El drama alimentario llega a sectores medios y la Iglesia activa gestiones con Provincia

La crisis social volvió a poner a la Iglesia Católica en el centro de la escena bonaerense. En una provincia donde parroquias, Cáritas, comedores, organizaciones comunitarias y municipios sostienen buena parte de la contención cotidiana, los últimos encuentros entre referentes eclesiásticos, funcionarios provinciales y movimientos sociales dejaron un diagnóstico compartido: la demanda crece, los recursos no alcanzan y el deterioro ya no se limita a los sectores más postergados.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, recibió al arzobispo de La Plata, monseñor Gustavo Carrara, y al presidente de la Comisión Episcopal de Cáritas y obispo de Quilmes, Carlos Tissera. También participaron autoridades de Cáritas Región Buenos Aires.

La reunión sirvió para revisar el trabajo conjunto entre la Provincia, las diócesis y las organizaciones eclesiásticas, pero también para poner sobre la mesa una advertencia que preocupa en La Plata: hasta familias que envían a sus hijos a colegios episcopales estarían pidiendo asistencia para cubrir comidas diarias.

Tras el encuentro, Larroque destacó: “Realizamos un balance del trabajo articulado que llevamos adelante y evaluamos el refuerzo de distintas políticas sociales ante la crítica situación que atraviesa nuestra comunidad”.

Y agregó que, “por decisión del gobernador Axel Kicillof, seguimos fortaleciendo la cooperación con las organizaciones eclesiásticas y comunitarias para sostener y ampliar la respuesta del Estado en toda la provincia”.

Comedores, niñez y escuelas parroquiales

La agenda entre Desarrollo de la Comunidad, Cáritas y las diócesis bonaerenses incluye políticas de niñez y adolescencia, programas alimentarios, espacios comunitarios, dispositivos de acompañamiento para personas en situación de vulnerabilidad y proyectos de integración social y acceso al hábitat.

En ese mismo marco, también se repasaron las acciones del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia junto a diócesis, parroquias y organizaciones religiosas para la promoción y protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes.

El cuadro que trasladó la Iglesia fue severo. Según describió la subsecretaria de Políticas Sociales, Bernarda Meglia, los referentes eclesiásticos observan una situación “muy compleja”, con espacios comunitarios que, por la falta de actualización de fondos nacionales, estarían “al borde de cerrar”. La funcionaria también advirtió que el deterioro alcanza a dispositivos vinculados a Sedronar y que la presión sobre Cáritas se volvió más intensa que en otros momentos de ajuste.

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“Explota la demanda de familias e incluso las familias de pibes que van a las escuelas parroquiales”, señaló Meglia. En paralelo, valoró que la Provincia haya avanzado con aumentos del 25% en programas sociales y que desde julio esa actualización alcance también a iniciativas destinadas a personas adultas mayores y con discapacidad.

“No es suficiente, pero dan un poco de aire y, a medida que tenemos cupo, vamos ampliando las becas de los distintos programas”, sostuvo. La articulación podría tener un capítulo de mayor peso político: en ese marco, se prevé un encuentro entre referentes de la Iglesia y el gobernador Kicillof.

La UTEP llevó su alerta a la Conferencia Episcopal

La preocupación no quedó limitada a la relación entre Provincia y Cáritas. La mesa ejecutiva de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular se reunió con monseñor Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, para transmitir su mirada sobre la situación en los barrios populares.

Durante el encuentro, la UTEP alertó sobre el efecto “olla a presión” que, según la organización, producen las dificultades de los trabajadores, el endeudamiento personal, la creciente presencia del narcotráfico, el aumento de las adicciones y los problemas de salud mental.

El secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, fue directo: “Mientras el gobierno nos miente diciendo que Argentina está creciendo, en nuestros barrios lo único que crece es el narcotráfico y las adicciones”.

Gramajo también vinculó el deterioro social con el estancamiento de ingresos y el impacto sobre la vida familiar. “Antes, los trabajadores incluidos tenían salarios que competían con la inflación. Hoy el gobierno tiene los salarios pisados y eso nos empuja a todos para abajo”, planteó. Y agregó que esa situación genera “una economía estancada y problemas cada vez más frecuentes de endeudamiento y una salud mental cada vez más comprometida”.

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El mapa de la fe como red de contención

El movimiento de la Iglesia se inscribe en una trama más amplia. La semana pasada, el gobierno bonaerense puso en marcha el Observatorio de las Religiones, bajo la órbita de la Jefatura de Asesores que encabeza Cristina Álvarez Rodríguez y con coordinación de la Dirección de Cultos, a cargo de Juan Torreiro. La herramienta buscará relevar la diversidad de credos en los 135 municipios y construir un mapa georreferenciado de comunidades religiosas.

La Provincia concentra 19 de los 72 obispados del país, el 25% de los templos católicos y más del 40% de las inscripciones vigentes en el Registro Nacional de Cultos para religiones no católicas. Torreiro explicó que el primer paso será enviar este semestre un formulario a los municipios para identificar actores religiosos, registrar patrimonio local y relevar experiencias de convivencia.

Ese vínculo entre Estado, iglesias y territorio ya venía creciendo. A comienzos de mayo, Colombo recibió al ministro Gabriel Katopodis, el diputado provincial Mariano Cascallares y a intendentes como Mariel Fernández, Fernando Espinoza, Ariel Sujarchuk y Andrés Watson. Allí, Katopodis advirtió sobre la necesidad de sostener a los barrios y a “la clase media que está al borde del colapso”: “Lo que abandonan lo están sosteniendo las parroquias, las organizaciones, los municipios con un esfuerzo tremendo”.