Escándalo en el sur: Milei intervino el puerto en plena temporada alta

El Gobierno nacional avanzó con la intervención administrativa del Puerto de Ushuaia por un plazo inicial de 12 meses, con posibilidad de prórroga, en una decisión adoptada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) que sacudió a Tierra del Fuego en plena temporada alta de cruceros antárticos.

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La medida se conoció cuando la terminal opera al límite de su capacidad, en una temporada récord que ya superó los 100.000 cruceristas, con arribos programados hasta abril y un intenso movimiento de buques que parten y regresan desde la Antártida.

Las razones oficiales de la intervención

Desde la ANPyN explicaron que las inspecciones realizadas durante los últimos meses detectaron irregularidades financieras, desvíos de fondos y un progresivo deterioro de la infraestructura portuaria, con impacto directo en la seguridad y la operatoria diaria.

Según el organismo, el cuadro observado representaba un riesgo tanto para los trabajadores portuarios como para las embarcaciones que arriban a la ciudad más austral del país, una pieza clave del sistema logístico y turístico del sur argentino.

La resolución oficial, firmada por el director ejecutivo de la ANPyN, Iñaki Arreseygor, establece que la intervención tendrá vigencia por un año y será publicada este jueves en el Boletín Oficial, lo que habilitará su aplicación inmediata.

El rechazo de Melella y la respuesta provincial

La reacción en Tierra del Fuego fue inmediata. El gobernador Gustavo Melella rechazó la intervención y cuestionó duramente sus fundamentos. A través de la red social X, sostuvo que la medida “no tiene una justificación objetiva” y acusó al Gobierno nacional de avanzar sobre una competencia provincial.

El conflicto escaló desde la Dirección Provincial de Puertos, cuyo titular, Roberto Murcia, denunció que la decisión se apoya en “falsos pretextos técnicos” y la calificó como arbitraria y extorsiva. También apuntó contra una contradicción central de la resolución: primero suspende la habilitación del puerto y luego deja sin efecto esa suspensión para no afectar la operatoria.

Para la provincia, esa secuencia evidencia que la amenaza de inhabilitación fue utilizada como mecanismo de presión para justificar la intervención.

El rol de la ley provincial y el uso del superávit

El trasfondo del conflicto se remonta a una denuncia sindical y sectorial contra la Ley provincial N° 1596, que creó un fondo para cubrir la deuda de la obra social estatal OSEF mediante el uso del superávit del puerto.

La presentación fue impulsada por Juan Avellaneda, secretario general de la Unión de Personal Superior Ferroviario, quien cuestionó el destino de esos recursos y denunció un desvío de fondos.

Tras la intervención, Avellaneda quedará al frente de la gestión operativa del puerto, bajo la supervisión de directores y gerentes designados por la ANPyN, en un esquema que busca garantizar el control directo de la administración y el uso de los fondos.

Infraestructura deteriorada y fallas de seguridad

Desde la agencia nacional detallaron un panorama crítico sobre el estado físico del puerto. Las inspecciones detectaron faltante de pilotes en el sitio 3 del muelle, defensas visiblemente desgastadas, problemas estructurales en el tablestacado y deficiencias en la carpeta asfáltica.

A esto se suman fallas en los procedimientos administrativos y financieros, además de carencias en las condiciones básicas de seguridad operativa, en un puerto estratégico para el turismo internacional y la logística antártica.

Fondos, registros y una empresa bajo la lupa

La ANPyN también puso el foco en la falta de un registro claro y transparente de ingresos, egresos y compras, una tarea que, según el organismo, fue tercerizada en una empresa sin antecedentes en el sector portuario.

De acuerdo con los registros oficiales consultados, la firma figura habilitada para actividades comerciales ajenas al rubro, como la venta de paraguas, termos y pelucas, lo que encendió nuevas alarmas en la auditoría nacional.

Además, la agencia remarcó que la normativa vigente establece que los fondos del puerto deben destinarse exclusivamente a inversiones dentro de la terminal. Sin embargo, se constató que el 33% del presupuesto fue utilizado para subsidios provinciales, mientras que apenas el 1,3% se destinó a obras y servicios para mejorar la calidad operativa.

Tierra del Fuego irá a la Justicia

Desde el Gobierno fueguino anticiparon que judicializarán la intervención. Altas fuentes provinciales confirmaron que ya trabajan en una estrategia legal y denunciaron un “avasallamiento importante sobre la autonomía de la provincia”.

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La pulseada se da en un contexto sensible: Ushuaia es el puerto con mayor cantidad de recaladas de Argentina y Chile, con cerca de 600 arribos previstos, y la principal puerta de entrada a la Antártida, en plena temporada estival.