Alerta gremial por fondos municipales en riesgo: la investigación judicial contra CECAITRA y D’Onofrio sacude el sistema de fotomultas

En los últimos meses, la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA) —y el ex ministro de Transporte Jorge D’Onofrio, imputado por un millonario negociado con las multas y la VTV— se convirtieron en el epicentro de diversas causas judiciales y auditorías que ponen en jaque el sistema de fotomultas en la provincia de Buenos Aires. Desde investigaciones federales hasta decisiones de intendentes, el entramado de convenios con universidades y empresas privadas amenaza con anular miles de multas y dejar sin fondos a municipios que dependen de esa recaudación.

Investigación federal y alarma gremial

El Juzgado Federal de Tres de Febrero, bajo la órbita del juez Juan Manuel Culotta, investiga presuntas maniobras de desvío de fondos en al menos once municipios —entre ellos, Zárate— a través de convenios triangulados con universidades y empresas como Secutrans S.A. y Tránsito Seguro S.A. La hipótesis es que esos acuerdos simularon contrataciones directas para evitar licitaciones, lo que podría derivar en la nulidad de las actas de infracción y la devolución de lo recaudado.

Ante este avance judicial, los sindicatos municipales encendieron la alarma: advierten que una caída abrupta de la recaudación por fotomultas podría frenar aumentos paritarios, complicar el pago de salarios y poner en riesgo obras y servicios esenciales. “No se puede permitir que la caída de estos fondos la termine pagando el trabajador municipal”, alertó un dirigente gremial.

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Auditoría provincial y casos de alto perfil

A finales de abril, el ministerio de Transporte bonaerense, actualmente a cargo de Martín Marinucci, ordenó una auditoría de cuentas bancarias municipales para verificar la distribución de los fondos de las fotomultas. Se investiga una maniobra para manipular los porcentajes que recibían la Provincia, los municipios, las empresas y las universidades. El formulario oficial detectó CBU que no coincidían con los CUIT declarados, lo que elevó las sospechas sobre la transparencia del reparto.

En paralelo, la Justicia provincial avanza contra Jorge D’Onofrio, ex ministro de Transporte, por su supuesto favorecimiento a CECAITRA. El 3 de enero de 2022, esa asociación civil comenzó a operar 155 cámaras en municipios como Campana, la Justicia cree que no se les exigían las habilitaciones del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). El fiscal platense Álvaro Garganta y el juez Juan Pablo Massi dispusieron allanamientos en la sede de CECAITRA y en el domicilio de su presidente, Bernardino Antonio García, en busca de documentos que acrediten la habilitación de equipos y el flujo de fondos.

Además, Garganta imputó formalmente a D’Onofrio no solo por su vínculo con CECAITRA, sino también por dos maniobras conexas: una red de “gestores” que ofrecían quitas del 50 % de multas con jueces de faltas cómplices, y la concesión irregular de servicios de Verificación Técnica Vehicular (VTV) a través de la firma Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A., que cobraba comisiones del 8,5 % de cada turno. El próximo paso sería la indagatoria de todos los acusados.

La respuesta de los intendentes

Esta semana, el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, firmó un decreto para suspender por 180 días las fotomultas. Denunció “inconsistencias” en los convenios firmados con la UNSAM y la UTN, que derivaban tareas a empresas privadas sin claridad jurídica. “Las fotomultas deberían cuidar la seguridad vial, no perseguir un fin recaudatorio”, sostuvo Lanús, y anticipó que reforzará controles de calle con 50 nuevos agentes.

Se espera que otros jefes comunales imiten a San Isidro y revisen sus contratos. En La Plata, la Justicia provincial ya avanzó sobre CECAITRA por operar cinemómetros sin permiso, allanando el camino para futuras nulidades. En La Matanza y General Pueyrredón, fuentes municipales admiten dudas sobre la legalidad de los convenios y reconocen que están “revisando documentos y pliegos” antes de tomar decisiones drásticas.

Un sistema en jaque y perspectivas

La convergencia de causas federales, la imputación de D’Onofrio y las auditorías provinciales dibuja un escenario de máxima tensión en torno a CECAITRA. Si se confirman todas las irregularidades, decenas de miles de multas quedarían anuladas y los municipios tendrían que devolver sumas millonarias, poniendo bajo riesgo su presupuesto. Para evitar el colapso, gremios y autoridades apelan a un rápido dictamen judicial, a renegociar contratos con universidades públicas y al avance de la investigación contra D’Onofrio, cuidando los principios de transparencia y licitación abierta.