Revés judicial para el Gobierno: deberá reparar tres rutas nacionales por su grave deterioro
La Justicia Federal de Venado Tuerto hizo lugar a un amparo por el estado de las rutas 7, 8 y 33 en el sur de Santa Fe. El fallo exige una intervención integral y urgente y establece que el Estado nacional no puede desligarse de su responsabilidad por cambios en las concesiones.
Juan Manuel Villarreal
La Justicia Federal de Venado Tuerto ordenó al Estado nacional avanzar con la reparación integral, inmediata y urgente de los tramos de las rutas nacionales 7, 8 y 33 que atraviesan el departamento General López, en el sur de la provincia de Santa Fe.
La decisión fue adoptada por el juez federal Aurelio Antonio Cuello Murúa, quien hizo lugar a una acción de amparo presentada por la senadora provincial Leticia Di Gregorio contra la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
El magistrado consideró probado el grave deterioro de las calzadas y el incumplimiento de los deberes de conservación y mantenimiento. El objetivo de la medida es recuperar condiciones adecuadas de transitabilidad y resguardar la seguridad de quienes circulan diariamente por esos corredores.
El fallo también establece que el Estado nacional no puede desligarse de su responsabilidad argumentando modificaciones en las concesiones de las rutas o cambios en las empresas encargadas de los corredores.
Grietas, hundimientos y baches en la Ruta 33
Uno de los puntos centrales de la resolución es el estado de la Ruta Nacional 33. Las pruebas incorporadas al expediente documentaron la existencia de grietas, hundimientos, baches y ahuellamientos que representan un riesgo para los usuarios.
La propia documentación de Vialidad había reconocido que la ruta requería una intervención urgente. A partir de ese diagnóstico se realizó una licitación que fue adjudicada a la empresa Rovial S.A. para avanzar con trabajos sobre la calzada.
Sin embargo, las tareas no pudieron completarse debido a que no fueron autorizadas las partidas presupuestarias necesarias para su continuidad.
También se realizaron trabajos de bacheo en frío entre Venado Tuerto y Murphy, pero el juez consideró que esas intervenciones fueron insuficientes frente a la magnitud del deterioro detectado.
Las fotografías incorporadas al expediente por la propia Dirección Nacional de Vialidad también fueron tomadas en cuenta para acreditar las condiciones de la traza.
Los incumplimientos detectados en las rutas 7 y 8
La sentencia también analizó la situación de las rutas nacionales 7 y 8, que estaban bajo concesión de Corredores Viales S.A.
En el caso de la Ruta 7, se acreditaron intervenciones de bacheo, aunque el fallo señaló que no pudo comprobarse la existencia de trabajos de mantenimiento sostenidos a lo largo de la totalidad del tramo que atraviesa el departamento General López.
Sobre la Ruta 8, la documentación incorporada a la causa mostró que Vialidad había confeccionado 55 actas de constatación por incumplimientos contractuales de la concesionaria.
La empresa había acreditado trabajos en los kilómetros 359 a 362, pero esas tareas fueron consideradas insuficientes para garantizar las condiciones de seguridad y mantenimiento necesarias en el corredor.
El juez rechazó además el planteo según el cual las obligaciones de la concesionaria no comprendían tareas de repavimentación y sostuvo que existían responsabilidades concretas vinculadas con la mejora, reparación y mantenimiento de las rutas.
El Estado deberá garantizar las obras
Uno de los aspectos centrales del fallo es la responsabilidad que mantiene el Estado nacional sobre la red vial, independientemente del esquema utilizado para administrar cada corredor.
La sentencia determinó que los cambios de concesionarias o las transiciones administrativas no pueden convertirse en un obstáculo para cumplir con la obligación de garantizar la seguridad de quienes utilizan las rutas.
Por eso, las reparaciones deberán ser garantizadas por el Estado nacional, ya sea directamente mediante Vialidad Nacional, a través del organismo que eventualmente asuma esas competencias o por intermedio de las empresas concesionarias correspondientes.
El magistrado vinculó el deterioro vial con derechos como la libre circulación, la salud, la vida y la seguridad de los usuarios y consideró acreditada una situación que requiere una intervención urgente.
La resolución ordena que las obras permitan recuperar la “transitabilidad plena” de las rutas nacionales 7, 8 y 33 en los sectores que atraviesan General López.
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