Mariana Portilla
La cuenta no cerró nunca. Ni en la calle, ni en los tribunales. La avanzada del intendente Nelson Sombra contra el campo de Azul terminó como muchos advertían desde el inicio: con un fallo demoledor, una ordenanza caída y un conflicto político que expone las costuras de una gestión cada vez más cuestionada.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata declaró la nulidad total de la llamada Tasa por Servicios Esenciales, el tributo que pretendía cobrar a los productores rurales el equivalente a un litro de gasoil por hectárea por mes.
La sentencia no dejó márgenes para interpretaciones benévolas. El tribunal hizo lugar al recurso de apelación de los productores y fulminó por completo las ordenanzas 4909/2023 y 4910/2023. No hubo “mitad válida” ni atajos legales: lo aprobado por el oficialismo local fue considerado inválido de punta a punta. Un revés jurídico que se traduce, además, en un golpe político directo al jefe comunal, que había defendido la tasa como una pieza clave de su esquema de financiamiento.
El fallo, firmado por los jueces Roberto Daniel Mora y Diego Fernando Ucín, fue claro: la ordenanza se sancionó sin cumplir el procedimiento agravado que exige la ley. En criollo, a Sombra le faltaron votos. Necesitaba 19 y consiguió 17. Poco para crear un tributo; suficiente, eso sí, para desatar un conflicto que escaló durante todo 2024 y sigue dejando esquirlas.
Detrás del expediente hay bronca acumulada. Y voces que no se callan. Cristina Boubee, productora agropecuaria y una de las referentes del grupo que impulsó la demanda, fue lapidaria en contacto con La Nación: “Él decía que con esta tasa iba a arreglar caminos, mejorar la salud y un montón de cosas más que al final no hizo ninguna”. La falta de respuestas del Ejecutivo local empujó a los productores a la calle. “Tomamos acción, pedimos entrevistas, pero nunca reaccionó. No nos atendió”, relató.
La resistencia fue concreta: el Municipio apenas logró recaudar el 40% de lo previsto en la primera cuota. Incluso entidades como la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) alertaron sobre la distorsión que generaba la tasa y el riesgo de asfixia para la actividad. El mensaje era claro: no había contraprestación directa y el gravamen se parecía más a un impuesto encubierto que a una tasa.
El abogado Jorge Eduardo Moroni, patrocinante de los productores, lo explicó sin vueltas: “Atacamos la ordenanza desde la nulidad por incumplir la Ley Orgánica de las Municipalidades hasta su propia inhabilidad como tasa, porque no existe un servicio directo a los campos. Se agotaba con la tasa vial. Por eso se asimilaba a un impuesto”.
El fallo abre ahora un frente aún más incómodo para el Palacio Municipal. Al declararse la nulidad sobre el 100% de lo liquidado, el Municipio deberá devolver lo cobrado a unos 80 productores, con explotaciones que van desde 90 hasta 8.000 hectáreas. Un problema de caja inmediato y un dolor de cabeza político que promete extenderse.
Pero la historia no termina ahí. Boubee confirmó que ya avanzan con una nueva acción judicial para exigir la rendición de cuentas municipales: “Queremos saber dónde está la plata. Los caminos siguen destruidos y se viene una cosecha mala por la sequía. Hay zonas donde no arreglaron un solo camino”, denunció.
Desde GRUPOLAPROVINCIA.COM venimos siguiendo de cerca la gestión de Sombra y el conflicto con el campo es apenas un capítulo más de un malestar que se acumula en Azul. Como ya informamos, vecinos y sectores productivos vienen señalando calles detonadas, caminos rurales intransitables, deterioro del espacio público, conflictos con trabajadores del hospital municipal, inseguridad creciente y una presión impositiva que ahoga al sector privado.
En septiembre pasado, ese hartazgo también se expresó en las urnas. Cada vez más voces coinciden en el diagnóstico: una gestión que promete más de lo que ejecuta.
