La CGT negó el aval a la reforma laboral y acusó: “El Gobierno miente”

El co-secretario general de la CGT y titular del Sindicato del Vidrio, Cristian Jerónimo, tomó distancia del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei y lanzó un duro reproche público: aseguró que la Casa Rosada buscó atribuir a dirigentes de la central obrera un aval que, según él, no existe. La frase central fue contundente: “El Gobierno miente”.

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El cruce sobre la firma y el supuesto aval de Martínez

Según el Ejecutivo, el informe final del Consejo de Mayo incluye aportes y acuerdos de diversos actores sociales y gremiales que justificarían la presentación de una reforma laboral que, afirma la Casa Rosada, moderniza el mercado de trabajo. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó el documento y ratificó que el paquete de iniciativas saldrá al Congreso en sesiones extraordinarias.

La respuesta de la CGT sobre Gerardo Martínez

Jerónimo afirmó que la utilización del nombre de Gerardo Martínez —titular de UOCRA y delegado de la CGT en el Consejo de Mayo— para justificar el capítulo laboral es falsa: aseguró que Martínez no firmó el documento final y que, en las últimas reuniones, directamente no estuvo presente. Por eso sostuvo que la central no legitimó ese capítulo de la reforma.

Desde Casa Rosada, Manuel Adorni buscó minimizar la polémica: explicó que Martínez no participó de la última reunión por un problema de vuelo tras su regreso desde Washington, y calificó los encuentros con el dirigente como “amistosos” y “constructivos”. Además, Adorni subrayó que el texto de la reforma está terminado y que lo enviarán al Congreso para su debate.

El tono: cerrado pero sometido al debate legislativo

En conferencia, Adorni incluso puntualizó que “el proyecto está terminado” y que pasará a discusión legislativa, lo que abre la puerta a que el Congreso haga modificaciones durante el tratamiento de la iniciativa. Al mismo tiempo, remarcó que ciertas cuestiones gremiales, como el financiamiento sindical, se planean dejar para una segunda etapa normativa.

Cristian Jerónimo definió la iniciativa oficial como “totalmente regresiva” y dijo que, lejos de incentivar la formalización, la redacción difundida por el Gobierno atenta contra garantías laborales y no genera incentivos para la creación de empleo formal. Según Jerónimo, el debate que propone la Casa Rosada intenta cubrir problemas macroeconómicos con ajustes sobre los derechos de los trabajadores.

El foco sindical: empleo vs. derechos

El dirigente advirtió que el problema central de la Argentina, a su juicio, no son los derechos laborales sino la recesión económica que reduce la demanda de empleo; por eso rechazó reformas que, a su entender, precaricen condiciones laborales sin atacar el problema de fondo. Las críticas gremiales insisten en la necesidad de mesas de diálogo antes de cualquier cambio legal profundo.

La central obrera convocó a su Consejo Directivo para analizar los pasos a seguir y evaluará la posibilidad de medidas públicas, que podrían incluir una movilización, si la Casa Rosada insiste con el texto tal como fue presentado. Fuentes gremiales indican que la ausencia de Martínez fue tomada como un gesto político para marcar distancia y que eso alimentó la decisión de elevar la alerta interna.

Estrategias posibles: diálogo, presión y movilización

Dentro de la CGT analizan combinar presión pública con propuestas alternativas: pedir la apertura de una mesa de negociación tripartita (Gobierno, empresarios y sindicatos), reclamos puntuales sobre cláusulas que afectan indemnizaciones, jornada y negociación colectiva, y, como botón de ajuste, la movilización como forma de visibilizar su rechazo ante la opinión pública.

Qué incluye y qué descarta el informe oficial presentado por Casa Rosada

El informe del Consejo de Mayo es amplio y abarca reformas tributarias, fiscal, educativa y, entre sus conclusiones, propone una “reforma laboral moderna” orientada, según el texto oficial, a promover la formalización y ajustar normas que datan de décadas. El Ejecutivo acompañó la presentación con la promesa de enviar los proyectos al Parlamento para su tratamiento.

Si bien el Gobierno defiende la letra del proyecto laboral, Adorni aclaró que ciertos cambios vinculados al funcionamiento y financiamiento sindical quedarían para una segunda ley, y por ahora aseguró que no habría modificaciones en la obligatoriedad de los aportes que financian a los gremios. Esa aclaración buscó reducir la tensión con sectores que temen un vaciamiento de las estructuras sindicales.

Cómo impacta la disputa en la agenda legislativa y social

Con el texto listo según la Casa Rosada, la reforma laboral será uno de los puntos centrales del paquete que el Ejecutivo pretende debatir en sesiones extraordinarias. El cruce con la CGT y la falta de consenso muestran que el tratamiento legislativo no será mecánico: habrá debate público, presión gremial y negociaciones internas que marcarán el calendario político en las próximas semanas.

Si la CGT decide ejercer presión con movilizaciones o medidas de fuerza, la discusión se trasladará de la esfera técnica al espacio público, con impacto en la imagen del Gobierno y en la capacidad de encontrar acuerdos con gobernadores y bloques legislativos. En el empresariado, en tanto, existe interés en cambios que modernicen convenios, pero con pronunciamientos distintos según rubro y tamaño de empresa.

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El informe del Consejo de Mayo fue presentado por el Ejecutivo y sus proyectos están previstos para ser publicados y debatidos en el Congreso en sesiones extraordinarias en los próximos días. La CGT reunirá a su Consejo Directivo para definir respuestas tácticas (desde comunicación hasta eventuales movilizaciones).