Sueldos de $150 mil y una ley dormida: crece la presión municipal sobre la Provincia y los intendentes
Mariana Portilla


La Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO) puso en marcha un plan de lucha por tiempo indeterminado que alcanzará progresivamente a los 135 distritos. El reclamo combina aumentos salariales, mejores condiciones laborales y una exigencia política dirigida al gobierno de Axel Kicillof: que el Ministerio de Trabajo active finalmente el Consejo del Empleo Municipal, previsto por ley desde hace más de una década pero sin funcionamiento regular.
La protesta tendrá como primeros destinatarios a los intendentes, responsables de negociar salarios y condiciones de empleo en cada comuna. Sin embargo, la Federación decidió provincializar el conflicto porque considera que las diferencias entre distritos ya no pueden resolverse únicamente mediante 135 paritarias separadas.
El secretario general de FESIMUBO, Hernán Doval, afirmó que existen municipios con remuneraciones aceptables y otros donde el salario básico cae hasta los $150.000. “Tenemos mucha diversidad: hay municipios en los que se cobra bien, y otros de $150.000 de salario básico. Queremos ver cómo levantar el poder adquisitivo”, sostuvo.
FESIMUBO definió la protesta como “total, permanente y prolongada”. La consigna resume tres objetivos: desplegarla en todos los ámbitos municipales, sostener acciones todos los días y mantenerla activa hasta obtener mejoras verificables.
Doval evitó fijar un plazo. “Es un plan de lucha prolongado, hasta que se vaya resolviendo”, explicó. La Federación tampoco quiere limitarse a los paros y las movilizaciones tradicionales. “Vemos que hay que buscar nuevas metodologías en el reclamo gremial. El paro y la movilización, solos, no son la solución”, señaló.
El sindicato prepara acciones sorpresivas y modalidades diferentes según la realidad de cada distrito. La estrategia podría incluir asambleas, intervenciones públicas, campañas locales y actividades durante el verano en la Costa Atlántica, una etapa especialmente sensible para municipios turísticos que dependen de servicios sostenidos durante la temporada.
La amplitud temporal busca evitar que el conflicto se agote en una jornada aislada. También permite aumentar gradualmente la presión sobre intendentes de distintos signos políticos sin ordenar un paro general inmediato que afecte por igual a comunas con situaciones salariales y financieras muy diferentes.
La protesta empezó a recorrer el mapa bonaerense
El esquema comenzó con plenarios regionales. La reunión más reciente tuvo lugar en la sede del Sindicato de Trabajadores Municipales de Morón y congregó a representantes de La Matanza, Moreno, Merlo, Morón, Hurlingham, Ituzaingó, Marcos Paz, Luján y General Rodríguez.
Antes se había realizado un encuentro en la zona norte, encabezado por Doval y Omar Arce, titular del sindicato de San Isidro y de la Regional 5B. Allí participaron organizaciones de San Miguel, José C. Paz, Malvinas Argentinas y otros distritos.
El próximo paso será el sur del Conurbano. Después, la Federación avanzará sobre las regiones sur, centro y costera del interior bonaerense. La secuencia busca construir reclamos locales antes de unificar las demandas en una agenda provincial.
Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el planteo gremial ya había superado la discusión sobre “5% más o 5% menos” en cada paritaria. Doval pretende que los sindicatos intervengan también en el análisis de cómo distribuyen sus presupuestos los municipios y cuánto destinan a servicios tercerizados.
HOY EN MORÓN: Reunión de la Regional Conurbano Oeste con los Sindicatos de La Matanza, Moreno, Gral Rodríguez, Merlo, Marcos Paz, Luján, Hurlingham, Ituzaingo y Morón. A construir nuestro PLAN DE LUCHA TOTAL, PERMANENTE Y PROLONGADO en toda la Provincia de Buenos Aires.
— Hernán Doval (@herdoval) August 5, 2026
Capítulo… pic.twitter.com/XzHWLXZq3p
El Consejo que la ley creó y la política no hizo funcionar
El Consejo del Empleo Municipal está contemplado en el artículo 49 de la Ley 14.656, sancionada en 2014 para establecer el Régimen Marco de Empleo Municipal y la negociación colectiva en las comunas bonaerenses.
Debe contar con once representantes designados por los intendentes de los 135 distritos y, como mínimo, otros once provenientes de federaciones y sindicatos municipales que cumplan los requisitos de representación establecidos. El Ministerio de Trabajo provincial actúa como autoridad administrativa y tiene a su cargo las convocatorias y las medidas necesarias para que las reuniones se desarrollen.
El Decreto 26 B/2015 instruyó a la cartera laboral a conformar el organismo y reglamentar la ley en un plazo de 180 días. El paso del tiempo convirtió esa obligación en una deuda que atraviesa gobiernos provinciales de distinto signo.
Las decisiones del Consejo son consultivas y no vinculantes. No puede imponer a un intendente un aumento ni reemplazar una paritaria municipal. Su peso radica en reunir a representantes de las comunas y de los gremios, elaborar diagnósticos, proponer políticas y dar visibilidad provincial a problemas que hoy permanecen fragmentados.
Doval afirma que el Consejo nunca fue convocado. Los antecedentes disponibles muestran un cuadro algo más complejo. En octubre de 2024, Kicillof dispuso activar el organismo y el Ministerio de Trabajo envió pedidos de información a las 135 municipalidades para establecer cantidad de trabajadores, afiliados y representatividad sindical.
Tal como publicó GRUPOLAPROVINCIA.COM, al reconstruir el reclamo de ATE por la demora del Consejo, las comunicaciones se reiteraron en octubre, noviembre y diciembre de 2024 y nuevamente durante 2025. Según el gremio, la mayoría de los municipios no respondió los requerimientos.
En septiembre de 2025, Kicillof recibió a Doval junto con Walter Correa y el histórico dirigente municipal Rubén “Cholo” García. Según relató la Federación, el gobernador se comprometió a realizar la primera convocatoria antes de finalizar aquel año. El sindicato asegura que esa sesión tampoco se concretó.

