Redacción Grupo La Provincia
Golpeado por varios fracasos recientes en el ámbito legislativo, Javier Milei ha decidido vetar por completo la ley de movilidad jubilatoria que fue sancionada por el Congreso. La medida, según el mandatario, busca proteger las finanzas públicas.
Milei firmó el decreto el viernes por la noche, pero lo había preparado con antelación. Antes de hacerlo público —se espera que el lunes aparezca en el Boletín Oficial—, se aseguró de contar con el respaldo necesario dentro de su coalición y sus aliados, incluidos miembros del PRO y el MID.
"Voy a vetar la ley por completo. Si no, el costo lo pagarán las futuras generaciones", expresó el presidente en una reunión con legisladores afines, según fuentes cercanas.
La reunión se celebró en el Salón de los Científicos de la Casa Rosada y contó con la presencia de importantes figuras políticas, como Karina Milei y Guillermo Francos, además de diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA) y del PRO, entre otros.
A pesar de las tensiones recientes, Milei logró consolidar el respaldo de su bloque y del PRO, quienes se comprometieron a apoyar el veto. "Esta ley carece de financiamiento y solo podría sostenerse mediante emisión monetaria o deuda, lo cual es insostenible", afirmó Milei durante la cumbre.
Cristian Ritondo y Oscar Zago, dos figuras clave dentro del PRO y el MID, respectivamente, también participaron en la reunión. Ambos han mostrado interés en formar un interbloque, lo que podría debilitar aún más al oficialismo. Sin embargo, en esta ocasión, tanto Ritondo como Zago manifestaron su respaldo a Milei, alineándose con la decisión del presidente de vetar la ley.
Con el decreto ya firmado, el próximo reto para el gobierno será impedir que la oposición logre los dos tercios necesarios para ratificar la ley en la Cámara de Diputados. Milei confía en que logrará evitar que suficientes diputados aliados voten en favor de la ley, con lo que bastaría la ausencia de algunos para asegurar la victoria.
El Gobierno justifica su decisión alegando que la ley sancionada por el Congreso sería un golpe mortal para las finanzas públicas. Se estima que el costo de la medida alcanzaría los 6,16 billones de pesos en 2024, lo que representaría un 1,02% del PBI. Además, la ley generaría un incremento del 18,5% en el gasto previsional, complicando aún más las metas fiscales del gobierno.
