BAPRO: los cargos, el acuerdo político y la pelea que vuelve a la Legislatura
La Libertad Avanza volvió a cargar contra el Banco Provincia, la entidad pública bonaerense presidida por Juan Cuattromo, con un proyecto que, en la superficie, habla de recortar cargos, pedir informes y bajar costos. Pero la película completa muestra una trama bastante más política: los libertarios apuntan contra una estructura que nació de una negociación donde sí tuvieron lugar el PRO, la UCR, sectores del peronismo y otros bloques opositores, mientras LLA quedó afuera de la foto.
La ofensiva fue presentada en la Legislatura bonaerense por el bloque libertario. En el Senado, la iniciativa lleva la firma del presidente de la bancada, Carlos Curestis, y sería replicada en Diputados con un texto idéntico, impulsado por el espacio que conduce Juan Osaba. El proyecto propone modificar la Carta Orgánica del Banco Provincia, reducir su estructura de conducción y derogar parte de la reforma aprobada a fines de 2025.
En el propio espacio admiten que la propuesta tiene pocas chances de prosperar con la actual composición legislativa. Por eso, la jugada parece tener menos destino parlamentario inmediato que utilidad política: marcar posición rumbo a 2027, mostrarse como una oposición sin acuerdos con el oficialismo provincial y señalar a quienes sí participaron del armado que acompañó la Ley de Financiamiento solicitada por el gobernador Axel Kicillof.
El acuerdo que LLA no integró
La reforma del Banco Provincia fue aprobada el 4 de diciembre de 2025, en el marco de la negociación por el paquete económico que incluyó la autorización para tomar deuda por USD 3.685 millones. Aquel acuerdo entre el oficialismo y sectores de la oposición permitió destrabar una herramienta financiera central para la gestión bonaerense, pero también modificó la estructura institucional del BAPRO.
Hasta entonces, el Directorio estaba integrado por un presidente y ocho vocales. Con la ley sancionada, pasó a tener un presidente y nueve vocales, todos designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y mandato de cuatro años.
Además, se creó el Consejo de Directores Asociados, compuesto por tres vocales con funciones consultivas, voz pero sin voto, y una Sindicatura colegiada con dos síndicos encargados de controlar la legalidad de los actos del Directorio, supervisar procedimientos internos y verificar el cumplimiento del Código de Gobierno Institucional y del Código de Ética.
Así, la conducción quedó integrada por catorce cargos políticos: nueve miembros del Directorio, tres directores asociados y dos síndicos. Ese nuevo esquema permitió el desembarco de dirigentes de casi todos los espacios con representación legislativa.
Por el Movimiento Derecho al Futuro ingresaron Carlos Moreno, Julio Pereyra, Alejandro Formento y Carlos Orsingher. La Cámpora sumó a Rodrigo Rodríguez y Laura González. El Frente Renovador ubicó a Javier Osuna y Sergio Bordoni. También fue designada Gabriela Demaría, vinculada al kirchnerismo y de línea directa con el diputado Juan Pablo de Jesús.
Del lado opositor, quedaron Fernando Rozas, del espacio Unión y Libertad; Matías Fernando Ranzini y Adrián Urreli, por el PRO; Marcelo Daletto, del monzoísmo; y Fernando Pérez, radical de Evolución. La Libertad Avanza no aparece entre los espacios con representación en esa nueva estructura. Ese dato ayuda a leer la avanzada no solo como una discusión sobre gastos, sino también como una reacción política frente a un acuerdo del que el espacio libertario quedó al margen.
No fue casual que, cuando se selló aquella negociación, el jefe libertario bonaerense Sebastián Pareja saliera a marcar distancia con una frase de alto voltaje: “Las prácticas de la vieja política: otro pacto inescrupuloso, obsceno y explícito entre el gobernador y los mismos de siempre”. Sin embargo, tal como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, aquel descargo terminó reavivando pases de factura dentro del propio universo libertario.
Qué quieren cambiar
El proyecto de Curestis propone que el Banco Provincia sea gobernado por un Directorio compuesto por un presidente y cinco vocales argentinos. Dos de esos vocales deberían representar a la oposición legislativa, respetando la proporción de las minorías en ambas Cámaras. También plantea eliminar el Consejo de Directores Asociados y la Sindicatura colegiada incorporados por la reforma de 2025.
La iniciativa establece que el Directorio se reúna al menos dos veces por semana, con quórum de tres miembros incluido el presidente, y que las decisiones se tomen por mayoría de votos, con doble voto presidencial en caso de empate. Además, dispone que los mandatos vigentes cesen de pleno derecho al entrar en vigor la ley, para avanzar con nuevas designaciones bajo el esquema propuesto.
En paralelo, LLA pidió informes sobre la estructura del Banco Provincia y las empresas del Grupo BAPRO. Reclama documentación con el detalle de los montos pagados mensualmente, cargo por cargo y empresa por empresa, durante 2024, 2025 y 2026.
También solicita la evolución de altas y bajas, los cargos directivos, gerenciales y jerárquicos, las modalidades de designación, salarios, dietas, honorarios, viáticos y el porcentaje de los presupuestos destinado a sostener cargos políticos y administrativos.
Una bandera para 2027
La movida libertaria retoma un antecedente cercano. Días después de la sanción de la reforma, el diputado Ignacio Mateucci, del bloque Hechos, presentó junto con Manuel Passaglia una propuesta para limitar el Directorio a seis integrantes. Ambos habían rechazado la ampliación y sostuvieron que la creación de nuevos cargos respondía a un reparto político entre las principales fuerzas con representación parlamentaria.
Ahora, LLA toma ese camino y le suma volumen electoral. El discurso anticargos puede rendir en un clima social donde parte del electorado celebra cualquier poda sobre organismos públicos. Pero en el caso del Banco Provincia, la discusión no ocurre en el vacío.
El BAPRO es una herramienta histórica del Estado bonaerense, central para la producción, el crédito y la gestión económica provincial, sobre todo en un escenario de ajuste del gobierno nacional de Javier Milei, con reclamos abiertos de la Provincia por fondos no girados, obras paralizadas y recortes que impactan sobre las cuentas bonaerenses.
Por eso, el proyecto libertario también deja expuesta una paradoja. Cuestiona una estructura nacida de un acuerdo amplio, pero lo hace después de haber quedado fuera de un reparto donde sí entraron otras terminales opositoras, con lugares pensados —según el diseño aprobado por la Legislatura— para ampliar la representación, controlar la legalidad de las decisiones y dar mayor trazabilidad al manejo de recursos.