Crece la tensión: movimientos sociales amenazan con cortes de ruta

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Bloque Piquetero y Territorios en Lucha resolvieron avanzar con un plan de protesta escalonado contra las políticas sociales y económicas del gobierno de Javier Milei. La medida contempla cortes de ruta en todo el país, incluso por tiempo indeterminado, si el Poder Ejecutivo no cumple con la cautelar judicial que mantiene vigente el programa Volver al Trabajo.

La definición fue adoptada en asambleas realizadas el 9 de junio frente a sedes de las secretarías de Trabajo de distintos puntos del país. Allí, las organizaciones coincidieron en sostener una agenda común bajo la consigna “Trabajo sin salario es esclavitud” y en preparar acciones de mayor alcance para las próximas semanas.

El secretario general de la UTEP y dirigente del Movimiento Evita, Alejandro Gramajo, describió la situación como “una emergencia social desbordante”. Desde esa caracterización, la organización planteó una estrategia con dos ejes principales: la defensa de los programas sociales y la articulación con centrales sindicales para construir un plan de lucha más amplio.

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La disputa por Volver al Trabajo

El punto más inmediato del conflicto es el programa Volver al Trabajo, una de las herramientas que continuaron al Potenciar Trabajo. Su continuidad quedó sostenida por una medida cautelar dictada por el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, que ordenó al Gobierno mantener los pagos mientras se define la cuestión de fondo.

El fallo fue apelado por el Gobierno y la causa pasó a ser analizada por la Cámara Federal de San Martín. Hasta el momento, la resolución judicial impidió el cierre del programa y obligó al Ministerio de Capital Humano a seguir abonando la asistencia a más de 926.000 beneficiarios.

Los titulares del programa perciben $78.000 mensuales, un monto que permanece congelado desde el inicio de la gestión libertaria. Las organizaciones reclaman que ese ingreso sea actualizado y quede atado al salario mínimo, vital y móvil.

La UTEP advirtió que, si la cautelar no se cumple, activará cortes de ruta en distintos puntos del país. En algunos casos, esas medidas podrían extenderse por tiempo indeterminado. Desde la cartera de Sandra Pettovello sostienen que no incumplirán la orden judicial.

Si los pagos continúan, las organizaciones definirán en los primeros días de julio el formato de una nueva jornada de protesta. La intensidad de esa medida dependerá del escenario que se abra con la resolución judicial y la respuesta del Gobierno.

El puente con la CGT y las CTA

El reclamo de los movimientos sociales también busca proyectarse hacia una coordinación mayor con el sindicalismo. El 18 de junio, en la sede histórica de la CGT, en Azopardo al 800, el triunvirato integrado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello recibió a Gramajo.

Luego, la central obrera mantuvo un encuentro con los titulares de las dos ramas de la CTA, Hugo Yasky y Hugo Godoy. También participaron confederaciones como la COSITMECOS, la CATT, la CASIA, la CSIRA y la CATHEDA, además de gremios docentes universitarios.

En esas reuniones se compartió un diagnóstico crítico sobre el rumbo económico. Las organizaciones señalaron el debilitamiento del entramado industrial, la pérdida de puestos de trabajo y el deterioro del poder adquisitivo como parte de un mismo cuadro social.

La CGT, por ahora, busca administrar los tiempos de una eventual medida de fuerza general y se inclina por un esquema gradual. La idea es que cada sector pueda ordenar sus reclamos y sumarlos a una estrategia común.

Otros dirigentes, entre ellos Roberto Baradel, Daniel Catalano, Hugo Yasky y Hugo Godoy, plantean la necesidad de acelerar la presencia en la calle. En ese marco, la UTEP proyecta una marcha federal que recorra provincias durante varias semanas y culmine en un lugar simbólico de las luchas populares, con la posibilidad de desembocar en un nuevo paro general antes de fin de año.

Las primeras fechas de protesta

El cronograma tendrá una primera instancia el 26 de junio, cuando las organizaciones sociales participen del acto por un nuevo aniversario de los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, militantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD), ocurridos en 2002 en el Puente Pueyrredón.

Además, en los próximos días algunas organizaciones prevén recorrer comercios y supermercados para pedir alimentos. La iniciativa se vincula con la escasez que, según advierten, atraviesan los barrios populares.

