Causa ANDIS: revelan acuerdos ilegales y presión política

La causa ANDIS volvió a sacudir al Gobierno libertario y abrió un nuevo frente político cuando el empresario farmacéutico Luis Cella declaró ante la fiscalía y reveló maniobras, presiones y supuestos acuerdos ilegales para manejar el negocio de los medicamentos de alto costo del programa Incluir Salud. Su testimonio no solo complicó al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, sino que volvió a poner bajo la lupa las internas que atraviesan a la gestión nacional, ya golpeada por denuncias, audios filtrados y una trama que involucra a figuras cercanas al poder.

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Las nuevas revelaciones se producen a horas de que tanto Spagnuolo como su mano derecha en la estructura operativa de Incluir Salud, Daniel Garbellini, deban declarar en Comodoro Py en una causa que ya tensiona al oficialismo. Desde el entorno presidencial buscan despegarse del escándalo, pero cada dato que se suma parece profundizar el impacto político.

Las revelaciones de Cella y un negocio millonario bajo sospecha

La declaración de Cella marcó un antes y un después. El empresario reconoció haber gestionado —sin éxito— el ingreso de Prevent S.A. como proveedora de medicamentos de alto costo para Incluir Salud y describió un esquema que, según su visión, funciona desde hace años como un círculo cerrado dominado por pocas droguerías.

“Me tienen bronca muchas personas del sector”, apuntó Cella, quien aseguró tener más de cuatro décadas de experiencia en la industria. Pero su testimonio fue más allá de un conflicto comercial: denunció un sistema de “compulsas simuladas”, con precios coordinados entre empresas y un reparto preestablecido de pacientes.

Según su explicación, cada droguería conservaría alrededor de “un veinte por ciento de lo que compra Incluir Salud”, entre las que mencionó a Suizo, Del Sud, 20 de Junio y Dhiemo. Incluso señaló la existencia de una firma vinculada a Daniel María Garbellini, quien habría recibido una porción menor como “contraprestación”.

El rol de Suizo Argentina y un nombre que incomoda al Gobierno

El empresario también apuntó contra Suizo Argentina, una de las droguerías más grandes del país, y contra uno de sus ejecutivos, Sebastián Nuner Uner, a quien describió como “muy poderoso”, “influyente” y “nexo con el Estado”.

“No soy funcionario, estás equivocado”, habría respondido Nuner cuando Cella lo llamó para pedirle que lo “incorporara al sistema”. Ese llamado —admitido por el propio empresario— quedó registrado como parte de la evidencia.

Para la fiscalía, estos elementos fortalecen la hipótesis de una estructura coordinada para manejar precios, decidir qué empresas participaban en cada compulsa y derivar pacientes según intereses económicos. Un sistema que, según los investigadores, también habría involucrado a funcionarios dentro de la propia ANDIS.

Los correos con Spagnuolo y una advertencia que encendió alarmas

El 11 de septiembre de 2024, Cella le envió un correo directo a Diego Spagnuolo en el que reclamó formalmente por la falta de respuesta de Garbellini y, en un tono inusualmente duro, intimó al exfuncionario: si no había una reunión para habilitar a Prevent como proveedora, presentaría una denuncia.

En ese mensaje, Cella cuestionó abiertamente la concentración del negocio: “Es inentendible que en un gobierno liberal como el que preside nuestro presidente vendan medicamentos solo 4 o 5 empresas designadas arbitrariamente”.

El mail fue reenviado por Spagnuolo a Garbellini con copia a Bibiana Lourdes Bianco, un movimiento que la fiscalía evaluó como señal de la relevancia interna del reclamo.

Para los investigadores, la prueba encaja en un mismo esquema

El dictamen sostiene que los correos, sumados a intercambios entre representantes de Génesis S.A. y funcionarios del área de Servicios de Salud (DSA), refuerzan la idea de una coordinación sistemática. Según la hipótesis judicial, desde ese sector se impartían instrucciones a empresas privadas sobre cómo comportarse en cada compulsa y qué precios debían cotizar.

Pero el dato político más explosivo es que esta estructura habría funcionado durante la actual gestión libertaria, que llegó al poder con la promesa de desmontar “la casta” y eliminar intermediarios.

Las declaraciones que complican al Gobierno y abren una interna inesperada

El caso se volvió un dolor de cabeza para el Ejecutivo luego de que se filtraran audios en los que Spagnuolo mencionaba presiones de Karina Milei y del asesor presidencial Eduardo “Lule” Menem, a quienes vinculó con el armado de un esquema de sobornos. Según esas grabaciones, la hermana del Presidente habría reclamado un 3% de retornos.

El Gobierno desmintió de inmediato cualquier participación, pero la oposición aprovechó el escándalo para apuntar contra la falta de controles y el avance de supuestos operadores que habrían buscado negocios dentro del Estado.

La llegada de Garbellini y un entramado que incomoda

La situación empeora con la figura de Daniel Garbellini, quien debía manejar el sensible programa Incluir Salud. De acuerdo con la fiscalía, habría respondido directamente a Pablo Atchabahian, el único detenido en la causa, y habría sido parte de un grupo que desde 2022 buscaba insertarse en el Estado para hacer negocios.

Ese grupo, bautizado “Grupo Museo”, incluía además a Patricio Rama y Mariano Caballi, y mantenía conversaciones en un chat donde planificaban su desembarco para aprovechar un eventual cambio de gobierno.

“Muchachos, se nos viene un 2023 con mucho trabajo y es el trampolín para el 2024... Después todos a Tenerife”, escribió Atchabahian en una de las charlas recuperadas por la Justicia.

El peso de los antecedentes: los funcionarios y su vínculo con gestiones previas

Ambos funcionarios tienen trayectoria en administraciones pasadas. Garbellini trabajó en Incluir Salud durante el gobierno de Mauricio Macri, en el Instituto de la Vivienda porteño y como asesor en la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires.

Atchabahian, médico urólogo, también tuvo cargos en la gestión macrista: fue director nacional de Acceso a los Servicios de Salud en ANDIS a partir de 2018 y antes ocupó funciones en el Ministerio de Salud bonaerense.

Spagnuolo, la mochila y los $5 millones

El fiscal Franco Picardi también investiga filmaciones en las que se ve a Spagnuolo entrando al domicilio del operador de droguerías Héctor Calvete, con una mochila en la que habría guardado pagos en efectivo por $5 millones, de acuerdo a chats encontrados en su teléfono.

Ese detalle, políticamente explosivo, derivó en la convocatoria a indagatoria del exdirector del organismo.

Un frente judicial que se mezcla con la puja de poder en el Gobierno

Las indagatorias de esta semana son determinantes. Según fuentes judiciales, la fiscalía busca esclarecer si existió una coordinación entre empresas y funcionarios para direccionar compulsas, fijar precios y seleccionar proveedores, pero también si hubo vínculos directos con actores políticos que intentaron intervenir en el negocio.

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Para la Casa Rosada, el caso representa un desafío: el oficialismo sostiene que actuó “de inmediato” al despedir a Spagnuolo y Garbellini, pero la oposición insiste en que el entramado estaba funcionando desde el inicio de la gestión. La causa ANDIS crece, suma testimonios, documentos y audios, y deja un interrogante que ya impacta en el clima político: ¿hasta dónde llegan los vínculos entre el negocio millonario de los medicamentos y sectores del poder?