Cristina Kirchner va a la Corte para impugnar la tobillera electrónica
Explota la interna judicial: Cristina apela a la Corte para sacarse la tobillera electrónica y recuperar el derecho a recibir visitas. Todos los detalles.
Política08 de agosto de 2025

En una nueva jugada judicial en la causa Vialidad, los abogados de Cristina Fernández de Kirchner presentaron este viernes un recurso extraordinario para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise dos medidas impuestas a la expresidenta: la utilización obligatoria de una tobillera electrónica y las restricciones al régimen de visitas durante su arresto domiciliario.
La presentación fue realizada por Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, ante la Cámara Federal de Casación Penal, que ahora deberá definir si el planteo es admisible para que llegue al máximo tribunal del país.
El reclamo no sólo apunta al fondo del asunto, sino también al procedimiento: los letrados solicitaron el apartamiento de los integrantes actuales de la Corte, y pidieron que se sorteen conjueces para intervenir en la causa.
Las críticas a la medida de la tobillera
En el recurso presentado, los abogados calificaron la colocación de la tobillera electrónica como una medida “irracional”, al considerar que no hay riesgo de fuga ni razones objetivas que justifiquen su uso en el caso de Cristina Kirchner.
“La colocación de una tobillera de monitoreo electrónico solo resulta legítima cuando es indispensable para garantizar el cumplimiento de la pena. En este caso, no se acreditó ningún riesgo que justifique tal medida”, sostuvieron los defensores.
Además, remarcaron que ni el Tribunal Oral Federal Nº 2 ni la Sala IV de la Cámara de Casación fundamentaron la necesidad del dispositivo, ni en sus resoluciones ni en los informes técnicos incorporados a la causa.
El régimen de visitas, otra polémica
El otro punto cuestionado por la defensa tiene que ver con el régimen de visitas impuesto en el marco del arresto domiciliario.
Para los abogados, la restricción “resulta arbitraria y lesiva del plexo constitucional”. Según detallaron, se trata de una medida “estigmatizante” que no guarda relación con una aplicación justa de la ley penal.
“La normativa vigente no autoriza a los magistrados a imponer reglas de conducta adicionales a quienes cumplen prisión domiciliaria, más allá de la propia privación de libertad”, argumentaron.
Además, alertaron que no existen antecedentes de restricciones similares aplicadas a otros detenidos en condiciones similares, por lo que esto constituiría una violación al principio de igualdad ante la ley.
Cuestionamientos a la Corte Suprema
En el escrito, la defensa también apuntó de lleno contra la Corte Suprema de Justicia por haber desestimado, según ellos, múltiples agravios fundamentales que afectan la legalidad del proceso.
Entre los puntos destacados:
- Falta de imparcialidad: La Corte no respondió al reclamo sobre reuniones secretas entre jueces y funcionarios del Ejecutivo.
- Nuevos argumentos en la sentencia: Se incluyeron fundamentos no presentados por los fiscales ni debatidos en juicio.
- Derecho a defensa vulnerado: Cristina no pudo responder a nuevas acusaciones introducidas en el alegato final.
- Rechazo sistemático de pruebas: Se admitieron documentos sin discusión previa y se rechazaron pruebas clave de la defensa.
- Violación de cosa juzgada: Se condenó por hechos que ya habían sido desestimados por otra sentencia firme.
- Desconocimiento de atribuciones: Se la responsabilizó por decisiones que competen al jefe de Gabinete y otros funcionarios absueltos en el mismo juicio.
Estos planteos forman parte de un profundo cuestionamiento al accionar del Poder Judicial en el tratamiento del caso, al que desde el entorno de CFK consideran parcial y direccionado.
Qué puede pasar ahora
La Cámara Federal de Casación Penal deberá definir si acepta el recurso extraordinario y permite que la causa llegue a la Corte Suprema. En caso de rechazo, la defensa podrá presentar un recurso de queja directo ante el máximo tribunal.
Mientras tanto, Cristina Kirchner sigue cumpliendo su arresto domiciliario en su departamento del barrio porteño de Constitución, bajo vigilancia electrónica.

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