La promesa de Milei contra la “maquinita” choca con una alerta por $8 billones en billetes antes de las elecciones
El movimiento del Banco Central reabre un flanco sensible para el oficialismo: en plena discusión sobre la economía real, la eventual llegada de más efectivo expone tensiones entre el discurso antiemisión, el calendario electoral y la necesidad de mostrar algo de alivio en la calle.
Pamela Orellana
La reciente alerta de que el Banco Central abrió una licitación para la provisión de 400 millones de billetes de $20.000, una operación que equivale a $8 billones nominales, volvió a poner bajo la lupa la política monetaria del Gobierno de Javier Milei.
El dato no solo impacta por la magnitud de la cifra. También genera ruido político por el cronograma informado: según explicó el periodista económico Mariano Gorodisch, los pliegos cerrarían el próximo 30 de junio y la producción se realizaría de manera escalonada entre abril y septiembre de 2027, es decir, en plena antesala de las elecciones presidenciales.
“El Banco Central va a imprimir 400 millones de billetes de $20.000, lo que va a totalizar 8 billones de pesos”, sostuvo Gorodisch en declaraciones televisivas. La frase encendió las alarmas en torno a una de las principales banderas del oficialismo: la promesa de terminar con la emisión y ordenar la economía a partir de una fuerte restricción monetaria.
Billetes nuevos en la previa electoral
El dato vuelve más incómodo el argumento oficial: no se trata de reponer billetes viejos ni de baja denominación, sino de producir billetes de $20.000, los de mayor valor actualmente en circulación y una de las incorporaciones más recientes del sistema.
En ese marco, el volumen de la licitación, el momento elegido y el calendario de entrega abren un interrogante político inevitable: por qué el Gobierno que hizo campaña contra “la maquinita” prepara una megaprovisión de efectivo justo antes de volver a las urnas.
El propio BCRA viene defendiendo la incorporación de billetes de mayor denominación bajo el argumento de la eficiencia operativa. La autoridad monetaria sostiene que los billetes de $20.000 permiten reducir costos de impresión, transporte, carga de cajeros automáticos y procesamiento en bancos, porque se necesita una menor cantidad de unidades para cubrir la misma demanda de efectivo.
La dependencia de imprentas extranjeras
El antecedente inmediato muestra una transformación más profunda: durante la gestión de Milei, la provisión de billetes pasó a depender cada vez más de licitaciones internacionales, mientras la Casa de Moneda fue intervenida y perdió peso en la producción local. En 2024, el Gobierno avanzó con la suspensión de la impresión de billetes en esa empresa estatal y justificó la decisión por costos, demoras y problemas de eficiencia.
Ese proceso abrió otro flanco sensible: la dependencia de proveedores extranjeros. En licitaciones anteriores, la empresa estatal china China Banknote Printing and Minting Corporation quedó posicionada como una de las principales proveedoras de billetes argentinos, con ofertas más bajas que competidores de otros países.
Ese antecedente alimenta la posibilidad de que una nueva partida de billetes termine nuevamente en manos de imprentas del exterior, particularmente de China. La posibilidad suma un condimento político adicional: mientras el oficialismo defiende el ajuste sobre estructuras estatales, una parte sensible de la provisión de dinero físico argentino podría volver a depender de proveedores extranjeros.
Efectivo, consumo e informalidad
La contradicción política es evidente. Mientras el Gobierno libertario insiste en presentar la baja de la inflación como prueba de éxito de su programa económico, el Banco Central prepara una enorme cantidad de efectivo para los meses previos a la elección presidencial.
En esa lectura, la mayor disponibilidad de efectivo podría ayudar a aceitar el consumo en el tramo final de la campaña: “El Gobierno lo que va a querer justo antes de las elecciones es que la gente tenga un poquito más de plata en el bolsillo”.
El contexto económico vuelve más sensible la discusión. La inflación viene desacelerándose y el último dato oficial mostró un índice mensual cercano al 2%, pero la economía real todavía arrastra salarios golpeados, consumo frágil, informalidad elevada y fuerte dependencia del efectivo en numerosos comercios.
En ese escenario, la llegada de más billetes no es un dato neutro. En Argentina, el efectivo sigue siendo una herramienta central para operaciones informales, descuentos por pago contado y circuitos comerciales que buscan esquivar costos tributarios o financieros asociados a los medios electrónicos.
Por eso, una mayor disponibilidad de billetes de alta denominación puede facilitar transacciones cotidianas, pero también fortalecer una economía en negro que el propio Estado dice querer reducir.
La licitación, entonces, condensa varias tensiones del modelo libertario: ajuste fiscal, promesa de emisión cero, dependencia de proveedores extranjeros, debilitamiento de capacidades estatales locales y necesidad política de llegar a la elección con algo más de movimiento en la calle.
A un año de las presidenciales, el Gobierno enfrenta una pregunta incómoda: si el plan económico es tan sólido como afirma, por qué necesita preparar una masa de efectivo de $8 billones justo para la etapa más caliente del calendario electoral.
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