El RIGI bonaerense sale del papel y empieza a jugar en la carrera por los grandes proyectos

El Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas (RPIE), la herramienta que Axel Kicillof puso en marcha para competir por grandes desembolsos privados sin copiar el esquema nacional de Javier Milei, empieza a mostrar sus primeros movimientos concretos.

Según información oficial, tres empresas de los sectores alimentos, siderurgia y petroquímica ya iniciaron el proceso de adhesión al programa bonaerense, con inversiones estimadas en alrededor de USD 2.700 millones.

El dato no cae en cualquier momento. La discusión por los incentivos a las grandes inversiones sigue abierta en la Argentina, mientras el Gobierno nacional busca ampliar su Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) bajo la figura de un “súper RIGI”. En paralelo, la administración bonaerense intenta instalar otra lógica: beneficios fiscales, sí, pero atados a empleo, proveedores locales, transferencia tecnológica, exportaciones, innovación y desarrollo territorial.

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El régimen fue aprobado el 14 de noviembre de 2024 y terminó de activarse en febrero de este año, con la publicación del reglamento operativo que habilitó la inscripción de proyectos. Las empresas podrán presentar propuestas hasta noviembre de 2027. La autoridad de aplicación está bajo la órbita del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, que conduce Augusto Costa.

Incentivos, pero con exigencias

A diferencia del RIGI nacional, el RPIE no se presenta solo como una puerta de entrada para capitales de gran escala. En la mirada del Gobierno bonaerense, el punto central es orientar esas inversiones hacia objetivos productivos de la Provincia: generación de valor agregado, empleo de calidad, fortalecimiento del entramado pyme, sustitución de importaciones, aumento de exportaciones y reducción de desequilibrios territoriales.

El esquema contempla exenciones parciales en Ingresos Brutos, Inmobiliario y Sellos para proyectos desde USD 5 millones. Las inversiones de entre USD 5 millones y USD 50 millones pueden acceder a un 30% de exención durante cinco años. Para las de entre USD 50 millones y USD 200 millones, el beneficio llega al 25% durante cuatro años. En los proyectos superiores a USD 200 millones, la exención es del 20% durante tres años.

También hay incentivos adicionales. Las iniciativas que incrementen empleo, sustituyan importaciones, impulsen innovación tecnológica o se radiquen en zonas de bajos ingresos o parques industriales pueden sumar un 10% extra y dos años más de plazo. Aquellas que aumenten exportaciones, adopten políticas de género o incorporen sostenibilidad ambiental pueden acceder a otro 5% y un año adicional.

Uno de los puntos que más diferencia al programa bonaerense es la obligación de mirar hacia el entramado local. Los proyectos superiores a USD 50 millones deben presentar un programa de desarrollo de proveedores bonaerenses y contemplar, de manera progresiva, que al menos el 50% de las contrataciones se destine a empresas radicadas en la Provincia.

La pulseada con el esquema nacional

La creación del régimen provincial quedó atravesada por la pelea política que abrió el RIGI nacional durante 2024. Desde el Ejecutivo bonaerense sostienen que la falta de adhesión específica al esquema de Milei no impide que las inversiones reciban beneficios federales, ya que el régimen nacional opera sobre tributos y regulaciones de alcance nacional. Bajo esa lectura, el RPIE funciona como una herramienta complementaria para alinear incentivos con prioridades bonaerenses.

La oposición, en cambio, cuestionó desde el inicio la decisión de Kicillof de no adherir al régimen aprobado por el Congreso. En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el diputado bonaerense de la Coalición Cívica Luciano Bugallo sostuvo tiempo atrás que la negativa respondía a una definición ideológica y vinculó esa postura con la pérdida de la inversión de la planta de GNL en Bahía Blanca. “Kicillof es el incompetente más caro de la política argentina”, disparó.

También la diputada nacional del PRO Florencia De Sensi cuestionó la falta de adhesión al RIGI nacional y advirtió que esa decisión podía limitar la llegada de capitales privados capaces de generar empleo y actividad económica.

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En el entorno del gobernador rechazan esa lectura. Allí descartan que la falta de adhesión formal haya incidido en el frustrado desarrollo conjunto entre YPF y Petronas para una planta de GNL en Bahía Blanca, y remarcan que Buenos Aires busca competir con un esquema propio, más selectivo y con auditorías periódicas.

Proyectos y agenda internacional

Uno de los casos que aparece en el radar es Sidersa, que emitió obligaciones negociables por USD 50 millones para financiar Sidersa+, una planta ubicada en San Nicolás de los Arroyos. La inversión estimada asciende a USD 300 millones, con inicio de puesta en producción previsto para 2028. 

La empresa informó que el complejo industrial también se encuentra en proceso para ser incluido en el RPIE, además de estar comprendido por la adhesión al RIGI por parte de la Municipalidad de San Nicolás. En ese contexto, participó de una ronda de negocios organizada en mayo por la Provincia en Ramallo.

La apuesta por el régimen provincial también formó parte de la agenda internacional de Kicillof. En abril, durante su gira por España, el gobernador encabezó un encuentro con empresarios de sectores energético, tecnológico, alimenticio, de entretenimiento y fondos de inversión interesados en el programa bonaerense.

Allí buscó transmitir previsibilidad en medio de la volatilidad argentina. “Llevamos más de seis años gobernando la provincia de Buenos Aires, que reúne al 40% de los argentinos y representa al motor de la industria, el agro y la actividad económica de nuestro país”, sostuvo.