Estafas, extorsiones y abuso digital: la oposición redobla la presión para prohibir celulares en cárceles bonaerenses

El fallo del Tribunal en lo Criminal N°4 de Morón que condenó a Orlando Tristán Novillo a 20 años de prisión por abuso sexual contra una menor, cometido íntegramente desde el penal de Florencio Varela, reconfiguró el debate político sobre el uso de celulares en cárceles bonaerenses. 

La sentencia acreditó un esquema sostenido de coacción digital, con manipulación psicológica, extorsión y amenazas que obligaron a la víctima a realizar actos sobre su propio cuerpo, lo que en términos legales fue considerado abuso sexual con acceso carnal.

El caso impactó de lleno en la agenda legislativa. El senador del PRO, Pablo Petrecca, retomó su planteo para prohibir dispositivos móviles en unidades penitenciarias y sostuvo que la resolución judicial marca “un antes y un después” en la comprensión de los delitos digitales.

“La Justicia reconoció que el abuso sexual puede existir incluso sin contacto físico, cuando hay manipulación, coerción y sometimiento a través de medios digitales”, afirmó en diálogo con la prensa.

Petrecca, que semanas atrás denunció haber sido víctima de una maniobra de suplantación de identidad gestada desde cárceles de Junín, vinculó ambos episodios con una misma falla estructural.

“Si un delincuente puede seguir cometiendo delitos desde prisión, el sistema está fallando. Si la virtualidad amplía el daño, el Estado debe cerrar ese canal”, planteó, al tiempo que insistió en que el uso de celulares configura un “verdadero call center del delito”.

Proyectos cruzados y un consenso incómodo

El endurecimiento discursivo del PRO se acopló a una presión más amplia. Durante su informe en el Congreso, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reclamó que la Legislatura bonaerense avance con los proyectos pendientes. “Un celular en manos de un preso es un arma”, sostuvo, al vincular la discusión con la implementación de dispositivos de bloqueo en cárceles federales.

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La ofensiva no es exclusiva de la oposición. Desde La Libertad Avanza, el diputado Oscar Liberman impulsó la denominada “ley Rodrigo”, respaldada por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. La iniciativa propone derogar el protocolo vigente desde la pandemia de 2020 y limitar las comunicaciones a dos horas diarias con contactos previamente autorizados y supervisados por el Servicio Penitenciario.

El proyecto toma como referencia el caso del soldado Rodrigo Gómez, quien se quitó la vida tras ser víctima de una extorsión telefónica organizada desde la cárcel de Magdalena. La investigación derivó en la detención de siete personas acusadas de integrar la red delictiva.

En paralelo, el Frente Renovador también avanzó con su propia propuesta. La senadora Malena Galmarini planteó la prohibición total de celulares y la instalación de inhibidores de señal. “El que está preso tiene que cumplir la condena que le impuso la Justicia, no seguir delinquiendo desde una celda”, afirmó, al advertir sobre el impacto de las estafas y amenazas en las víctimas.

El foco en el sistema penitenciario bonaerense

Más allá de las diferencias en los instrumentos, el diagnóstico empieza a converger. El esquema vigente, basado en un protocolo excepcional adoptado durante la pandemia para garantizar la comunicación ante la suspensión de visitas, continúa operativo sin una ley que lo respalde y alcanza a unos 49.000 detenidos.

En ese contexto, Petrecca propuso la creación de un Sistema de Comunicación Digital Supervisada (SCDS), una plataforma cerrada que reemplazaría los celulares personales y limitaría las interacciones a contactos verificados, sin acceso a redes sociales ni internet abierto. “Si no se actúa, las estafas siguen saliendo desde adentro. Es ahora”, enfatizó.

La iniciativa del PRO se suma a la presentada por el bloque Hechos – UCR Identidad, que también apunta a derogar el protocolo vigente y prohibir el ingreso y uso de dispositivos con conectividad en todas las unidades. El proyecto incluye la implementación de sistemas de inhibición y considera falta grave cualquier incumplimiento, sin descartar responsabilidades penales adicionales.

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El trasfondo es un aumento sostenido de delitos organizados desde el encierro. Investigaciones recientes expusieron estructuras que combinan operaciones intramuros con ejecución externa, utilizando celulares para coordinar estafas, extorsiones y amenazas.

En el caso de Junín, una banda integrada por internos utilizaba la imagen de Petrecca para engañar a comerciantes, en una maniobra que derivó en su denuncia ante la Justicia.

El fallo de Morón, con peritajes informáticos, testimonios y la declaración de la víctima en Cámara Gesell como sustento probatorio, terminó de instalar el tema en el centro del debate político. “Hay que prevenir y cortar el problema de raíz”, advirtió Petrecca.