Judiciales alertan por una “crisis estructural” en el Fuero de Familia bonaerense
En medio de la pulseada legislativa por el Presupuesto 2026, la Ley Fiscal y la Ley de Financiamiento, claves para la recomposición salarial de estatales, docentes y judiciales, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) volvió a encender las alarmas sobre la situación crítica que atraviesa el sector.
Este martes, el gremio difundió un informe elaborado por el Centro de Investigación y Formación (CIyF-AJB), que revela un deterioro profundo y sostenido del Fuero de Familia: causas que se multiplican, recursos que no acompañan y un déficit que se agrava año tras año.
El relevamiento, basado en estadísticas oficiales de la Suprema Corte, describe un escenario crítico en un fuero clave que interviene en situaciones de violencia, niñez, alimentos, salud, género y cuidado parental. Según el informe, la presión actual “amenaza tanto la calidad del acceso a la justicia como las condiciones laborales de quienes lo sostienen día a día”.
Causas que explotan y un mapa de desigualdad creciente
Los números son contundentes. En 2024 ingresaron 300.261 causas: una leve baja del 7,7% respecto de 2023, pero por tercer año consecutivo por encima de las 300 mil. El salto histórico es descomunal: en 2010 las causas apenas superaban las 41 mil. El incremento acumulado en 14 años es del 626%.
Los picos se dieron en 2022 y 2023, mientras que la baja de 2024 resulta insuficiente para compensar años de crecimiento acelerado. Y la presión no es pareja: Avellaneda–Lanús (+379%), Morón (+297%), Florencio Varela (+295%) y San Isidro (+260%) concentran los mayores incrementos en la última década.
En el corto plazo, el fenómeno también pega fuerte. Entre 2023 y 2024, Escobar creció un 90%, Pehuajó un 47% y Moreno–General Rodríguez un 8%. El mapa es claro: donde ya había sobrecarga, ahora hay saturación. El promedio provincial por juzgado en 2024 fue de 2634 causas, pero cinco sedes lo duplican o triplican:
Escobar (Zárate–Campana) llegó a 7383 expedientes.
Moreno–General Rodríguez, a 5353.
Zárate–Campana, a 4478.
Tigre (San Isidro), a 4114.
La Plata, a 3740.
Un nivel de litigiosidad así, advierte el informe, convierte la atención judicial en una carrera contra el tiempo.
Falta de personal, juzgados sin habilitar y decisiones políticas postergadas
Entre 2010 y 2024 la planta de personal creció solo un 143%, muy por debajo del aumento de causas. Entre 2020 y 2024 se sumaron 393 trabajadores, pero el 72% se destinó a abrir 15 nuevos juzgados. Solo un 28% reforzó estructuras existentes.
Además, 25 juzgados perdieron personal, 14 no tuvieron cambios y 17 cargos de magistrados siguen vacantes, algunos incluso sin suplentes ni subrogantes.
El diagnóstico se agrava con otro dato alarmante: si bien existen 114 juzgados de Familia en funcionamiento, hay 12 más creados por ley que nunca fueron habilitados, ubicados en zonas críticas como San Miguel, Tigre, Merlo, Berazategui, Saladillo y Bahía Blanca. La Suprema Corte ya había advertido en 2019, mediante la Resolución 1640/19, que era imprescindible crear 16 juzgados adicionales, pero cinco años después buena parte de ese plan no se concretó.
Presupuesto, salarios y una agenda que la AJB considera impostergable
La publicación del informe del CIyF-AJB llega en un contexto caliente: negociaciones paritarias abiertas y un reclamo salarial urgente. La AJB volvió a exigir equiparación con la inflación acumulada y la convocatoria a una Mesa Técnica para abordar el acuerdo 4093/4191 para jubilados y pensionados. “El Poder Ejecutivo recepcionó todos los reclamos planteados”, informó el gremio tras la última reunión, encabezada por Hugo Russo y María Inés Giménez.
En paralelo, la AJB insiste en que el presupuesto del Poder Judicial debe alcanzar al menos el 5% del total provincial en el corto plazo y recuperar el histórico 7% en el mediano. Hoy, tras años de retroceso, la participación está por debajo del 4%.
Según el CIyF, sin una inversión real en infraestructura, personal, salarios y habilitación de juzgados, la crisis continuará profundizándose. La advertencia es directa: sin presupuesto, no hay justicia posible.