Presupuesto 2027: estatales preparan una propuesta de estabilidad laboral y ponen el financiamiento en discusión
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires comenzó a preparar una propuesta para llevar a la Legislatura e incorporar al debate del Presupuesto 2027. El objetivo anunciado es garantizar la estabilidad laboral de los agentes provinciales y terminar con las formas precarias de contratación dentro de la administración pública.
El texto se elabora junto con el Instituto de Estudios sobre Estado y Participación (IDEP) y el equipo técnico de ATE Provincia. Todavía no fue presentado formalmente ni se difundió un articulado. Sin embargo, el gremio ya expuso los dos asuntos que pretende discutir: protección laboral y fuentes de financiamiento.
“Vamos a llevar una propuesta a la Legislatura provincial para que garanticen la estabilidad de todos los trabajadores en el Presupuesto 2027”, anticipó Claudio Arévalo, secretario general de ATE bonaerense, en una entrevista reciente. También reclamó que “el sector agrario” y “los countries” realicen un aporte mayor.
Salarios, deuda y precariedad
Arévalo afirmó que entre el 87% y el 90% de los estatales nacionales, provinciales y municipales están endeudados. Según explicó, la mayoría ya no toma créditos para adquirir bienes, sino para cubrir medicamentos y alimentos.
El dirigente citó una encuesta del sindicato según la cual el 40% recurre al financiamiento para afrontar urgencias médicas, educación, alquileres o expensas, mientras que el 37% lo utiliza para comprar comida o cancelar compromisos anteriores. También estimó que los salarios del sector perdieron más del 40% de su poder adquisitivo durante los dos años y medio del gobierno de Javier Milei.
El impacto, sostuvo, alcanza sobre todo a los municipales: mencionó compañeros de Quilmes que deben hacer changas o juntar cartón después de su jornada. Cuestionó la eliminación del programa Remediar y advirtió que, si la Casa Rosada no modifica el rumbo económico, “la situación se va a ir agravando cada vez más”.
Arévalo diferenció ese escenario de la negociación con el gobierno de Axel Kicillof. Señaló que la paritaria provincial continúa abierta y que se discuten pases a planta permanente y el convenio colectivo de trabajo. En contraste, responsabilizó a Nación por más de 80.000 despidos estatales y 300.000 puestos perdidos en el sector privado.
La dimensión de la planta bonaerense
El planteo alcanza a la dotación provincial más numerosa del país. Según un informe de DatosPBA, Buenos Aires contabilizó 657.328 agentes en 2024, un 53,4% más que los 428.408 registrados en 2000. Sin embargo, el volumen absoluto guarda relación directa con el peso demográfico del distrito.
Entre las cuatro provincias comparadas, Buenos Aires quedó tercera al medir empleados públicos por población: registró 37,7 cada mil habitantes, por debajo de Mendoza, con 44,9, y Santa Fe, con 41,3; Córdoba tuvo 33,3.
La serie tocó un piso durante los gobiernos de Carlos Ruckauf y Felipe Solá. El mayor crecimiento ocurrió entre 2007 y 2015, bajo Daniel Scioli, con una suba del 29,8%. Luego, durante la gestión de María Eugenia Vidal, la dotación cayó 7,8% y perdió 52.677 puestos. Desde 2019 volvió a crecer, aunque en 2024 todavía se encontraba 20.034 agentes por debajo del máximo de 2015.
El relevamiento abarca el sector público provincial no financiero, pero excluye a los 135 municipios, las empresas públicas y el sector financiero. Tampoco muestra cómo se distribuye el personal entre educación, salud, seguridad y administración general.
Quién aporta y el antecedente de febrero
Arévalo cifró en $26,6 billones lo que, según afirmó, la Nación le debe a Buenos Aires, y aclaró que esos recursos no tenían como único destino los salarios, sino también obra pública, salud, educación y políticas sociales. En junio, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, había estimado en una cifra similar los fondos dejados de percibir desde diciembre de 2023.
El pedido de mayores contribuciones del agro y los barrios cerrados retoma una discusión iniciada en febrero. Entonces ATE formalizó ante el Ministerio de Trabajo bonaerense, encabezado por Walter Correa, alternativas como aumentar el Inmobiliario Rural y aplicar adicionales sobre inmuebles en countries, propiedades urbanas ociosas y herencias.
Aquella presentación recibió cuestionamientos agropecuarios y opositores. El diputado bonaerense Luciano Bugallo, de la Coalición Cívica, la calificó como un “impuestazo”. La diputada Silvina Vaccarezza, de UCR+Cambio Federal, advirtió ante GRUPOLAPROVINCIA.COM que “el potencial del campo es enorme, pero es muy difícil producir sin reglas claras”. Carbap había objetado un adicional del 25% del Inmobiliario Rural; ARBA respondió que no constituía una quinta cuota y que estaba previsto por ley para las partidas de mayor valuación.
Por ahora, aquel menú tributario funciona sólo como antecedente: ATE no precisó si lo incorporará al nuevo documento ni qué mecanismos propondrá. “Estamos laburando con el IDEP, con el equipo de ATE Provincia, de cara al Presupuesto 2027, una propuesta que contemple las necesidades que hoy tiene la familia estatal, tanto provincial como municipal”, afirmó Arévalo.