Municipales al límite: el reclamo que lleva la pelea hasta Kicillof
La negociación salarial de los trabajadores municipales ocurre en 135 mesas diferentes, con presupuestos, escalas y capacidades financieras que cambian de un distrito a otro. El resultado es una brecha difícil de disimular: mientras algunas comunas garantizan ingresos cercanos al millón de pesos, en otras el sueldo básico apenas alcanza los $150.000.
Frente a ese panorama, la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO) decidió provincializar el conflicto. La organización conducida por Hernán Doval prepara un plan de lucha “total, permanente y prolongado” que tendrá como primeros destinatarios a los intendentes, pero también ejercerá presión sobre el gobierno de Axel Kicillof.
El principal reclamo dirigido a la Provincia es la convocatoria al Consejo del Empleo Municipal, un órgano consultivo creado por la Ley 14.656 para reunir a representantes de los municipios y de las organizaciones gremiales.
La norma fue sancionada en 2014. Más de una década después, FESIMUBO sostiene que el espacio todavía no tuvo una reunión efectiva que permitiera discutir las profundas diferencias salariales y laborales existentes entre los distritos bonaerenses.
Un plan de lucha que recorrerá la Provincia
La estrategia gremial comenzó a definirse mediante plenarios regionales. Uno de los encuentros centrales se realizó en la sede del Sindicato de Trabajadores Municipales de Morón, con la participación de dirigentes de La Matanza, Moreno, Merlo, Morón, Hurlingham, Ituzaingó, Marcos Paz, Luján y General Rodríguez.
La Federación pretende sumar progresivamente a las regiones norte y sur del Conurbano, el interior provincial y los municipios de la Costa Atlántica. El objetivo es sostener el conflicto durante los próximos meses y evitar que el reclamo se agote en una movilización o un paro aislado. La organización evalúa protestas sorpresivas, asambleas, intervenciones públicas y acciones adaptadas a la situación particular de cada municipio.
El verano también aparece dentro del calendario. FESIMUBO anticipó que coordinará actividades con los sindicatos del Partido de La Costa, donde los servicios municipales adquieren una importancia especial durante la temporada turística.
La duración propuesta colocaría el conflicto de lleno en el último tramo de la gestión de Kicillof. Sin embargo, desde la Federación remarcan que la protesta no está planteada como una ofensiva partidaria, sino como una herramienta para obtener mejoras salariales y laborales.
La situación de los empleados comunales no puede resumirse en una única escala. Cada intendencia define sus categorías, adicionales y remuneraciones mediante ordenanzas, convenios colectivos y negociaciones locales.
Esa autonomía genera escenarios muy diferentes. Doval mencionó el caso de Merlo, donde, según aseguró, existen salarios básicos de $150.000. También se refirió a Esteban Echeverría, con remuneraciones básicas que comenzarían alrededor de los $350.000.
Las cifras corresponden a los básicos y no necesariamente al ingreso final de bolsillo, que puede incorporar antigüedad, presentismo, bonificaciones, horas extras u otros conceptos. Aun con esa aclaración, la Federación sostiene que esos valores condicionan los adicionales, las jubilaciones y la capacidad futura de recomponer los haberes.
“Tenemos mucha diversidad: hay municipios en los que se cobra bien y otros de $150.000 de salario básico. Queremos ver cómo levantar el poder adquisitivo”, resumió el secretario general de FESIMUBO.
El Consejo que existe en la ley, pero no funciona
El Consejo del Empleo Municipal fue creado por el artículo 49 de la Ley 14.656. La norma lo define como un órgano consultivo y asesor de carácter no vinculante, que puede reunirse dos veces al año y cuya primera sesión debe realizarse durante el primer trimestre.
La representación de los empleadores está conformada por once integrantes designados por los intendentes, distribuidos entre las ocho secciones electorales. La participación de cada municipio es facultativa y puede ser delegada en funcionarios con rango no inferior a secretario.
Por el sector laboral deben participar, como mínimo, otros once representantes. La ley contempla a las federaciones de sindicatos municipales y a organizaciones de primer grado con alcance nacional, siempre que acrediten al menos el 10% de afiliados sobre el universo de trabajadores que pretenden representar.
El Ministerio de Trabajo bonaerense, conducido por Walter Correa, es la autoridad encargada de convocar y adoptar las medidas necesarias para desarrollar las reuniones.
El Consejo no tiene facultades para imponerle a un intendente un aumento salarial ni para reemplazar las paritarias locales. Puede elaborar propuestas, recomendaciones y pautas generales, además de pedir escalafones y escalas salariales a los municipios para mejorar la información disponible.
Esa precisión es central: el ámbito reclamado por FESIMUBO no establecería por sí solo un salario obligatorio para las 135 comunas. Su funcionamiento permitiría exponer las diferencias, construir referencias comunes y recomendar políticas para mejorar las condiciones laborales.
Una deuda que atravesó distintos gobiernos
La reglamentación de la Ley 14.656 instruyó al Ministerio de Trabajo a conformar el Consejo y avanzar con su instrumentación. Sin embargo, el organismo no consiguió iniciar una actividad regular.
Doval conoce particularmente ese recorrido: antes de asumir la conducción de FESIMUBO y de la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina, fue diputado provincial y participó como autor de la norma sancionada en 2014.
En octubre de 2024, la gestión de Kicillof avanzó formalmente con la activación del Consejo. La cartera laboral solicitó información a los municipios para determinar la cantidad de empleados, afiliados y organizaciones con representación en cada distrito.
En septiembre de 2025, Kicillof recibió a Doval junto con Correa y el histórico referente municipal Rubén “Cholo” García. Según la Federación, durante aquel encuentro el gobernador se comprometió a concretar la primera convocatoria antes de terminar el año. La reunión no se realizó.
“Este Consejo por buena voluntad no se va a convocar, porque hace diez años que tenía que pasar y seguimos esperando”, cuestionó Doval. Para el dirigente, las instancias de conversación con la administración provincial comenzaron a agotarse.
Intendentes con presupuestos cada vez más ajustados
El reclamo gremial encuentra a los gobiernos locales en una situación financiera compleja. Los intendentes advierten sobre la pérdida real de recursos, la caída de la recaudación y el aumento de la demanda social en áreas como salud, alimentos y asistencia directa.
Tal como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el retroceso de recursos nacionales y las diferencias en la distribución profundizaron los problemas presupuestarios de comunas de distintas regiones. En ese escenario, los salarios compiten con el mantenimiento de calles y vehículos, la compra de medicamentos, el pago a proveedores y la prestación de servicios urbanos.
FESIMUBO reconoce que no todos los municipios tienen la misma capacidad económica. Para Doval, algunas administraciones podrían mejorar los ingresos si revisaran sus gastos y contratos, mientras que otras necesitarían asistencia provincial o cambios en la distribución de recursos.
Esa discusión se relaciona con el reclamo de los jefes comunales para disponer con mayor libertad de fondos afectados, una demanda vinculada con el pago de salarios, aguinaldos y gastos corrientes.