Burford intensifica su presión sobre Argentina: YPF, Aerolíneas y el BCRA en la mira

En un nuevo capítulo de la extensa batalla legal entre Argentina y Burford Capital, el fondo inglés que ganó un fallo judicial por u$s16.000 millones en Nueva York, los activos estratégicos del país sudamericano están bajo amenaza de embargo.

Según reportes del Financial Times, Burford ha solicitado que se consideren como "alter egos" del Estado argentino a empresas como YPF, Aerolíneas Argentinas, el Banco Central (BCRA) y el Banco Nación, lo que podría permitirles confiscar bienes en el exterior.

El contexto del conflicto

El caso que enfrenta Argentina tiene sus raíces en la expropiación de YPF en 2012, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Burford Capital adquirió los derechos de litigio de Petersen Energía, una empresa que poseía acciones en YPF, y desde entonces ha estado en una cruzada para obtener una compensación por lo que considera una confiscación injusta.

El fallo a favor de Burford fue emitido por la jueza neoyorquina Loretta Preska, quien dictaminó que Argentina debía pagar u$s16.000 millones.

Sin embargo, el país ha apelado, argumentando que las entidades mencionadas no son simplemente extensiones del Estado, sino organizaciones operativamente independientes.

Vaccarezza expresó su preocupación por la demora en el pago del Fondo de Fortalecimiento Fiscal

Las implicaciones del "alter ego"

Los abogados de Burford sostienen que entidades como Aerolíneas Argentinas y el BCRA están controladas directamente por el gobierno argentino, lo que las hace indistinguibles del Estado y, por tanto, susceptibles de embargo.

"Estas empresas están llenas de nombramientos políticos de personal no calificado", aseguraron los representantes legales del fondo inglés, según cita el *Financial Times*.

Este argumento es clave para Burford, ya que, si las cortes aceptan que estas entidades son "alter egos" del Estado, podría abrir la puerta para la incautación de activos en jurisdicciones fuera de Argentina.

El precedente más cercano es el caso del fondo buitre Elliott, que logró retener la Fragata Libertad en Ghana en 2012.

YPF en el centro de la tormenta

Una de las principales preocupaciones del gobierno argentino es YPF, cuya expropiación originó el conflicto legal.

Burford ha solicitado que se transfiera el 51% de las acciones que el Estado posee en la petrolera, argumentando que gobiernos anteriores han utilizado la empresa para designar a aliados políticos y controlar los precios de los combustibles.

Sebastián Maril, director de Latam Advisors, destacó que los bonos corporativos de YPF, algunos garantizados por exportaciones de petróleo, son los activos más vulnerables en este contexto.

"El precio de esos bonos colapsaría si YPF fuera considerada 'alter ego' del Estado argentino", advirtió Maril en su cuenta de X, añadiendo que esto podría forzar a Argentina a negociar.

Castelli: Echarren anunció nuevo aumento del 10% para municipales

Aerolíneas y el BCRA en la mira

Aerolíneas Argentinas, que controla el 60% del mercado de vuelos domésticos, también es un objetivo en esta ofensiva legal.

La compañía, totalmente estatal, ha sido objeto de críticas por su gestión, especialmente durante el gobierno de Mauricio Macri, quien intentó sin éxito privatizarla.

Los abogados de Burford argumentan que la aerolínea está dirigida por "nombramientos políticos sin experiencia en la industria", lo que refuerza su tesis del "alter ego".

Por su parte, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) es señalado como una "herramienta del Estado" por los demandantes.

El economista y abogado Randy Mastro recordó en una audiencia judicial que el presidente Javier Milei ha prometido cerrar el banco, lo que a su juicio demuestra la falta de independencia operativa de la entidad.

Sin embargo, las reservas del BCRA están protegidas en la mayoría de las jurisdicciones, incluyendo Estados Unidos, lo que complica un posible embargo.

¿Qué sigue?

A medida que el proceso legal avanza, la presión sobre Argentina aumenta. Aunque el gobierno confía en que logrará revertir el fallo en las cortes de apelación, la estrategia de Burford sigue siendo agresiva, y los activos estratégicos de Argentina podrían estar en riesgo.