Candidaturas testimoniales: aval legal y debate político

Las candidaturas testimoniales volvieron al centro del debate político en la provincia de Buenos Aires. El disparador fue la estrategia electoral de Fuerza Patria, que incluyó en sus listas a intendentes, ministros y hasta a la vicegobernadora Verónica Magario, como parte de una maniobra legal, pero cuestionada por sectores de la oposición. ¿Qué dice la Justicia al respecto? ¿Puede alguien no asumir el cargo para el que fue electo? La ley no lo prohíbe, y los antecedentes son claros.

La mirada de la Justicia

No existe en la legislación argentina ninguna norma que impida las candidaturas testimoniales. Así lo dejó claro la Cámara Nacional Electoral (CNE) en 2009, cuando la oposición intentó impugnar la postulación a diputado nacional del entonces gobernador bonaerense Daniel Scioli. La Justicia rechazó el planteo y remarcó que no se puede sancionar a un candidato por presuntas intenciones de no asumir el cargo.

“Escapa a las atribuciones del Poder Judicial resolver sobre la base de hipótesis, conjeturas, suspicacias o sospechas -sean estas fundadas o no-”, señalaron los camaristas en aquel fallo. Según explicó el abogado constitucionalista Mariano Bär, “una cosa es la legalidad de las candidaturas testimoniales y otra es la legitimidad. La cuestión de la legitimidad queda saldada el día de la elección porque la gente avala o no con su voto esa candidatura”.

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Además, no hay una obligación legal de asumir la banca tras resultar electo. Bär recordó que hubo “muchos proyectos para sancionar distintos tipos de defraudaciones al electorado y nunca prosperaron”.

Bianco: “Lo hicimos de frente a la gente”

Desde la Gobernación bonaerense, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, defendió sin vueltas la estrategia de Fuerza Patria. “Se ha hecho miles de veces”, afirmó en conferencia de prensa. “Está previsto por la ley, no es que está impedido. Por lo tanto, hemos puesto los candidatos más competitivos, porque queremos ganar esta elección”, sostuvo.

Bianco apuntó contra La Libertad Avanza por su doble discurso: “No solo Milei impulsa políticas de ajuste y desfinanciamiento a nivel macroeconómico, sino que sus legisladores aplican esas medidas en la provincia y en los municipios, donde sus concejales también llevan adelante recortes”.

En ese marco, justificó la inclusión de figuras con peso territorial: “Tenemos que evitar que siga ingresando la motosierra a la provincia, porque ingresar ya ingresó”.

¿Quiénes son los candidatos testimoniales?

El peronismo bonaerense anotó en sus listas a 17 intendentes, muchos de los cuales no asumirían en caso de ser electos. En la Tercera Sección Electoral, la más populosa, hay ocho jefes comunales en la boleta, entre ellos Juan José Mussi (Berazategui), quien reconoció que su candidatura a concejal es testimonial: “Busco que la gente sepa dónde están parados”.

También integran las listas Fernando Espinoza (La Matanza), Mario Secco (Ensenada), Fabián Cagliardi (Berisso), Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Andrés Watson (Florencio Varela). En todos los casos, se trata de dirigentes con fuerte presencia local.

En la Primera Sección, aparecen figuras como Mario Ishii (José C. Paz) y Diego Nanni (Exaltación de la Cruz), mientras que en la Quinta se postula Verónica Magario. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, fue clara: si es electa, dejará el Ejecutivo para asumir como diputada.

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Oposición con críticas, pero sin pruebas

Desde La Libertad Avanza, el candidato Guillermo Montenegro calificó a las candidaturas testimoniales como “una trampa” y “una estafa a la gente”. Sin embargo, más allá de las declaraciones altisonantes, no existe herramienta jurídica para impedir esta práctica, salvo que se demuestre una falsedad concreta.

Tal como lo subrayó la Cámara Electoral, “no puede exigírsele a la Justicia desentrañar las intenciones, propósitos o planes íntimos de quienes se presentan al electorado requiriéndoles el voto”.

Instancias de control

Las candidaturas atraviesan un proceso de oficialización y control en varias etapas. Primero, las juntas electorales partidarias validan que los postulantes cumplan los requisitos formales. Si alguien considera que no es así, puede presentar una impugnación ante la Justicia Electoral, y como última instancia, ante la Cámara Nacional Electoral.

Si llegan al día de la elección, es porque cumplieron con todos los pasos legales. Y si luego no asumen, tampoco hay sanción prevista.