Intendentes con menos recursos y más obligaciones
La ofensiva sindical se desarrolla mientras las cuentas municipales pierden margen. Los intendentes advierten sobre una caída real de la coparticipación, menor recaudación propia y una demanda creciente en salud, alimentos y asistencia social.
La reducción de recursos profundizó ajustes en comunas de distintas regiones. En ese escenario, los salarios compiten con la compra de medicamentos, el mantenimiento de vehículos, los servicios urbanos y el pago a proveedores.
La Federación admite que no todos los distritos tienen la misma capacidad. Doval distingue entre municipios que podrían mejorar los sueldos revisando gastos y contratos y otros que necesitarían asistencia provincial para sostener un piso salarial.
Esa diferencia evita reducir el conflicto a una negativa general de los intendentes. En algunos casos puede existir margen político o presupuestario; en otros, una recomposición significativa exige recursos externos, cambios en la coparticipación o una redistribución profunda del gasto.
Los intendentes también reclaman poder utilizar fondos provinciales con mayor libertad para afrontar obligaciones corrientes. La discusión por la libre disponibilidad de recursos municipales se conecta directamente con la capacidad de pagar salarios, aguinaldos y servicios.
De la recolección de residuos a los salarios
FESIMUBO pretende ampliar la discusión hacia los contratos con empresas privadas. Doval cuestiona que los gremios deban negociar aumentos mínimos sin analizar cuánto destinan los municipios a prestaciones tercerizadas, especialmente la recolección de residuos.
La propuesta de remunicipalizar servicios provocó un fuerte enfrentamiento con Camioneros. Pablo Moyano acusó al titular de FESIMUBO de promover precarización y reducción de salarios, mientras más de 300 sindicatos municipales respaldaron a Doval y defendieron la gestión estatal directa.
La Federación sostiene que algunas comunas podrían prestar servicios con costos menores y utilizar la diferencia para mejorar salarios y equipamiento. Camioneros advierte que los cambios pueden destruir puestos de trabajo encuadrados en su convenio y reemplazarlos por empleos municipales peor remunerados.

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