero eleva considerablemente las obligaciones que recaen sobre los operadores autorizados.

La comparación con Brasil vuelve más visible esa diferencia. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva tomó a fines de septiembre un camino mucho más drástico: prohibió mediante una medida provisoria la explotación, oferta, intermediación y publicidad de apuestas de cuota fija en todo el territorio brasileño. La propuesta bonaerense, en cambio, preserva el mercado regulado y busca reforzar controles sobre su funcionamiento.

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Publicidad y bonos: dónde aparecen los límites más duros

Uno de los capítulos que más modifica el funcionamiento comercial del sector es el de la publicidad. Toda campaña de una empresa de apuestas online deberá contar con autorización previa, expresa y específica de Lotería y Casinos, con identificación de la pieza, los canales utilizados, el período de difusión y el monto invertido.

Quedará prohibida la publicidad dirigida directa o indirectamente a menores de 18 años, así como la utilización de sus imágenes o voces. La restricción también alcanza a anuncios en la vía pública, transporte público, espacios públicos y lugares privados de acceso público.

El proyecto busca además modificar el mensaje con el que se promociona la actividad. No podrá presentarse a las apuestas como una inversión, una fuente de ingresos ni una herramienta vinculada al éxito social, profesional, deportivo o afectivo, ni sugerir que la experiencia o habilidad reducen el peso del azar.

Las piezas autorizadas deberán incluir las leyendas “Prohibida la participación de personas menores de dieciocho (18) años” y “Apostar no es un juego”.

También desaparecerían varias de las herramientas utilizadas por las plataformas para atraer y retener clientes: bonos de bienvenida, apuestas gratuitas, créditos, premios por nuevas recargas, programas de puntos asociados a la frecuencia de juego, beneficios por referidos y otras promociones similares.

La protección de menores tiene una sanción particularmente severa. Si una persona menor de 18 años consigue apostar como consecuencia del incumplimiento o la insuficiencia de los mecanismos de control, la conducta será considerada una infracción muy grave y la revocación de la licencia aparece como sanción principal.

Detrás de esas restricciones hay datos que explican por qué el tema ganó espacio en la agenda bonaerense. Los fundamentos del proyecto recogen un estudio nacional entre estudiantes secundarios según el cual el 27,2% de los alumnos bonaerenses relevados había apostado dinero durante los doce meses anteriores y el 22,4% lo había hecho de manera online.

También incorporan investigaciones realizadas en distintos municipios bonaerenses que detectaron participación adolescente en apuestas, exposición a mecanismos de captación y casos en los que los propios jóvenes reconocieron ansiedad vinculada con la imposibilidad de apostar.

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Una fiscalía para perseguir el circuito clandestino

La propuesta busca intervenir también sobre la otra mitad del problema: las páginas que operan directamente por fuera del sistema provincial.

Para ello crea una Fiscalía Especializada en Apuestas Ilegales en Línea, dentro de la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense. Tendrá sede en La Plata, pero competencia para actuar en todos los departamentos judiciales de la Provincia.

El Instituto de Lotería deberá denunciar cualquier actividad presuntamente ilegal dentro de las 24 horas de haberla detectado y la fiscalía podrá coordinar acciones con organismos tributarios, entidades financieras, empresas de comunicaciones y medios de pago.

El proyecto incorpora además herramientas procesales específicas. Ante una investigación por explotación ilegal de apuestas online, el fiscal podrá solicitar medidas para impedir que la actividad siga funcionando mientras avanza la causa.

Entre ellas aparecen el bloqueo de sitios, dominios, aplicaciones y cuentas digitales, la suspensión de medios de pago, el retiro de publicidad y la clausura preventiva de establecimientos. Cuando exista urgencia, el juez de Garantías deberá resolver el pedido dentro de las seis horas.

El esquema apunta así a reducir una de las asimetrías que atraviesan todo el debate: mientras las empresas habilitadas quedan sometidas a controles de identidad, límites comerciales, obligaciones tributarias y fiscalización estatal, las plataformas ilegales compiten sin asumir esas exigencias.

Salud mental, municipios, clubes y deportistas

La disputa por las apuestas online también se trasladó al destino del dinero que mueve el sector. Y allí el nuevo proyecto va bastante más allá del aporte del 2% que comenzó a instrumentar el Ejecutivo.

La iniciativa crea el Fondo Provincial para el Cuidado de la Salud Mental y la Atención de la Ciberludopatía. Para financiarlo, las licenciatarias deberán realizar un aporte equivalente al 100% de todo lo invertido en publicidad, promoción, patrocinio y acciones destinadas a captar nuevos usuarios.

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El mecanismo introduce una relación directa entre gasto comercial y financiamiento preventivo: cuanto más dinero utilice una empresa para promocionar las apuestas, mayor será el aporte que deberá realizar a las políticas de prevención y asistencia.

El 70% de esos recursos se distribuirá entre los 135 municipios de acuerdo con el Coeficiente Único de Distribución (CUD) y el 30% restante quedará a cargo de la Provincia. El dinero solo podrá utilizarse para campañas de prevención, detección temprana, tratamiento, acompañamiento de personas afectadas y sus familias, formación profesional e investigación.

Pero el proyecto suma un segundo esquema económico. Las empresas deberán realizar un aporte mensual del 3% sobre la totalidad de los premios obtenidos por los usuarios en las modalidades de apuestas online autorizadas.

El 85% de esa recaudación estará destinado a un fondo para clubes, asociaciones civiles, centros culturales, centros de jubilados y otras entidades de bien público. El 15% restante financiará becas para deportistas bonaerenses de alto rendimiento.

El texto agrega además condiciones sobre quién podrá explotar el negocio en el futuro. Para obtener nuevas licencias, las sociedades deberán estar constituidas en la Argentina y contar con capital social íntegramente de origen nacional. Las autorizaciones vigentes tendrán un régimen transitorio hasta su vencimiento.

La discusión que atraviesa Diputados, por lo tanto, ya excede una ley específica contra la ludopatía. El aporte aplicado por el Ejecutivo, las iniciativas acumuladas en la Legislatura, el avance de las apuestas clandestinas, la exposición de los adolescentes y el proyecto integral de 64 artículos confluyeron en una revisión mucho más amplia del modelo bonaerense de apuestas online.

Sobre la mesa quedaron las preguntas que ahora deberán resolver los bloques: qué empresas podrán operar, bajo qué controles, cuánto podrán promocionarse, cómo se limitará la exposición de los usuarios, de qué manera se perseguirá al circuito ilegal y cuánto dinero deberá devolver la actividad a las políticas públicas y a la comunidad.