Karina Milei desistió de la cautelar que impedía la difusión de sus audios
Juan Manuel Villarreal


La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, presentó un escrito por el cual desistió de la acción judicial que había solicitado en el fuero civil y comercial federal para frenar la difusión de audios atribuidos a ella. Con esa presentación pidió que se deje sin efecto y se archive la medida cautelar dictada por el juez Alejandro Patricio Maraniello.
En el escrito, representada por el Dr. Santiago Viola, Milei sostuvo que los audios “no afectan la seguridad nacional ni la intimidad”, que fueron obtenidos “ilegalmente, manipulados y editados” con el fin de montar “una operación” contra ella y su familia, y aclaró que la protección que buscó inicialmente debe tramitarse en la causa penal que el Ejecutivo ya presentó.
La respuesta del juzgado
Minutos después de la presentación, el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial N°5 respondió que la parte actora había “desistido” y ordenó el levantamiento de la medida cautelar dictada el 1° de septiembre, declarando además inoficioso el tratamiento de los recursos interpuestos por las partes. El fallo remarca que las medidas cautelares pueden levantarse si cesan las circunstancias que las motivaron.

Los registros en cuestión comenzaron a difundirse a través de la plataforma Carnaval Stream y retomaron, además, audios filtrados en los que el exfuncionario Diego Spagnuolo mencionaba presuntas irregularidades vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La difusión generó rechazo en sectores periodísticos y jurídicos que denunciaron la existencia de una prohibición de difusión interpretada como censura previa.
La denuncia penal del Gobierno
El Ejecutivo provincial y nacional presentó una denuncia penal que, según voceros oficiales, apunta a una “operación de inteligencia” no institucional para grabar y manipular conversaciones privadas con el objetivo de desestabilizar. Manuel Adorni y otros funcionarios describieron el episodio como una maniobra deliberada que, a su entender, excede el ejercicio legítimo de la libertad de prensa.
Reacciones y debate sobre la libertad de prensa
La cautelar original —y su levantamiento posterior— provocó fuertes críticas de asociaciones de prensa, organizaciones de derechos humanos y especialistas en libertad de expresión que advirtieron sobre el riesgo de la “censura previa” cuando se prohíbe la difusión antes de conocer el contenido en debate público. A su vez, desde el oficialismo se insistió en que hay una causa penal en curso que debe investigar eventuales delitos vinculados a las grabaciones.
Con la cautelar ya levantada, la difusión de audios queda habilitada, pero la investigación penal continúa su curso. El caso seguirá en manos de la Justicia federal penal que deberá determinar el origen de las grabaciones, si existieron maniobras ilegales y si hubo edición o manipulación del material. En el plano político, el episodio mantendrá la tensión entre el Gobierno y sectores del periodismo y la oposición en las semanas previas a los comicios.

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