Juan Manuel Villarreal
En el marco del Día del Cuidado y Apoyo, proclamado por la ONU en 2023 a iniciativa de Argentina, un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) expone el profundo desmantelamiento de las políticas públicas de cuidado en los primeros diez meses del gobierno de Javier Milei.
Según el estudio “La cocina de los cuidados”, realizado por el CELS, el recorte en políticas de asistencia ha impactado de forma devastadora en la calidad de vida de millones de argentinos, generando una desigualdad estructural que, de profundizarse, amenaza con ser irreparable.
El informe relevó que de las 49 políticas públicas de cuidado existentes, 24 han sido derogadas o discontinuadas, mientras que 18 enfrentan una subejecución presupuestaria severa. Solo 7 programas se mantienen en pie, pero resultan insuficientes en un contexto de creciente vulnerabilidad social.
Esta situación se consolidó, según el CELS, en el proyecto de presupuesto 2025, donde la prioridad gubernamental parece ser el pago de la deuda y el equilibrio fiscal por encima del cuidado de los sectores más vulnerables.
La inminente crisis social se refleja en datos alarmantes: el 65% de las familias han debido reducir su alimentación, y en los hogares con infantes, el 67% enfrenta dificultades para encontrar vacantes en espacios de cuidado infantil. En hogares con adultos mayores y personas con discapacidad, la falta de recursos para contratar cuidados y la suba en medicamentos agravan la situación de los sectores que dependen de estas políticas.
La encuesta del CELS también muestra cómo la eliminación de políticas de cuidado ha cargado a las mujeres con mayor responsabilidad en el hogar. Seis de cada diez mujeres han incrementado el tiempo destinado a cuidar a niños y mayores, mientras que solo tres de cada diez varones asumieron esta sobrecarga. Esto profundiza las brechas de género, ya que el acceso a espacios de cuidado se ha reducido y los costos asociados al cuidado se han disparado.
Las familias que asisten a comedores escolares y barriales también reportan una disminución en la provisión de alimentos, afectando a niños y jóvenes en situación de pobreza. Según el informe, las mujeres y personas de la diversidad sexual se ven especialmente afectadas por la desarticulación de las políticas de cuidado, ya que deben asumir tareas de asistencia sin apoyo estatal.
Entre las políticas afectadas, el informe destaca la crítica situación de la Asignación Universal por Hijo, las asignaciones familiares y el programa Progresar, cuyas becas se encuentran en un bajo nivel de ejecución. La Tarjeta Alimentar presenta una demora en la asignación de recursos, con un 64% ejecutado hacia septiembre de 2024. Además, el PAMI ha reducido la cobertura de medicamentos esenciales, registrando un incremento interanual del 386% en los precios de los medicamentos más recetados.
El Plan Mil Días, enfocado en el bienestar de niños y madres, presenta una ejecución de solo el 1,5% del presupuesto, y las provincias denuncian una falta de entrega de leche para los beneficiarios. El Programa Registradas, que buscaba reducir la informalidad en el trabajo doméstico, no fue prorrogado, dejando a miles de trabajadoras sin protección laboral.
A nivel internacional, el gobierno de Milei ha tomado una postura singular. En la próxima cumbre del G20, Argentina no firmará el consenso sobre igualdad de género, siendo el único país en rechazar el documento que promueve reconocer el cuidado familiar como trabajo. Esta negativa, compartida incluso por países conservadores como Arabia Saudita y Rusia, ha generado críticas, señalando que Argentina retrocede en políticas de derechos y asistencia social.
La perspectiva crítica del informe del CELS evidencia cómo el desarme de las políticas de cuidado impacta en los sectores más vulnerables, cargando a las mujeres con el peso de un sistema que parece no priorizar el bienestar de sus ciudadanos. Este ajuste de las políticas sociales compromete el acceso a derechos esenciales, dejando a miles de familias sin una red de contención y asistencia.