Otra fecha clave será el 7 de agosto, día del Patrono del Trabajo. Para esa jornada, la UTEP prepara una movilización de fuerte contenido simbólico, al cumplirse 10 años de la primera marcha de San Cayetano realizada durante el gobierno de Mauricio Macri y acompañada por el fallecido Papa Francisco.

La organización busca que esa convocatoria reúna a sectores gremiales, estudiantiles, del feminismo y del movimiento de Derechos Humanos. También mantiene diálogo con la Iglesia, que históricamente acompañó la marcha de los trabajadores de la economía popular desde San Cayetano hasta Plaza de Mayo.

Los datos sociales detrás del reclamo

Las organizaciones enmarcan el plan de lucha en un escenario de deterioro de las condiciones de vida. Un relevamiento de Libres del Sur en barrios populares de la provincia de Buenos Aires señala que el 86% de los hogares se encuentra en situación de estrés económico.

El mismo informe indica que el 77% de las familias dejó de consumir lácteos, carnes, verduras y cereales por falta de dinero, mientras que 4 de cada 10 familias comen menos para poder afrontar deudas. También advierte que 8 de cada 10 jubilados aseguran que sus ingresos no alcanzan para alimentarse y que el 66% de las familias suprime comidas.

Esteban “Gringo” Castro, ex secretario general de la UTEP y uno de los dirigentes que realizó una semana de ayuno frente a la Casa Rosada, cuestionó el rumbo económico del Gobierno. “El Gobierno no para de ajustar, no hay límite para el ajuste. Los salarios siempre van abajo de la inflación”, afirmó.

Castro también vinculó la pérdida de ingresos con el aumento de tarifas y el encarecimiento de los productos básicos. “La mejor estrategia para que el salario te rinda es tener la comida barata y, por supuesto, tarifas accesibles. Son todas las cosas que no tiene nuestro pueblo”, sostuvo. Además, resumió el impacto sobre la vida cotidiana: “Tenés que hacer dos, tres, cuatro trabajos para poder vivir”.

La discusión también llegó al plano internacional. En la reciente reunión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Suiza, las delegaciones argentinas actuaron de manera coordinada y cuestionaron lo que consideran intentos del Gobierno por desmantelar el sistema de relaciones laborales vigente.

Situación de calle y déficit habitacional

El diagnóstico social que sostienen los movimientos también incluye la situación habitacional. Un informe técnico sobre situación de calle en Argentina, publicado este mes por la Fundación para el Desarrollo Humano Integral, advierte que cambió el perfil de quienes llegan a la calle.

Según el documento, ya no se trata únicamente de varones adultos solos, como ocurría históricamente. Los referentes territoriales consultados también identificaron familias enteras de varias generaciones, adultos mayores jubilados sin ingresos, mujeres víctimas de violencia y jóvenes desvinculados de sus entornos familiares.

El informe ubica como causa más frecuente la imposibilidad de pagar alquileres, en un contexto de desocupación y falta de oportunidades laborales. También señala que solo el 14,75% de las personas en situación de calle terminó el secundario, que el 61,5% no recibe asistencia económica estatal y que cerca del 54% sufrió violencia desde que está en la calle.

A ese panorama se suma que 1 de cada 2 hogares en Argentina presenta algún tipo de problema habitacional. El relevamiento marca, además, un 14,19% de déficit compuesto, cuantitativo y cualitativo.

El documento sostiene que la Ley Nacional 27.654 de Situación de Calle y Familias sin Techo, sancionada por el Congreso el 9 de diciembre de 2021, significó un avance al reconocer a estas personas como sujetos de derecho. Sin embargo, advierte que su implementación es débil por la falta de lineamientos operativos homogéneos y de financiamiento.

También cuestiona los efectos del Decreto 373/2025, que trasladó a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires gran parte de las responsabilidades de ejecución. Según el informe, esa decisión puede profundizar desigualdades territoriales.

Con ese telón de fondo, la UTEP y las organizaciones piqueteras buscan sostener una agenda de presión sobre el Gobierno. El desenlace dependerá, en el corto plazo, del cumplimiento de la cautelar por Volver al Trabajo y de la capacidad de articular una respuesta común con otros sectores sindicales y sociales.