Inseguridad, estadísticas y plan de desarme: el Senado y la Nación presionan a Kicillof

La discusión en torno a la seguridad en la provincia de Buenos Aires se intensificó tras los fuertes cruces entre el gobernador Axel Kicillof, el presidente Javier Milei y referentes de la oposición. En las últimas horas, desde el Senado bonaerense hasta la polémica por los rankings de delitos, pasando por anuncios de planes de desarme y pedidos de intervención, la agenda se vio sacudida por acusaciones cruzadas y definiciones que apuntan a convertir la seguridad en un eje central de la disputa política.

El Senado convoca al ministro Alonso

En el salón Antonio Cafiero de la Legislatura provincial, la comisión de Seguridad encabezada por el senador de La Libertad Avanza, Joaquín de la Torre, se reunió este jueves para tratar la situación de la inseguridad y los anuncios en materia de seguridad del gobernador Kicillof. Si bien la mayoría en esa comisión la ostenta Unión por la Patria, se acordó convocar al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, para que brinde precisiones sobre las medidas anunciadas y los “episodios de inseguridad que están ocurriendo”, según señaló De la Torre.

La comisión está compuesta por legisladores de distintos bloques, entre ellos María Teresa García, Sergio Berni y Adrián Santarelli por Unión por la Patria; Marcelo Leguizamón y Aldana Ahumada (PRO); y Flavia Delmonte y Eugenia Gil (UCR-CAMBIO FEDERAL). Según trascendió, se baraja la posibilidad de que, además de Alonso, sean convocados otros miembros del gabinete provincial, como Juan Martín Mena (Justicia y Derechos Humanos) y Nancy Cáceres (Niñez y Adolescencia), con el fin de abordar la problemática de la inseguridad de forma “integral”.

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Los ejes de Kicillof: Desarme y reformas legales

En la apertura de sesiones de la Legislatura, Axel Kicillof destinó gran parte de su discurso a la cuestión de la seguridad. Allí advirtió que “si el Estado no entra, el narcotráfico avanza” y señaló que el gobierno bonaerense viene “fortaleciendo la presencia con fuerzas especializadas” para actuar en los barrios más conflictivos. El mandatario anunció que este año se sumarían “15 bases nuevas” para incrementar la “capacidad de protección, vigilancia, prevención e integración comunitaria”.

Entre las medidas destacadas, Kicillof confirmó el lanzamiento de un “Plan Provincial de Desarme” para retirar armas de fuego de circulación y la presentación de un paquete de reformas legales que, de acuerdo a sus propias palabras, buscaría “aumentar las penas por tenencia ilegal de armas” y agilizar los allanamientos en flagrancia para combatir los búnkeres de droga.

El gobernador también subrayó la puesta en marcha de un programa de seguimiento integral de menores que hayan sido aprehendidos y luego restituidos a sus familias, con el objetivo de evitar la reincidencia. “La seguridad no se resuelve con soluciones simplistas ni con discursos de campaña”, afirmó, al tiempo que propuso “inversión en seguridad” y “garantizar mayor justicia social y más oportunidades de futuro para los jóvenes”.

El ranking de delitos y la disputa con el gobierno nacional

En medio de la confrontación política, las estadísticas del Ministerio de Seguridad nacional arrojaron que la Ciudad de Buenos Aires lidera el ranking de robos con 2.267 casos cada 100 mil habitantes, seguida de Córdoba (1.787) y Mendoza (1.564). La provincia de Buenos Aires, pese a concentrar la mayor cantidad absoluta de hechos delictivos (128.477), quedó en el puesto 13, con una tasa de 706 robos cada 100 mil habitantes.

Si bien algunos sectores interpretan estos números como una señal de que el territorio bonaerense no es el más inseguro del país, otros subrayan que existen “zonas calientes” en el Conurbano, y que el incremento de los robos en un 18% respecto a 2023 resulta preocupante. Además, se advierte que la baja de la tasa de homicidios dolosos, que en 2024 se ubicó en 3,8 cada 100 mil habitantes —la más baja en 25 años—, no fue acompañada por un descenso en las cifras de robos, algo que los analistas atribuyen a la crisis socioeconómica.

Cruces políticos y pedido de intervención

En este escenario, el presidente Javier Milei lanzó fuertes críticas contra la gestión de Kicillof. El punto más álgido se produjo luego del crimen de una nena de siete años en La Plata, cuando Milei le pidió públicamente la renuncia al gobernador y propuso “intervenir la Provincia” con la promesa de “terminar con la violencia” en un año. El gobernador bonaerense, por su parte, reiteró este jueves que la Fiscalía de Estado presentará una denuncia, ya que considera que los dichos del Presidente ponen en riesgo la institucionalidad de Buenos Aires.

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Otro episodio reciente de tensión se vivió cuando el secretario de Culto de la Nación, Nahuel Sotelo, tildó a Kicillof de “pedazo de inútil” a través de su cuenta en X, y sostuvo que el “Plan Provincial de Desarme” anunciado por la administración bonaerense era “una razón más para que los ciudadanos de bien se armen”. El funcionario de Milei, que se encontraba en Roma para seguir la salud del papa Francisco, remarcó su oposición a cualquier iniciativa que busque retirar armas ilegales de la calle.

Plan de Seguridad y movidas electorales

En paralelo, Kicillof detalló un paquete de iniciativas para reforzar la seguridad, incluyendo la asignación de 170.000 millones de pesos en equipamiento, la compra de 800 patrulleros y la creación de 15 nuevas bases de fuerzas especiales. “Repito la propuesta al presidente de la Nación de reunirnos y trabajar en conjunto por la seguridad de los 17 millones de argentinos que viven en nuestra provincia”, dijo el gobernador en referencia a Javier Milei.

Analistas políticos señalan que, en un año electoral, la inseguridad se transformó en un arma de campaña. Desde el gobierno nacional, apuntan contra la “desidia y el garantismo” del gobernador, mientras que Kicillof acusa a la administración de Milei de impulsar un discurso “puramente punitivista” y de intentar interferir en las instituciones bonaerenses. En medio de estos contrapuntos, el Senado provincial y la comisión de Seguridad avanzan en la convocatoria al ministro Alonso, con la promesa de profundizar el debate y exigir explicaciones sobre las acciones concretas en marcha.