Fentanilo mortal: nuevas pruebas complican más a Furfaro

La causa que investiga la muerte de más de 100 pacientes tras la administración de un lote de fentanilo contaminado volvió a sumar pruebas y testimonios que complican la posición del empresario Ariel García Furfaro y del entramado empresarial que controlaba la producción.

El expediente, a cargo del juez Ernesto Kreplak, reúne declaraciones de ex empleados, registros de chats internos y el acta de una inspección no programada de ANMAT–INAME que detectó “riesgo sanitario grave” y múltiples incumplimientos días antes de la fabricación del lote 31202, el 18 de diciembre de 2024.

Qué revelan empleados y documentación oficial

Según testimonios incorporados al expediente, las condiciones en la planta de Laboratorios Ramallo SA eran deficitarias: falta de refrigeración en áreas productivas, aires acondicionados fuera de servicio y presencia de ratas y excremento en depósitos.

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Los relatos coinciden con las actas de inspección entre el 28 de noviembre y el 12 de diciembre de 2024, donde se consignaron más de 650 falencias y la existencia de “falta de validaciones de procesos”. Pese a ello, la planta continuó operando hasta que el 10 de febrero de 2025 fue inhibida para producir para HLB Pharma Group SA, según la documentación judicial.

Los chats internos y los registros de producción complican aún más la hipótesis de error aislado: en conversaciones posteriores a la fabricación del lote aparecen indicaciones para “repetir” ensayos y rehacer documentación de batch records —registros de lote— a posteriori. En uno de esos pasajes se advierte, según la causa, que “esa producción se hizo en el aire con respecto a lo documental”. Además, la causa incluye una foto que registra productos expuestos a la intemperie.

Responsabilidades y declaraciones

El fiscal y la causa apuntan a la responsabilidad de la conducción empresarial. El dictamen fiscal describe funciones operativas decisivas de Damián García en la planta y su conocimiento sobre las carencias de mantenimiento y la documentación. En su indagatoria, Ariel García Furfaro negó responsabilidades y dijo: “Si está el bicho es porque alguien lo puso”, frase que ya forma parte del expediente y fue reproducida en su declaración.

Otra pieza del rompecabezas es la inspección de ANMAT/INAME: las dos inspectoras que visitaron la planta en diciembre se retiraron tras constatar deficiencias graves, según fuentes del expediente. El posterior acta y las medidas tardías —la inhibición llegó casi dos meses después— son ejes centrales de la pesquisa.

Riesgos técnicos y fallas de control

Expertos consultados en la causa describen tres déficits graves en Ramallo: el tratamiento del agua para inyectables (WFI) no adecuado, sistemas de aire con filtros ineficientes y temperaturas de trabajo inadecuadas para procesos asépticos. En el proceso de producción de fármacos endovenosos, cualquiera de esas fallas puede favorecer la contaminación bacteriana o química, con consecuencias letales.

Como se refleja en los testimonios y en la documentación adjunta al expediente, la investigación judicial deberá determinar ahora si la contaminación fue resultado de negligencia sistémica, falsificación documental o una combinación de factores. Mientras tanto, el drama por las víctimas continúa siendo el eje central de la causa.