Casanello investigará a Milei por la demora en la implementación de la emergencia en discapacidad

El presidente Javier Milei quedó bajo investigación judicial tras una denuncia por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El juez federal Sebastián Casanello confirmó que tomará la causa, que quedó radicada en el Juzgado Federal 11 bajo el número CFP 4003/2025.

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En la presentación también fueron acusados María Ibarzabal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Nación, y Walter Rubén González, director del Registro Oficial. La denuncia fue impulsada por los diputados Esteban Paulón (Hacemos por Nuestro País) y Mónica Fein (Partido Socialista).

Qué dice la denuncia contra Milei

El texto sostiene que una ley solo entra en vigencia cuando es promulgada y publicada en el Boletín Oficial. El Senado notificó al Poder Ejecutivo el 4 de septiembre sobre la insistencia en el proyecto original de la Emergencia en Discapacidad, lo que, según los legisladores, dejó vencidos los plazos legales once días hábiles después.

“Recae el deber de publicar en el Boletín Oficial la norma que ha cumplido con todas las etapas en el proceso de sanción de una ley”, señalaron los denunciantes.

Incluso especialistas remarcan que, en caso de insistencia frente a un veto, la promulgación debería ser inmediata.

Los plazos y la falta de implementación

De acuerdo con el escrito, la promulgación y publicación ya fueron superadas por las mayorías del Congreso. “El único deber legal que deben realizar es implementar la ley de la forma más inmediata posible y no obstaculizar lo que otro poder del Estado ha votado cuatro veces”, subraya la denuncia.

Los denunciantes también recordaron declaraciones del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien adelantó que la norma no se reglamentaría por falta de financiamiento. “Esta ley, que posee respaldo de convenciones internacionales, en los hechos se convierte en letra muerta por la conducta de los denunciados”, remarcaron.

El impacto económico de la demora

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) necesita que la Jefatura de Gabinete firme una compensación presupuestaria para actualizar el nomenclador que regula las prestaciones del plan Incluir Salud.

Entre los servicios afectados se encuentran terapias, transporte, talleres y centros educativos. Según la norma, los valores deben ajustarse a la inflación acumulada desde diciembre de 2023, con aumentos que podrían llegar hasta el 80% dependiendo de la prestación.

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Si bien la denuncia actual apunta a incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, los legisladores dejaron abierta la posibilidad de que la Justicia sume la figura de abandono de persona, dado el impacto directo sobre las personas con discapacidad.