Fallo clave en Nueva York por el futuro de YPF

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York define hoy si Argentina deberá entregar el 51% de las acciones de YPF que mantiene bajo control estatal o si podrá seguir con la apelación sin desprenderse de ese capital estratégico. La decisión llega en medio de una puja judicial que podría tener consecuencias económicas y políticas de alto voltaje.

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El origen del conflicto judicial

El caso se remonta a la expropiación de YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner. La jueza Loretta Preska condenó en primera instancia al Estado argentino a pagar USD 16.000 millones por el modo en que se ejecutó la nacionalización de la petrolera. Con intereses, la cifra asciende a USD 18.000 millones.

La audiencia para tratar la apelación de fondo recién está prevista para octubre, después de las elecciones legislativas, pero Burford Capital —fondo que compró los derechos del litigio— exige medidas inmediatas.

Burford aprieta el acelerador

Burford busca demostrar que YPF y el Estado argentino son un “alter ego” y, por lo tanto, no actúan como entes independientes. Así, reclama acceder a correos y documentos de exministros como Luis Caputo y Sergio Massa, y presiona para que se concrete la entrega directa del 51% de las acciones estatales en YPF.

Preska ya ordenó el “turnover” —la transferencia de las acciones—, pero Argentina solicitó un “stay” para frenar la medida hasta que la Cámara resuelva en septiembre.

Las tres posibles salidas del fallo

La Corte de Apelaciones podría:

• No conceder la suspensión y confirmar la orden de Preska.
• Otorgar la suspensión pero con garantías distintas a las acciones de YPF.
• Conceder la suspensión total solicitada por Argentina.

En los dos primeros escenarios, el Gobierno de Javier Milei estaría dispuesto a acudir a la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque es una vía poco frecuente para este tipo de causas administrativas.

Riesgo de sanciones si hay desacato

Si la Argentina se niega a cumplir un fallo adverso, podría ser declarada en desacato. Esto abriría la puerta a sanciones más allá de las multas económicas: desde restricciones para emitir deuda hasta la revocación de visas a funcionarios y ciudadanos argentinos.

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Según fuentes judiciales, este tipo de sanciones dependerían de una nueva decisión de Preska, aunque el solo hecho de entrar en confrontación directa con la justicia estadounidense incrementaría la desconfianza de los inversores, justo cuando el Gobierno busca atraer capitales extranjeros.