CEAMSE, radares y acusaciones cruzadas: la trama judicial que involucra a Tapia, Camani y Yofe

La causa por presunta extorsión que impulsa el presidente de la AFA, Claudio Tapia, dio un giro clave en las últimas horas: el fiscal bonaerense Germán Camafreitas resolvió imputar formalmente al empresario Leandro Camani y al dirigente de la Coalición Cívica de Pilar, Matías Yofe, en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires.

La decisión judicial se adoptó en el marco de una investigación que busca determinar si existió un esquema de presiones vinculado al negocio de las fotomultas y a denuncias penales posteriores que, según la presentación de Tapia, habrían sido utilizadas como mecanismo de coacción.

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Según consta en la denuncia, el conflicto se habría originado luego de que Tapia —en su carácter de presidente de la CEAMSE— se negara a habilitar autorizaciones relacionadas con la instalación de cámaras de control de infracciones en el Camino del Buen Ayre.

Desde la defensa de Camani sostienen, sin embargo, que el CEAMSE no tiene competencia sobre las fotomultas en esa traza, ya que —afirman— dependen de los municipios por los que atraviesa. A partir de esa negativa, sostiene el titular de la AFA, comenzaron a activarse denuncias penales en su contra, entre ellas la vinculada a una supuesta mansión en Pilar atribuida a autoridades de la AFA.

En su declaración judicial, Tapia afirmó que Camani “transmitió un mensaje inequívoco de carácter intimidatorio, en el sentido que, si no accedía a habilitar el negocio de las fotomultas, se activarían falsas denuncias penales”.

Testimonios y nuevas líneas de investigación

El expediente incorporó en las últimas semanas una serie de testimonios que ampliaron el alcance de la pesquisa. Entre ellos, el del periodista Claudio Gabriel Ponce de León, quien declaró que Yofe le habría mencionado que Camani aportaba fondos para sostener acciones políticas y mediáticas.

Según esa declaración, el empresario habría ofrecido sumas de dinero vinculadas a campañas y a la promoción de denuncias contra distintos actores políticos y empresariales. El testigo también señaló que Camani financiaba parcialmente un espacio radial donde participaba Yofe.

En las actuaciones aparece mencionado además el abogado Pedro Aribe, quien, de acuerdo a testimonios incorporados, habría intervenido en gestiones vinculadas a pagos y contactos dentro de ese entramado.

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Fuentes judiciales indicaron que la fiscalía analiza posibles conexiones con empresarios y actores políticos de distritos como Morón, Pilar, La Plata y Merlo. No obstante, la investigación continúa en etapa preliminar y las responsabilidades deberán determinarse conforme avance la producción de prueba.

En paralelo, el juez de Garantías de San Isidro, Walter Saettone, aceptó a Tapia como particular damnificado en la causa, lo que le permite acceder al expediente y solicitar medidas de prueba.

El trasfondo: fotomultas, CEAMSE y disputas políticas

El caso no se limita a un conflicto individual. Se inscribe en un contexto más amplio de tensiones alrededor del sistema de radares y fotomultas en la provincia de Buenos Aires, un esquema que en los últimos años generó controversias administrativas y judiciales.

Camani es titular de la firma Secutrans S.A., proveedora de equipamiento para detección de infracciones viales. En distintos municipios —como Quilmes, Mar del Plata y San Isidro— el funcionamiento de radares fue objeto de cuestionamientos y suspensiones temporales.

En el plano político, la causa también se cruza con antecedentes recientes. La salida del ex ministro de Transporte bonaerense Jorge D'Onofrio se produjo en medio de denuncias vinculadas al sistema de fiscalización vehicular y fotomultas. Yofe había presentado denuncias contra el ex funcionario, con quien compartía distrito en Pilar.

Por otra parte, la investigación que involucra a Yofe se originó inicialmente a partir de la denuncia de un chofer del ex ministro. En ese marco, se ordenó el allanamiento de su domicilio el 2 de enero pasado. Días después, la propia Elisa Carrió reconoció en declaración judicial haberle sugerido a Yofe que arrojara su teléfono al mar tras enterarse del procedimiento.

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En las últimas semanas, la fiscalía detectó la activación de una tarjeta SIM asociada a la línea atribuida al dirigente, lo que motivó nuevas medidas de análisis técnico por parte de la Dirección de Análisis en la Investigación de las Comunicaciones (DAIC).

En paralelo, Camani presentó ante la Fiscalía General de San Isidro un planteo en el que denuncia “graves irregularidades procesales”, entre ellas la presunta falsificación de la firma de Tapia en la denuncia inicial, extremo que —según sostiene— estaría respaldado por un informe pericial caligráfico. La validez de ese informe y su impacto en la causa deberá ser evaluada por la Justicia.

La imputación formal por presunta extorsión agravada abre ahora una nueva etapa procesal. Tanto Camani como Yofe deberán presentarse a notificarse de la acusación mientras la fiscalía continúa recolectando prueba testimonial y documental para determinar si existió un esquema coordinado de exigencias previas seguido de denuncias penales como forma de presión.