Redacción Grupo La Provincia
El conflicto interno en la Unión Cívica Radical (UCR) llegó a un punto álgido con la suspensión de cuatro diputados que respaldaron el veto del presidente Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria. La decisión fue tomada por la mesa directiva de la Convención Nacional de la UCR, liderada por Gastón Manes y Hernán Rossi.
Los legisladores Mariano Campero, Martín Arjol, Luis Picat y Pablo Cervi han sido suspendidos y serán investigados por el Tribunal de Ética del partido. Durante este proceso, perderán sus derechos partidarios, lo que incluye la posibilidad de formar parte del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados.
La resolución emitida por la mesa directiva sostiene que los cuatro diputados cometieron una "grave inconducta partidaria" al cambiar su voto y apoyar el veto presidencial. Se argumenta que este giro dañó la credibilidad del partido y traicionó la postura original que habían adoptado.
Además de los diputados suspendidos, Roxana Reyes y Gerardo Cipolini, que se ausentaron durante la votación, también serán investigados. Aunque no votaron a favor del veto, su falta de participación fue vista como una actitud permisiva hacia las políticas del gobierno.
El veto presidencial fue un punto crucial en la política económica del Gobierno de Milei, que busca mantener el equilibrio fiscal. La ley de movilidad jubilatoria, que proponía un ajuste en los haberes de los jubilados, fue bloqueada por el Ejecutivo con el apoyo de estos diputados disidentes.
El malestar en el bloque de la UCR es evidente. En un comunicado firmado por varios de sus integrantes, los diputados expresaron su descontento con sus colegas, acusándolos de "romper un acuerdo unánime" y comprometer la "ética del partido frente a la ciudadanía".
A partir de ahora, los diputados deberán enfrentar el juicio del Tribunal de Ética del partido, que determinará la sanción definitiva. El tribunal está compuesto por tres integrantes: Alicia Tate (Santa Fe), Juan Pedro Tunessi (Buenos Aires) y Ricardo Barrios Arrechea (Misiones).
El veto a la ley de jubilaciones es solo una de las acciones que Javier Milei ha emprendido para mantener su política de austeridad fiscal. Durante la presentación del Presupuesto 2025, propuso que cualquier nueva ley que implique un gasto estatal incluya la fuente de financiamiento.
