La Salada: tensión, protestas y cruce Nación-Provincia

Este martes por la mañana, los feriantes de La Salada se concentran en las puertas del complejo para decidir si retoman los cortes de ruta, luego de que el conflicto generara ayer un duro cruce en redes sociales entre el Gobierno nacional y la gestión bonaerense. La detención de Jorge Castillo, conocido como el "Rey de La Salada", desató una crisis que no solo paralizó el mayor centro comercial informal del país, sino que también expuso la puja política por el control del conflicto.

El lunes, más de 300 puesteros cortaron completamente el Puente La Noria durante varias horas. Reclaman la reapertura de los predios —Punta Mogote, Ocean y Urkupiña— clausurados tras una serie de más de 60 allanamientos. “No podemos ni entrar a buscar lo que dejamos”, explicó Yolanda, una de las feriantes. “La feria es nuestro sustento”. La Policía Federal Argentina (PFA) desplegó el protocolo antipiquetes con gases lacrimógenos y balas de goma.

La utilización política del conflicto por parte del Gobierno nacional no tardó en manifestarse. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, recurrió a su cuenta en la red X para lanzar duras críticas contra la gestión bonaerense: “¿La Policía Bonaerense de Kicillof va a aparecer siempre tarde? ¿Es tierra de nadie?”, disparó.

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La respuesta fue contundente. “Si no pueden resolver este tema, no pierdan tiempo: nos avisan y nos ocupamos”, retrucó el ministro de Seguridad de Axel, Javier Alonso. En diálogo con medios y a través de redes, defendió la actuación de la Provincia, que según explicó, intervino tras las agresiones propinadas pro la Federal.

Desde el Ministerio de Seguridad provincial señalaron que la responsabilidad del operativo inicial recaía en Nación, dado que el corte comenzó en la Avenida General Paz, jurisdicción federal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No obstante, una vez que el conflicto se trasladó al territorio bonaerense, la policía bonaerense actuó “en sintonía con la Justicia” y se realizaron detenciones, aunque no se precisó el número.

“La feria es nuestro trabajo, no un delito”

Los trabajadores insisten en que no tienen relación con los delitos que se le imputan a Castillo y su entorno. “Si los dueños cometieron delitos, que paguen ellos. Nosotros solo queremos trabajar”, afirman. Para ellos, el cierre de La Salada representa mucho más que un conflicto judicial: es la suspensión abrupta de una red económica que incluye a fabricantes textiles, carreros, gastronómicos y transportistas.

“Si no se reactiva, se va a pudrir todo”, advirtió Esteban, quien desde hace más de una década trabaja transportando mercadería dentro del predio.

Desde la detención de Castillo, las ferias principales permanecen clausuradas, mientras la venta informal en los márgenes del predio sigue activa. Sin acceso a sus puestos y con mercadería atrapada tras fajas judiciales, los puesteros viven al día y sin opciones. Muchos de ellos confeccionan su propia ropa y no cuentan con herramientas para continuar la producción fuera del predio.

Dardos cruzados y un trasfondo político

El cruce entre Bullrich y Alonso también expuso las diferencias de fondo entre Nación y Provincia en materia de seguridad y gestión territorial. “Patricia, desde temprano están montando un circo con la PFA. Nosotros trabajamos todo el tiempo donde nos corresponde”, lanzó Alonso.

El funcionario también criticó la lógica de “provincia pro delincuentes” instalada desde sectores cercanos a La Libertad Avanza. “En vez de un baño de sangre, tenemos a la ministra Patricia Bullrich que dice que somos el país con menos homicidios de la región, y eso no es compatible con una provincia que sea un baño de sangre”, expresó.

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Según datos oficiales tanto del Ministerio de Seguridad bonaerense como de la Suprema Corte provincial, el 2024 cerró con el índice de homicidios más bajo de los últimos 25 años. Alonso también recordó que la droga “no se fabrica en la provincia”, sino que atraviesa fronteras y múltiples provincias hasta llegar a Buenos Aires, cuestionando el enfoque nacional sobre el narcotráfico. Incluso ironizó sobre la idea de Bullrich de levantar un muro en el norte del país: “Si hace falta, que hagan una pared de Durlock”.

La situación actual y lo que viene

Este martes, mientras las fuerzas provinciales permanecen desplegadas en las inmediaciones del predio para evitar nuevos cortes, los feriantes decidirán si vuelven a marchar o esperan una resolución judicial que no llega. La feria, donde operan más de 8.000 puestos y dependen unas 30.000 personas, sigue cerrada, dejando a miles en la incertidumbre.

Sin respuestas concretas ni canales institucionales de diálogo que contengan la protesta, el conflicto amenaza con escalar. La Salada es mucho más que un conglomerado de puestos: es el corazón económico de miles de familias que hoy sienten que el Estado los dejó solos.