Dirigentes del PRO bonaerense, en la mira de la Justicia por presunta campaña anticipada

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este miércoles un conflicto judicial que arrastraba dos años y encendió las alarmas en el tablero político bonaerense: cinco dirigentes que fueron precandidatos a gobernador en 2023 serán investigados por presunta violación de la ley electoral provincial. El máximo tribunal determinó que el fuero competente para llevar adelante la causa es la justicia penal de la provincia de Buenos Aires, que deberá indagar si iniciaron sus campañas antes del plazo legal.

¿Quiénes están bajo la lupa?

Los señalados por la denuncia son Cristian Ritondo, Diego Santilli, Néstor Grindetti, Joaquín de la Torre y Fernando Burlando. Todos fueron precandidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires en los comicios de 2023 y, según la presentación judicial, habrían desplegado actividad proselitista antes de los 30 días previos a la fecha establecida para las elecciones primarias, violando así lo estipulado en la ley 14.086.

Este fallo se conoce en la antesala de las elecciones legislativas de 2025, mientras el PRO bonaerense —con Ritondo, Santilli y Grindetti entre sus principales referentes— atraviesa negociaciones con La Libertad Avanza para un posible acuerdo electoral en la provincia. Por su parte, Joaquín de la Torre se reacomoda en un nuevo espacio de “peronismo anti K”, y Fernando Burlando, alejado de la política, continúa enfocado en su actividad como abogado mediático.

La acusación fue presentada en abril de 2023 por el abogado Emiliano Martín Rodríguez, quien aseguró que los cinco precandidatos utilizaron cartelería en la vía pública y campañas en redes sociales fuera de los plazos autorizados. “La campaña electoral podrá iniciarse con treinta (30) días de anticipación y deberá finalizar cuarenta y ocho (48) horas antes de la elección primaria”, establece el artículo 16 de la norma provincial entonces vigente.

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Una causa que fue y vino durante dos años

El expediente quedó inicialmente en manos del Juzgado Federal N°1 de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla, por tratarse de figuras políticas de alto perfil. Sin embargo, el magistrado con competencia electoral entendió que el presunto delito no afectaba el desarrollo de las elecciones nacionales, sino que se enmarcaba exclusivamente en la normativa provincial. Por eso, decidió remitir la causa a la Justicia penal bonaerense.

El caso fue derivado entonces al Juzgado Correccional 1 de La Plata, que se declaró incompetente. El argumento fue que los presuntos actos anticipados de campaña involucraban también a referentes nacionales, ya que los denunciados aparecían en afiches acompañados por figuras como Javier Milei, Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich, lo que —según ese tribunal— implicaba una afectación al proceso electoral federal. El juzgado decidió devolver el expediente a la Justicia Nacional, sumando una nueva traba a la investigación.

La intervención de la Corte Suprema

Con este cruce de atribuciones, el expediente derivó en un conflicto de competencia que sólo la Corte Suprema podía destrabar. Este miércoles, el máximo tribunal resolvió la controversia y fijó una definición clave: la investigación debe realizarla la justicia bonaerense.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti firmaron la resolución que respalda el dictamen del procurador general interino, Eduardo Casal, quien había afirmado que “la denuncia señala concretamente la actividad de campaña de determinados candidatos a cargos electivos provinciales en contravención a las normas que dicta la provincia en previsión de las elecciones locales”.

Qué se investigará y qué no

De acuerdo con la presentación judicial original, lo que está en juego es si los dirigentes realizaron actos de campaña fuera del calendario habilitado por la ley electoral bonaerense. No se investigan los contenidos o intenciones políticas de los mensajes difundidos, sino el momento en que se difundieron, un punto técnico pero clave para garantizar la equidad electoral.

Por ahora, no se ha informado si se han producido imputaciones formales ni qué plazos manejará la justicia bonaerense para avanzar con la instrucción del caso. Tampoco se conoce si los cinco implicados presentaron descargos. La resolución judicial no menciona medidas procesales concretas.

La otra denuncia que salpica a Milei, Bullrich y Larreta

En paralelo a esta causa, el abogado Emiliano Rodríguez también denunció por hechos similares a los entonces precandidatos presidenciales Javier Milei, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Juan Manuel Urtubey. Sin embargo, ese expediente —por referirse a cargos nacionales— quedó radicado en la justicia electoral federal y no forma parte del conflicto que ahora resolvió la Corte.