Régimen Penal Juvenil: el fallo por falta de infraestructura abrió una pelea entre Nación y Provincia
La aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil quedó suspendida preventivamente por 60 días en la provincia de Buenos Aires y abrió una disputa que rápidamente desbordó el expediente judicial. La decisión de la jueza Marta Elba Pascual puso el foco en la infraestructura y los recursos disponibles para incorporar al sistema penal a adolescentes de 14 y 15 años, mientras dirigentes nacionales y bonaerenses trasladaron la discusión al terreno político y cruzaron responsabilidades entre Nación y Provincia.
La resolución fue dictada por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Pascual, luego de un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de adolescentes privados de su libertad. El planteo buscó evitar que la incorporación de nuevos jóvenes al sistema se produzca sin condiciones edilicias, educativas y profesionales suficientes.
La medida no declara inválida la Ley 27.801 ni elimina el nuevo régimen. Suspende durante dos meses su aplicación en territorio bonaerense mientras se analiza si existen las condiciones necesarias para ejecutarlo sin afectar derechos fundamentales. La norma redujo de 16 a 14 años la edad a partir de la cual adolescentes pueden quedar sometidos a responsabilidad penal por delitos contemplados en el Código Penal.
Qué objetó la jueza
El punto central del fallo es el eventual crecimiento de la cantidad de adolescentes que deberán ser absorbidos por el sistema penal juvenil. Pascual sostuvo que la Provincia no dispone actualmente de infraestructura y recursos materiales suficientes para recibir ese incremento y planteó la necesidad de revisar las condiciones edilicias, institucionales y profesionales antes de avanzar con la aplicación plena del régimen.
La magistrada aclaró además que su decisión no parte de un rechazo a que la edad de imputabilidad se reduzca a 14 años. Su objeción apunta a las condiciones en las que se ejecutarán las medidas. En una entrevista posterior al fallo sostuvo que un adolescente encerrado sin educación, capacitación laboral o asistencia terapéutica puede llegar a la mayoría de edad en peores condiciones para su reinserción.
También rechazó que la suspensión implique necesariamente dejar sin protección a las víctimas. Según explicó, la legislación procesal bonaerense ya permite disponer medidas de privación de libertad para adolescentes de entre 14 y 16 años y actualmente habría alrededor de un centenar de jóvenes de esas edades detenidos en la Provincia.
La Federación Familia Grande Hogar de Cristo que preside José María Di Paola, conocido como el Padre Pepe, respaldó la decisión y sostuvo que el problema no pasa por discutir la ley de manera abstracta, sino por determinar si su implementación inmediata puede agravar las condiciones de los adolescentes alojados en dispositivos que, según la organización, presentan déficits de infraestructura y recursos profesionales.
El cruce político y la discusión por los fondos
La suspensión judicial activó una fuerte ofensiva de dirigentes de La Libertad Avanza y del PRO contra Axel Kicillof. Patricia Bullrich acusó al gobernador de ponerse “del lado de los delincuentes” y cuestionó también el perfil de la Justicia bonaerense. Diego Santilli, por su parte, reprochó el “silencio” del mandatario provincial y vinculó la decisión con la situación de inseguridad.
La respuesta llegó desde el Ministerio de Seguridad bonaerense. Javier Alonso cuestionó que se responsabilizara al Ejecutivo provincial por una resolución del Poder Judicial y llevó la discusión al financiamiento necesario para hacer funcionar el nuevo esquema.
“Bajar la edad de imputabilidad no alcanza”, planteó Alonso. El ministro enumeró la necesidad de nuevos juzgados y fiscalías especializadas, centros de reclusión, infraestructura y personal, y reclamó por los recursos que, según la Provincia, el Gobierno nacional dejó de transferir a los bonaerenses. Para el funcionario, sin estructura, inversión y financiamiento, la reforma queda reducida a “una modificación en los papeles”.
El PRO rechazó ese argumento. El bloque de diputados nacionales conducido por Cristian Ritondo sostuvo que las deficiencias edilicias o de personal no justifican suspender una ley aprobada por el Congreso y exigió que la administración bonaerense acondicione centros, equipos especializados y dispositivos de contención y reinserción. La bancada aseguró además que durante el debate legislativo se contemplaron recursos específicos para aplicar el régimen.
La ofensiva se extendió a La Libertad Avanza bonaerense. Su presidente, el diputado nacional Sebastián Pareja acusó a Kicillof de sostener un modelo que garantiza impunidad; Carlos Curestis, titular del bloque libertario en el Senado provincial, vinculó el fallo con la crisis de seguridad; y Juan Osaba, presidente del bloque en la Cámara baja, cuestionó que la falta de infraestructura haya derivado en la suspensión.
Las críticas, sin embargo, chocaron con uno de los puntos que Alonso puso en primer plano: la suspensión no fue dispuesta por el Gobierno bonaerense sino por una jueza provincial a partir de una presentación de una organización social.
La discusión política quedó así dividida entre quienes reclaman a la Provincia que genere inmediatamente las condiciones para aplicar la ley y quienes plantean que una reforma de ese alcance requiere financiamiento, infraestructura y coordinación institucional.
La audiencia que definirá los próximos pasos
El período de suspensión tendrá una primera instancia clave el 16 de septiembre. Para esa fecha fue fijada una audiencia en la que responsables de las áreas bonaerenses de Seguridad, Justicia y Niñez deberán informar qué medidas están adoptando y cuáles son los plazos previstos para adecuar la infraestructura a las exigencias del nuevo régimen.
Pascual planteó que los 60 días deben servir para establecer quién supervisará a cada adolescente, con qué recursos funcionarán los centros de detención y de qué manera se aplicarán las alternativas al encierro contempladas por la legislación. Hasta que ese proceso avance, la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil permanecerá suspendida en la provincia de Buenos Aires.