Ritondo rompió el silencio sobre sus sociedades offshore en Miami
Cristian Ritondo respondió a las sospechas sobre su patrimonio en Miami: “Tengo todo en orden” y asegura estar dispuesto a colaborar con la Justicia.
Política22 de enero de 2025
Juan Manuel Villarreal
El diputado nacional del PRO, Cristian Ritondo, habló este martes por primera vez sobre las sospechas que surgieron a partir de una investigación que involucró a su esposa, Romina Diago, y un entramado de sociedades offshore relacionadas con propiedades en Miami por un valor total de US$2,6 millones. En un breve encuentro con periodistas en la Casa Rosada, Ritondo aseguró estar “muy tranquilo” y que su patrimonio está “absolutamente en regla”.
Al ser consultado sobre los detalles de la investigación, Ritondo expresó que aún no había sido requerido por la Justicia, pero que se pondrá a disposición de cualquier organismo que lo solicite. “Cuando me requiera la Justicia, ahí estaré y presentaré todo lo que tenga que presentar. Yo estoy muy tranquilo, tengo todo en orden”, declaró el diputado, reiterando que tanto su patrimonio personal como el de su empresa están al día.
Hasta ahora, Ritondo no ha dado explicaciones sobre las sociedades offshore que involucran a su esposa, que según la investigación, están vinculadas a propiedades en Miami. Sin embargo, destacó que ha presentado todas sus declaraciones juradas, asegurando su disposición para colaborar con cualquier consulta.

La investigación y las propiedades en Miami
El 8 de diciembre de 2024, una investigación periodística realizada por Emilia Delfino y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) reveló que Romina Diago, esposa de Ritondo, forma parte de un entramado de sociedades offshore que conducen directamente a cinco propiedades en Miami. El valor total de estos bienes asciende a US$2,6 millones. La investigación se basó en documentos obtenidos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), conocidos por sus filtraciones como los Pandora Papers.
La revelación desató una investigación judicial, en la que también se mencionó al propio Ritondo, que figura en los documentos de los Pandora Papers relacionados con esas sociedades. Sin embargo, el diputado no ha ofrecido detalles sobre su participación en las operaciones.
Perfil de Romina Diago
Romina Diago, abogada de 48 años, ha ocupado varios cargos en el ámbito público de la Ciudad de Buenos Aires, trabajando como asesora en distintas dependencias del Gobierno porteño, como el Consejo de la Magistratura y la Auditoría General de la Ciudad. Además, fue nombrada investigadora senior en el Instituto Superior de Seguridad Pública del gobierno de la Ciudad.

En cuanto al patrimonio de Cristian Ritondo, este figura como el diputado más rico de Argentina, según un ranking realizado por Chequeado. En 2023, Ritondo declaró un patrimonio de $1.541 millones, lo que representó un impresionante aumento del 1.709% con respecto al año anterior. Sin embargo, sus declaraciones juradas no mencionan ninguna participación en las sociedades offshore de su esposa ni en las propiedades en Miami, lo que ha generado dudas sobre la transparencia de su declaración.
La postura de Ritondo y su apoyo político
El jefe de la bancada PRO también destacó el respaldo que recibe del partido, especialmente de figuras clave como el presidente Javier Milei, quien en su momento elogió el trabajo de Ritondo y lo defendió de las acusaciones de operar bajo presión de intereses externos. “Esas cosas son una cuestión de uno”, lanzó Ritondo, minimizando las especulaciones sobre su patrimonio, pero dejando claro que no dudará en colaborar con la Justicia si se lo requiere.
La situación de Ritondo y las revelaciones sobre su patrimonio coinciden con una etapa política tensa, en la que la transparencia de los funcionarios se ha convertido en un tema de debate central. El diputado, cercano al expresidente Mauricio Macri, ha sido una figura clave en la relación entre el PRO y el nuevo presidente Javier Milei. Sin embargo, las acusaciones y la investigación judicial en curso podrían afectar su imagen política, lo que obliga al legislador a mantenerse firme en su defensa pública mientras colabora con la justicia.

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