Juan Manuel Villarreal
El reciente anuncio del gobierno sobre el arancelamiento de servicios públicos y educativos a los extranjeros no residentes ha generado controversia en distintos sectores. Sin embargo, antes de que esta medida fuera oficializada por el vocero presidencial Manuel Adorni, una encuesta realizada entre el 18 y el 23 de octubre por la consultora Opinaia reveló el fuerte respaldo de la población a estas medidas.
Según la encuesta, un 77% de los encuestados se mostró a favor de cobrar un arancel a los estudiantes extranjeros no residentes en el país que cursen en universidades públicas. Este porcentaje se divide en un 57% de quienes están "muy de acuerdo" y un 20% de quienes están "de acuerdo". Esta cifra refleja una opinión positiva ante la posibilidad de modificar el acceso a la educación superior para los no residentes.
En relación con los servicios de salud pública, el apoyo es aún mayor, alcanzando el 80% en total. De estos, el 59% está "muy de acuerdo" y el 21% está "de acuerdo" con la implementación de este cobro a los extranjeros no residentes. El vocero presidencial explicó que esta medida será de aplicación inmediata en los establecimientos dependientes del gobierno nacional, mientras que las provincias y municipios decidirán su aplicación en los centros asistenciales locales.
El trabajo de Opinaia también abordó la opinión de los encuestados según diferentes categorías, como edad, sexo, condición social y preferencia electoral. En general, el apoyo a ambas medidas se mantiene por encima del 70% en todas las categorías, con un apoyo notable entre los votantes de las principales fuerzas políticas.
Otro de los puntos consultados en la encuesta fue la posibilidad de deportar a extranjeros que cometan delitos en el país. El 84% de los encuestados se manifestó a favor de esta medida, con un 69% “muy de acuerdo” y un 14% “de acuerdo”. Este resultado muestra un claro respaldo a endurecer las políticas migratorias en caso de delitos cometidos por extranjeros.
Tras la consulta popular, el vocero presidencial indicó que las universidades públicas podrán decidir de forma voluntaria si implementan el cobro a los estudiantes extranjeros no residentes. En cuanto a la salud, la medida será aplicada en los hospitales nacionales, mientras que las provincias y municipios podrán elegir si implementan la misma normativa.
