
La UTA advirtió que empresarios ponen en duda el pago del aguinaldo y declaró el estado de alerta
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La Justicia frenó la “Tasa por Servicios Esenciales” y dejó en evidencia que el intendente de Azul quiso cobrar un tributo aprobado sin la mayoría constitucional que exige la ley.
Política10 de diciembre de 2025
Mariana Portilla
El intendente de Azul, Nelson Sombra, sufrió un golpe político y judicial que retumba en toda la región. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata declaró inválida la “Tasa por Servicios Esenciales”, uno de los gravámenes más polémicos y cuestionados del 2024, que el jefe comunal impulsó "en su afán por recaudar", según denunciaron productores, ruralistas y hasta vecinos.
La resolución dejó en evidencia que las ordenanzas que creaban el tributo no alcanzaron la mayoría constitucional necesaria para aprobar impuestos municipales.
La Tasa por Servicios Esenciales fue blanco de críticas desde el primer día. El esquema hacía que cada campo pagara el equivalente a medio litro, tres cuartos o un litro de gasoil por hectárea, según el tipo de producción. La polémica se agravó al extender el tributo a los inmuebles rurales con el argumento de “equipararlos” a los frentistas urbanos.
Según la normativa, la tasa en cuestión se establecía por la prestación de los servicios de salud, educación, deporte, inclusión de la discapacidad, cultura, esparcimiento y transporte, y los servicios de ornato y señalética de calles, mantenimiento y conservación de plazas, paseos y parques infantiles.
Su monto se determinaría para los inmuebles urbanos, en una cantidad fija de litros de gasoil común (valor surtidor YPF) por unidad inmobiliaria urbana; y para los inmuebles rurales, en cambio, en una cantidad de litros del mismo combustible por cada hectárea del inmueble correspondiente.
La caída de la tasa no hizo más que profundizar un malestar que en Azul viene acumulándose desde el inicio de la gestión de Sombra. Como ya contamos en GRUPOLAPROVINCIA.COM, los vecinos, cansados de esperar respuestas, en septiembre expresaron en las urnas su hartazgo con una gestión que acusan de no tener rumbo. Las calles destruidas, los caminos rurales intransitables y el deterioro generalizado del espacio público reflejan —según denuncian— el abandono de una ciudad que alguna vez fue reconocida por su productividad y su organización.
A ese cuadro estructural se suman conflictos permanentes con los trabajadores del hospital municipal, un clima de inseguridad creciente y una presión impositiva que asfixia al sector privado. Cada vez más voces señalan que Sombra “solo reacciona en campaña” y que, mientras los problemas se acumulan, mantiene una planta política sobredimensionada que contrasta con la falta de obras y servicios básicos.
El Tribunal marplatense no discutió el contenido del tributo: simplemente determinó que la ordenanza es inválida porque fue aprobada sin los votos necesarios. La Constitución provincial exige mayoría absoluta del total de integrantes de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes: en el caso de Azul, 19 voluntades afirmativas.
Pero Sombra solo consiguió 17 votos. Una diferencia pequeña en los números, pero gigantesca en términos legales: sin esa mayoría agravada, la tasa es nula.
La Cámara lo expresó de forma contundente: no es lo mismo el quórum para sesionar que la mayoría necesaria para crear un tributo. Y Sombra, según el fallo, confundió ambos conceptos… o directamente decidió pasarlos por alto.
Bronca de productores rurales de Azul con Nelson Sombra.
El fallo revocó la decisión del Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Azul, que había declarado la “ilegitimidad” de la tasa pero solo había reducido su aplicación al 50%. Ahora, la Cámara fue más allá: la tasa queda totalmente sin efecto para los demandantes.
Esto no solo implica un triunfo para los productores que impulsaron la acción, sino un mazazo político para Sombra, que había defendido la medida a capa y espada y la sostenía como uno de los pilares de su estructura de financiamiento.
Aunque la sentencia no ordena devoluciones automáticas, quienes hayan pagado podrían reclamar la repetición del tributo, abriendo un nuevo flanco de conflicto para la gestión municipal.

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