Granja Tres Arroyos: la conciliación frena 1.200 despidos, pero deja abierta la pelea por plantas, deuda y empleo
La conciliación obligatoria dictada por el Gobierno bonaerense puso un freno inmediato a 1.200 despidos en plantas vinculadas a Granja Tres Arroyos, pero no cerró el conflicto. La medida obliga a retrotraer las desvinculaciones durante 15 días hábiles, con posibilidad de extender el plazo otros cinco, y abre una ventana de negociación en una empresa que llega a esta instancia después de meses de cierres, suspensiones, atrasos salariales y dificultades financieras.
El alcance territorial es significativo: la resolución comprende 700 trabajadores de Capitán Sarmiento, 50 de Pilar y 450 de Esteban Echeverría. La audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo bonaerense reunió a las empresas, al Sindicato de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires (STIAPBA) y a representantes provinciales y municipales. Además de las reincorporaciones, se acordó un pago de dinero a cuenta para los empleados y la entrega de 1.000 cajones de pollo.
El próximo punto concreto será el jueves 10 de septiembre, cuando las partes volverán a encontrarse. Allí empezará a verse si la conciliación sirve para avanzar hacia un esquema de continuidad productiva o si simplemente posterga una definición que la compañía viene atravesando planta por planta.
Qué resuelve la conciliación y qué queda pendiente
La intervención provincial congela por ahora los despidos y obliga a restablecer la situación laboral previa al conflicto. Es una herramienta destinada a impedir medidas unilaterales mientras dura la negociación, pero no resuelve por sí sola los problemas financieros, productivos ni comerciales de la empresa.
Ese límite ya apareció en otras jurisdicciones. En agosto, Entre Ríos dictó una conciliación obligatoria después de 269 despidos en la planta La China, de Concepción del Uruguay, e intimó a la empresa a reincorporar al personal.
Días más tarde, el gremio comenzó a discutir alternativas para intentar sostener la actividad, incluso admitiendo la posibilidad de analizar un funcionamiento con menor dotación si se preservaba la planta, mientras reclamaba garantías para el pago de indemnizaciones.
El antecedente ayuda a dimensionar la discusión que ahora se abre en Buenos Aires: reincorporar durante la conciliación no equivale a garantizar la continuidad definitiva de todos los puestos. El interrogante es qué capacidad productiva pretende conservar la compañía, con qué número de trabajadores y bajo qué esquema financiero.
La crisis de Granja Tres Arroyos comenzó a hacerse visible a fines de 2024, cuando solicitó la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis ante la Secretaría de Trabajo nacional. Desde entonces se sucedieron recortes y paradas en distintos establecimientos: Tristán Suárez, Concepción del Uruguay, Río Cuarto, Pilar, Esteban Echeverría, Ezeiza y, más recientemente, Capitán Sarmiento.
Las desvinculaciones acumuladas en Buenos Aires y Entre Ríos rondarían las 1.730, equivalentes a más de una cuarta parte del personal del grupo, según la reconstrucción difundida en los últimos días. A eso se suman reclamos por salarios atrasados, plantas con actividad reducida y negociaciones con acreedores.
Una deuda que vuelve más complejo el horizonte
El problema laboral corre en paralelo con el financiero. La compañía negocia la reestructuración de una deuda informada en torno a US$350,9 millones, con propuestas que contemplan quitas, extensión de plazos y venta de activos considerados no estratégicos.
Ese cuadro explica por qué la audiencia del jueves puede resultar más importante que la conciliación en sí misma. Para llegar a una salida duradera deberán aparecer definiciones sobre continuidad de establecimientos, nivel de producción, pago de salarios y eventual reorganización de la dotación.
Capitán Sarmiento expone además la dimensión territorial del problema. La paralización de una planta de gran peso sobre el empleo local no afecta únicamente a quienes trabajan dentro del establecimiento: repercute sobre comercios, prestadores de servicios y familias que dependen directa o indirectamente de su funcionamiento. Fuentes locales ubicaron en cerca de mil los trabajadores alcanzados por la incertidumbre en una ciudad de alrededor de 15.000 habitantes.
La situación se inserta, a su vez, en un mercado de trabajo fabril que viene mostrando dificultades. Los últimos indicadores de la Unión Industrial Argentina registraron 3.157 trabajadores industriales menos en mayo respecto del mes anterior. Entre las PyME manufactureras, la producción cayó 11% interanual durante el segundo trimestre y el empleo retrocedió 4,5%, acumulando 14 trimestres consecutivos de contracción.
Alimentos resiste mejor, pero el frente avícola tiene sus propias tensiones
El caso de Granja Tres Arroyos, sin embargo, no puede explicarse simplemente como una caída generalizada de toda la industria alimenticia. Los últimos datos disponibles del INDEC muestran un escenario heterogéneo: la industria manufacturera acumuló durante el primer semestre una baja del 2,2%, mientras alimentos y bebidas crecieron 6,2% interanual en junio y terminaron los primeros seis meses prácticamente sin variación frente a 2025.
La compañía había atribuido parte de sus dificultades a las consecuencias de los brotes de influenza aviar: cierre de mercados externos, sobreoferta en el mercado doméstico, caída de precios y aumento de costos. Esos argumentos fueron incluidos en los telegramas enviados durante los despidos de Concepción del Uruguay.
Pero durante los últimos meses apareció un cambio relevante. Argentina recuperó su condición sanitaria y volvió a habilitar destinos importantes para la carne aviar. Chile y Perú levantaron restricciones en junio; la Unión Europea rehabilitó los envíos de carne fresca a partir del 17 de agosto; el Reino Unido eliminó sus restricciones y Corea del Sur reabrió su mercado desde el 10 de agosto.
La reapertura exportadora ofrece una oportunidad para la cadena avícola, pero encuentra a Granja Tres Arroyos con una crisis que ya excede el problema sanitario. La deuda, la situación de sus distintas plantas y el nivel de empleo son ahora parte de una negociación mucho más amplia.
La conciliación bonaerense compró tiempo. Durante los próximos 15 días hábiles, los 1.200 despidos deben permanecer sin efecto y las partes tendrán que negociar. La primera prueba será el jueves 10, cuando Provincia, empresa y sindicato vuelvan a una mesa en la que ya no se discutirá solamente cómo detener telegramas, sino bajo qué condiciones puede sostenerse la actividad y preservar puestos de trabajo.