Becas Progresar: menos jóvenes, menos plata, más ajuste

El Programa Progresar, emblema de inclusión educativa creado en 2014, atraviesa una de las mayores crisis de su historia. Bajo la gestión de Javier Milei, el Gobierno eliminó 500 mil becas, redujo en un 44% el poder adquisitivo de los montos asignados y provocó una caída real del 90% en la inversión pública en esta política educativa, según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Las cifras no son menores: mientras en 2023 el programa alcanzaba a 1,5 millones de estudiantes, en 2024 apenas llegó al millón. Para 2025, el presupuesto oficial prevé una reducción adicional del 18% en comparación con el año anterior. Es decir, no sólo no habrá recomposición, sino que se proyecta una poda aún mayor, en línea con el plan de ajuste libertario.

La licuación de las becas: caída del poder adquisitivo y pérdida de cobertura

Progresar fue lanzado hace once años con un objetivo claro: garantizar el acceso y la permanencia en el sistema educativo de jóvenes de entre 18 y 24 años, cuyos hogares perciban ingresos por debajo de un salario mínimo. Con los años, sumó líneas específicas como Progresar Obligatorio (secundario), Superior (carreras terciarias y universitarias) y Trabajo (formación profesional).

Pero desde diciembre de 2023, el programa fue severamente golpeado. Según CEPA, el congelamiento del monto nominal ($35.000) a lo largo de 2024, en un contexto de inflación récord, derrumbó el valor real de las becas a menos de la mitad de lo que eran en 2023. Si se ajustara a los niveles de 2015, en abril de este año cada beneficiario debería recibir $127.186 mensuales, en lugar de los magros $35.000 actuales.

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Retroceso presupuestario: de motor educativo a política residual

El informe del CEPA revela que, entre 2019 y 2025, el componente presupuestario destinado al Progresar tuvo un recorte constante, acompañando tanto la caída en la cantidad de beneficiarios como en los montos percibidos. En términos reales, la inversión del Estado se contrajo un 90% hacia finales de 2024.

Este ajuste también tiene consecuencias de fondo. "El poder adquisitivo de las becas cayó a la mitad del valor registrado en 2023", alertó el informe. La política de Javier Milei, lejos de fortalecer la terminalidad educativa, parece estar orientada a desmantelar los instrumentos estatales que garantizan derechos.

Cambios administrativos y obstáculos para nuevos ingresos

A la licuación del poder adquisitivo se suma otro factor: la implementación de trabas administrativas para el ingreso de nuevos beneficiarios. Apenas asumido, el Gobierno libertario excluyó a miles de jóvenes del sistema por "incumplimiento de requisitos", lo que impactó de lleno en la cobertura.

Aunque el presupuesto 2025 había sido diseñado para alcanzar a 1,5 millones de estudiantes, en 2024 el acceso efectivo fue mucho menor, pese a que la partida asignada nominalmente era mayor. Pero esa aparente mejora se esfumó con la inflación y el congelamiento.

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Una política que se desarma: del acompañamiento a la exclusión

Desde su creación, Progresar transitó diversos vaivenes. En 2018, el Gobierno de Cambiemos lo convirtió en un esquema de becas por mérito académico, excluyendo a muchos jóvenes por su rendimiento. En 2021, con la pandemia, se amplió el rango etario y se incorporaron estudiantes informales y monotributistas de bajos ingresos, lo que permitió una recuperación de la cobertura.

Sin embargo, la actual gestión volvió a restringir el acceso, a pesar de que el programa está vigente para jóvenes de entre 16 y 35 años (con excepciones). Todos perciben hoy el mismo monto: $35.000, una cifra que quedó totalmente desfasada frente al costo real de los estudios.

El futuro: más ajuste y menos oportunidades

Para 2025, el panorama es desalentador. CEPA advirtió que, con el presupuesto actual, no sólo no se recupera el valor real de las becas, sino que podrían sumarse nuevas bajas en la cantidad de beneficiarios.

Frente a este escenario, la política educativa del Gobierno parece reducirse a una hoja de cálculo. Lejos de invertir en futuro, el Ejecutivo profundiza el ajuste en uno de los sectores más sensibles: la juventud que intenta estudiar en un país cada vez más desigual.