Evasión fiscal: el Senado busca destrabar un proyecto clave tras dos reuniones frustradas
Senadores de distintos bloques buscan retomar la discusión para modernizar los umbrales de sanción por evasión, desactualizados desde hace años. El proyecto cuenta con amplio respaldo político.
Legislativas07 de octubre de 2025
Andrés Montero
Luego de dos intentos frustrados, la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado volverá a analizar este martes el proyecto que propone actualizar las multas por evasión tributaria, actualmente desactualizadas.
La comisión, encabezada por el senador libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja), intentará destrabar el tratamiento de la iniciativa que ya cuenta con media sanción de Diputados desde agosto pasado. La propuesta fue aprobada en la Cámara baja por 226 legisladores, con apoyo transversal de casi todos los bloques, incluidos los sectores del peronismo. Solo se abstuvieron la izquierda y un gremialista de Chubut.
Dos reuniones sin quorum
Las dos reuniones previas de la comisión no lograron avanzar. La primera, el 24 de septiembre, fue directamente vaciada por el kirchnerismo. De los 17 miembros, solo participaron Pagotto, el peronista disidente Carlos Espínola (Corrientes), los radicales —entre ellos el chaqueño Víctor Zimmermann—, el misionero Carlos Arce y la santacruceña Natalia Gadano, que llegó sobre el final. Ningún integrante del Frente de Todos se hizo presente.
Tampoco asistieron el aliado ocasional del oficialismo Luis Juez (Pro) ni la senadora Beatriz Ávila, cercana al macrismo. Llamó la atención su ausencia, ya que en esa misma jornada debía tratarse además su proyecto sobre maltrato animal.
En la segunda convocatoria, el martes pasado, tampoco hubo avances. No solo faltó el quorum, sino que la reunión se levantó en apenas un minuto. En esa ocasión sí participaron los kirchneristas Martín Doñate (Río Negro), Florencia López (La Rioja) y Carolina Moisés (Jujuy). Esta tarde, desde las 16, los asesores de la comisión retomarán el análisis del articulado con la intención de definir una postura común.
“Hay que corregir una barbaridad”
El diputado radical Maximiliano Abad (Buenos Aires), uno de los impulsores de una versión alternativa del texto, planteó la necesidad de modificar los montos mínimos que definen el delito de evasión.
“Hay que corregir un gran problema. La desactualización del umbral mínimo es de $1,5 millones para el delito de evasión simple. Hoy, un quiosquero, un verdulero o un peluquero de barrio pueden quedar atrapados en un régimen y ser llevados a juicio. Claramente, una barbaridad”, expresó hace 15 días.
Abad respaldó la media sanción proveniente de Diputados, aunque advirtió que debería revisarse la forma de actualización —por salarios y no por IPC— y diferenciar entre evasión leve y grave. “El objetivo es que el Estado persiga a los grandes evasores, quienes son los que producen un gran perjuicio al fisco, y no a las pymes o emprendedores con montos irrisorios”, subrayó.
Qué propone el proyecto
La iniciativa busca ajustar los montos que definen las sanciones penales. Para la evasión simple, el umbral pasaría de $1,5 millones a 345 salarios mínimos vitales y móviles (SMVM). Con un SMVM de $322.000 (valor de agosto), el nuevo piso rondaría los $111 millones.
En el caso de la evasión agravada, el monto subiría de $15 millones a 3.450 SMVM, equivalentes a más de $1.100 millones.
El texto también corrige multas consideradas “obsoletas”: por aprovechamiento indebido de beneficios fiscales, la sanción actual es de apenas $100.000; y por apropiación indebida de tributos, $200.000.
Amplio respaldo político
La senadora Guadalupe Tagliaferri, del sector larretista, destacó el consenso en torno a la medida. “Viene con un acompañamiento de la totalidad de los bloques y son las cosas que mejoran el funcionamiento del Estado. Estos proyectos mejoran la recaudación y hacen que los evasores tengan algún tipo de pena”, aseguró, aunque no forma parte de la comisión que analiza el expediente.
De avanzar en el Senado, el proyecto permitiría actualizar un sistema de sanciones vigente desde hace más de una década y que, por su falta de adecuación a la inflación, perdió toda efectividad.
Otra reunión clave en el Congreso
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