La Corte habilitó la extradición de Fred Machado y ahora define el Ejecutivo

La Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó este martes la extradición del empresario Federico “Fred” Machado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico, lavado de dinero y fraude. El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, declaró “procedente” el pedido del país norteamericano y dejó la última palabra en manos del Poder Ejecutivo.

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La resolución ratificó la decisión del Juzgado Federal N°2 de Neuquén, a cargo de Gustavo Villanueva, que en 2022 había avalado la extradición. Machado, detenido desde 2021 y actualmente con prisión domiciliaria en Viedma, Río Negro, fue arrestado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria a pedido de la Justicia estadounidense.

Los cargos contra Machado y sus vínculos políticos

Federico Machado está acusado de integrar una red internacional de lavado de activos vinculada al narcotráfico y de haber financiado irregularmente la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019. El dirigente liberal renunció días atrás a su candidatura a diputado tras conocerse los vínculos con el empresario, en medio de un escándalo que también salpicó al Gobierno nacional.

Machado es representado por los abogados Roberto Rallin y Norberto Francisco Oneto, este último conocido por ser el abogado de Javier Milei en otras causas judiciales, lo que suma tensión política al caso. En Estados Unidos, su socia Debra Mercer-Erwin ya fue condenada por delitos similares.

Argumentos rechazados por la Corte

Entre sus planteos, la defensa de Machado había denunciado una supuesta “violación al principio de igualdad de armas” durante el proceso judicial, alegando desigualdad entre fiscales y defensores. Sin embargo, la Corte consideró que “la parte recurrente no logró demostrar perjuicio concreto” y confirmó el fallo de primera instancia.

El tribunal también ordenó que el juez de Neuquén informe a la Justicia estadounidense el tiempo que Machado lleva privado de libertad —cuatro años y medio—, dato relevante para el eventual proceso de extradición.

Qué debe resolver ahora Javier Milei

Con el aval judicial, la decisión final recae en el presidente Javier Milei, quien tiene diez días hábiles para resolver si concreta o no la entrega del empresario. Según la legislación vigente, el Poder Ejecutivo puede rechazar la extradición solo por “razones de soberanía, seguridad u orden público” o si existen “intereses esenciales para la Argentina” que lo justifiquen.

El Gobierno ya decidió avanzar. “El Presidente instruyó a la Cancillería y a la Jefatura de Gabinete para instrumentar los pasos administrativos y diplomáticos necesarios”, indicó un comunicado de la Oficina del Presidente.

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De concretarse, la extradición marcaría el cierre de un proceso judicial que se extendió por más de tres años y que hoy tiene implicancias directas en el tablero político del oficialismo.