Bienes, dólares y criptomonedas: qué deberá justificar Adorni ante la Justicia
Juan Manuel Villarreal
El fiscal federal Gerardo Pollicita intimó a Manuel Adorni a justificar distintos aspectos de su patrimonio en el marco de la causa en la que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. El requerimiento fue presentado ante el juez federal Ariel Lijo, consta de 207 fojas e incluye 20 puntos que el ex jefe de Gabinete deberá responder dentro de un plazo de 15 días.
La medida se apoya en el análisis de documentación patrimonial, bancaria, fiscal, registral y financiera, junto con informes vinculados a activos virtuales y declaraciones testimoniales. A partir de ese material, la fiscalía consideró que existen inconsistencias que requieren una explicación sobre el origen y la evolución de parte de los bienes y gastos del grupo familiar.
El período analizado comienza el 14 de diciembre de 2023, cuando Adorni ingresó a la función pública nacional, y se extiende hasta el 27 de junio de 2026, fecha de su renuncia. Durante ese lapso se contabilizaron 35 haberes percibidos por el exfuncionario, además de los ingresos comprobados de su esposa, Bettina Angeletti.
La diferencia entre ingresos y gastos
De acuerdo con la reconstrucción incorporada al expediente, los ingresos comprobados del grupo familiar alcanzaron los $229.752.283,20. En ese mismo período, los gastos registrados por seguros automotores, expensas, electrodomésticos, servicios, impuestos, viajes y tarjetas de crédito ascendieron a $272.820.832,20.
La diferencia determinada por la fiscalía es de $43.068.549. A ese monto se agregan desembolsos por USD 402.578,12 vinculados, entre otros conceptos, con viajes, alquileres, operaciones inmobiliarias, refacciones y mobiliario.
El requerimiento busca que Adorni aporte documentación y explicaciones sobre la procedencia de esos fondos y sobre distintas operaciones que, de acuerdo con la investigación, todavía no encuentran correlato suficiente con los ingresos lícitos comprobados.
Propiedades y una refacción por USD 245.000
Una parte central de la intimación está vinculada con operaciones inmobiliarias. La fiscalía reclama precisiones sobre la compra de un inmueble en el Country Indio Cuá, el origen del dinero utilizado para adquirirlo y los motivos por los cuales el terreno y la vivienda figuran a nombre de Bettina Angeletti.

También se deberán justificar USD 245.000 que, según la investigación, fueron abonados al contratista Matías Tabar por la refacción integral de esa vivienda. El requerimiento solicita individualizar la procedencia de las sumas y presentar documentación que respalde los pagos.
Otro de los puntos alcanza al departamento ubicado en Miró 550, en el barrio porteño de Caballito. La fiscalía pretende determinar de dónde provinieron los fondos empleados para su adquisición, para las mejoras realizadas y para el mobiliario, que habría sido abonado en dólares y en efectivo.
Dólares, terceros y criptomonedas
Adorni deberá además explicar el origen de los dólares en efectivo que declaró patrimonialmente. Para hacerlo, tendrá que precisar las operaciones mediante las cuales obtuvo esas divisas y aportar información sobre fechas, montos y trazabilidad bancaria, bursátil o registral.
La fiscalía también puso el foco en pagos y compras realizadas mediante terceras personas. El requerimiento apunta a establecer por qué integrantes del entorno del exfuncionario habrían intervenido en la adquisición de bienes o en la cancelación de gastos cuyo destinatario final era el grupo familiar, además de determinar cómo se efectuaron eventuales reintegros.
Las operaciones con criptomonedas constituyen otro de los ejes. Adorni deberá informar cómo obtuvo el capital con el que comenzó a operar con activos virtuales y detallar sus movimientos. La investigación también contempla cuentas incorporadas posteriormente a declaraciones juradas rectificativas y otros activos detectados durante las medidas de prueba.
Entre las cuestiones a responder aparecen además movimientos bancarios y financieros, acreditaciones no salariales en su cuenta sueldo, préstamos atribuidos a familiares, consumos con tarjetas vinculadas a terceros, deudas bancarias, honorarios notariales y comprobantes que no pudieron ser conciliados con los medios de pago identificados durante la pesquisa.
Qué puede ocurrir después de la respuesta
La investigación comenzó a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano y posteriormente sumó ampliaciones, entre ellas una presentada por los diputados Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro.
El requerimiento de justificación patrimonial constituye una instancia dentro de la investigación. Una vez que Adorni presente su respuesta y la documentación correspondiente, la fiscalía deberá evaluar si las explicaciones resultan suficientes frente a las inconsistencias detectadas.
Si la justificación no satisface los interrogantes planteados, Pollicita podrá avanzar con un pedido de declaración indagatoria ante el juez Ariel Lijo, quien deberá resolver eventualmente si corresponde convocar al exfuncionario.

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