Crece la presión para sumar mujeres a la Corte bonaerense

En medio de la discusión por el Presupuesto 2026 y las negociaciones abiertas en la Legislatura provincial, Amnistía Internacional salió a reclamar que las vacantes de la Suprema Corte de Justicia bonaerense se cubran con mujeres. 

El planteo, acompañado por organizaciones judiciales, académicas y de derechos humanos, vuelve a poner bajo presión un tema que atraviesa a todo el sistema institucional: la composición incompleta del máximo tribunal de la Provincia, que funciona desde hace meses con apenas tres integrantes.

La Corte bonaerense —presidida por Hilda Kogan e integrada además por Sergio Torres y Daniel Soria— debería tener siete jueces. Desde el fallecimiento de Héctor Negri en 2020, las sillas vacías se acumularon sin que las fuerzas políticas alcanzaran acuerdos para completarlas.

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En su comunicado, Amnistía Internacional afirmó que “la SCBA está conformada solo por tres integrantes (dos varones y una mujer), pese a que su composición debería ser de siete”, y advirtió que la situación “abre una oportunidad ineludible para avanzar hacia una integración más igualitaria”.

La organización sostuvo que, en 150 años, “solo una mujer ha sido designada jueza del tribunal −la magistrada que ocupa actualmente el cargo−”, y calificó ese antecedente como un “déficit democrático y de legitimidad” que expone una “desigualdad estructural persistente”.

Entre las entidades que firmaron el documento también se incluye al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, la Red de Mujeres para la Justicia y programas de género de la UBA y la Universidad Nacional de La Plata.

Vacantes, Presupuesto y una negociación que vuelve al centro de la escena

El debate por la integración de la Corte se reactivó junto al tratamiento del Presupuesto, la Ley Fiscal Impositiva y el pedido de endeudamiento que el gobernador Axel Kicillof busca aprobar la próxima semana en Diputados.

Aunque desde el entorno del mandatario niegan rotundamente la posibilidad de “intercambiar cargos judiciales por favores legislativos”, el tema volvió a circular en conversaciones reservadas del Senado, donde se requiere acuerdo político para cualquier nombramiento.

Según la información disponible, sectores del radicalismo evalúan utilizar su peso actual —que disminuirá desde el 10 de diciembre— para negociar lugares en la estructura judicial, tanto en la Suprema Corte como en otras instancias. Para ese sector, la discusión sobre las vacantes se cruza con la necesidad de no perder influencia institucional frente a un escenario legislativo que se reconfigurará en pocas semanas.

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El contexto es clave: durante la gestión de Kicillof no se avanzó hacia el recinto en ninguna de las postulaciones que circularon informalmente en los últimos años. Las conversaciones nunca alcanzaron consenso y las vacantes quedaron abiertas. Ahora, con la sesión prevista para la semana próxima —que tratará al menos Presupuesto y Ley Fiscal—, la atención vuelve a concentrarse en la Legislatura.

Paridad y legitimidad: la presión que crece desde la sociedad civil

El documento difundido por Amnistía y acompañado por referentes del ámbito académico y judicial busca instalar un punto de consenso: que las vacantes se cubran con mujeres calificadas. “Apostar por la paridad en los más altos órganos de justicia no sólo es una cuestión de equidad, sino un paso indispensable para fortalecer la legitimidad democrática y la confianza pública en las instituciones”, afirmaron.

En el mismo sentido, señalaron que garantizar una integración paritaria “constituye una oportunidad decisiva para fortalecer la legitimidad democrática del Poder Judicial” y que cubrir las vacantes con mujeres “enviaría una señal clara de compromiso con la igualdad y con una justicia más representativa, legítima y acorde con las demandas de una ciudadanía que exige instituciones inclusivas, transparentes e igualitarias”.